Le costará a la lectora y al lector encontrar en Euskal Herria una persona cabal que entienda como normal la dispersión de las presas y de los presos vascos. Encontrará, sin duda, declaraciones más o menos histéricas de San Gil, Barreda o alguno de sus compinches, pero entre la gente normal, sea cual sea su credo político, no le resultará tarea. Ni siquiera quienes la impulsaron encuentran ahora argumentos para justificarla. Y, precisamente ahora, sale en “El país” un tal Luis Fernando Crespo Zorita, que se reclama sociólogo del Centro Penitenciario Madrid I, o sea Alcalá, para aplaudir y jalear el disparate.

Cuenta el sociólogo de mazmorras que «A mediados del año 1989 se procedió a la dispersión de los internos pertenecientes a ETA, que hasta entonces se concentraban en dos prisiones: Alcalá y Herrera. La decisión política era arriesgada, pero inevitable, los presos se habían convertido en el elemento aglutinante del entorno social etarra, las gestoras proamnistía y Salhaketa organizaban las visitas de los familiares a los centros penitenciarios, la concentración permitía establecer un control férreo por parte de la organización sobre los presos y su entorno social más inmediato». O sea, que el «sociólogo» explica como inevitable una apuesta «arriesgada». Un profesional como la copa de un pino. Sí señora.

Y por seguir con las memeces, revela el personaje en cuestión que «lejos del grupo de militancia los internos ganaban en iniciativa individual y recuperaban espacios de autonomía personal que antes no tenían, podían acceder a los beneficios penitenciarios y gozar del apoyo familiar individual y directo. Por estos procedimientos de normalización se ha ido produciendo la libertad y la integración social de muchos presos etarras, sin mayor dificultad, ni escándalo, desde entonces y también ahora». ¿Por qué no preguntan a quienes la han padecido? A quienes siguen encarcelados y a los que salieron. Que expliquen los «espacios de autonomía» que les regalaron Crespo y sus colegas en Salto del Negro, Puerto de Santa María, Melilla... Confiesa, tal vez sin querer, la implicación personal de los funcionarios en la medida represora: «Entendimos los penitenciarios, y la sociedad en general, que ésta era la política propia de un Estado democrático y de derecho». Y cuando casi nadie se atreve a defenderla, sale el paladín: «nadie debería poner en cuestión una actuación administrativa tan consolidada». Que se lo explique a las víctimas de su «actuación administrativa». No hay redaños. - msoroa@gara.net