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«Volvemos a exigir la desaparición de la Audiencia Nacional y el archivo del caso. Y si se continúe con él, esperamos que acabe bien y rápido, y que las cuatro causas que vienen después [las relativas a los casos de Gestoras y Askatasuna, Batasuna, Udalbiltza y “Euskaldunon Egunkaria”] no lleguen a juicio», manifestó Aristegi. Y es que, como después agrega-ría Mariano Ferrer, «hay que cortar la cadena de juicios de impulso político contra el ejercicio de derechos sociales y políticos legítimos».

El periodista, además, expresó «el temor» de la plataforma 18/98+ de que los procesados puedan acabar siendo rehenes del proceso político. Preguntado por los periodistas sobre esta afirmación, agregó que la situación de los imputados podría convertirse en «una baza» del Estado español:«La hipotética situación de unos ciudadanos acusados por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tras una condena que dejara tranquilos a los estamentos de los poderes fácticos, sería una transacción relativamente cómoda para el Estado».

Los portavoces de 18/98+ advirtieron que el ejercicio de los derechos civiles y políticos «en absoluto» puede estar «sobre la mesa de una negociación política como una carta de intercambio. Es algo que se debe solventar por sí mismo, y son razones jurídicas y no políticas lo que debe determinar la sentencia». No obstante, consideraron que la Audiencia Nacional «está en una disyuntiva bastante difícil de resolver», porque «jurídicamente no va a tener razones para condenar, y políticamente va a tener muchos inconvenientes para absolver».

Tras recordar que en los meses que se llevan de juicio se ha constatado «la falta de garantías procesales, la dificultad para el ejercicio de defensa, la falta de solidez en las acusaciones y el hecho de que se está ante un tribunal de excepción heredero todavía de la política represiva del franquismo», afirmaron que la sentencia «debiera ser absolutoria». Resaltaron que en caso de que no fuera así y «hubiera una condena explícita del ejercicio de derechos civiles y políticos, no sólo castigarían a los procesados, sino a todos aquellos ciudadanos que creemos en ese ejercicio».

También destacaron que este juicio, que comenzó el 21 de noviembre pasado, es incompatible en la actual situación política. «Se trata de un obstáculo en estos nuevos tiempos. Ponerle punto final supondría dar un impulso al camino de la paz».

Moción en los ayuntamientos y respaldo económico

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La campaña anunciada por el grupo de trabajo 18/98+ se centrará en la denuncia del juicio, en su socialización y la de sus consecuencias y en la «búsqueda de apoyo económico» a la vista de la sangría que está suponiendo este proceso para los imputados. Según explicaron Aristegi y Ferrer, una de las iniciativas consistirá en la presentación, este mes, de una moción en los ayuntamientos. Precisaron que el texto ha sido presentado ya a los grupos políticos y que esperan un respaldo «contundente».

La plataforma también informó de que reclamará «la reparación del castigo anticipado que los procesados vienen ya padeciendo durante meses».

Esta campaña impulsada por 18/98+ se iniciará este lunes, con la muestra de apoyo de diversos agentes políticos, sociales y sindicales de Euskal Herria a los procesados en la misma Casa de Campo. Muchos de estos organismos estuvieron representados en la rueda de prensa de ayer. Hasta Donostia se acercaron, entre otros, Joseba Permach y Aiora Epelde de Batasuna, Alberto Unamunzaga de EA, Antton Karrera de EB, Ainhoa Beola de Aralar, Mertxe Colina de AB, Alberto Muñoz de ANV, Joxe Iriarte, Bikila, de Zutik, Nekane Erauskin y Julián Martínez de Ezker Abertzalea, Estanis Etxaburu de Etxerat, Mikel Luloaga de Bai Euskal Herriari, Amaia Muñoa de ELA, Ainhoa Etxaide de LAB, Angel Abalde de ESK, Unzalu Salterain de EHNE, Aitor Balda de Elkartzen y Txus Congil de Askagintza, así como miembros de Askatasuna, Segi, IA y EHBE.