La semana pasada se presentaba el Sociómetro de agosto 2006. Un estudio que permite calibrar las opiniones en la CAPV tras el alto el fuego de ETA.

Este informe recalca la mejora de sensaciones en lo concerniente a lo político y lo social. Constata que vivienda, paro y precariedad son los principales problemas existentes y descienden en el ranking las cuestiones de matriz política. En el ámbito de legitimidad institucional retroceden las opciones propuestas como modelo, disminuyendo incluso el aprecio por las oenegés. La Iglesia pierde diecinueve puntos en siete años (32%). El Ejército continúa precipitándose al vacío (20%). El Parlamento Vasco sufre un impasse. Y los sindicatos comienzan a acusar los efectos de la precariedad laboral. Tampoco gusta el funcionamiento de la actual democracia a dos tercios de la población, ni se muestra excesiva confianza en el respeto a los derechos humanos. Aún con todo, exhibimos un nivel nórdico ejemplar en cuanto al aprecio del Gobierno y Parlamento autonómicos a pesar del descenso porcentual con respecto a las administraciones más próximas.

Los ciudadanos se decantan. Un 30% por la autodeterminación, el 23% por más autonomía, cinco puntos menos de los que prefieren mantener el estatus actual; y un 6% postula centralizar más. Lo reseñable, además de que la población desea más autogobierno (53%), es el enquistamiento de las posiciones inmovilistas (34%). Pero las posiciones democráticas son sólidas y apuntan a la factibilidad de todas las opciones políticas. Así lo constatan dos tercios del censo, en detrimento del 21% de intransigentes, que descartan la legitimidad independentista. Más concretamente, el único colectivo de la muestra estratificada que niega la concurrencia democrática a todas las propuestas políticas es el de los simpatizantes del Partido Popular.

El acuerdo con la independencia (32%) supera los resultados obtenidos en los escenarios de Argel y Lizarra y remonta el bajón sufrido tras la ilegalización de Batasuna. La personalización del independentismo muestra un desacuerdo del 35% y un apoyo circunstancial del 19%, lo que polariza las lealtades nacionales. Mientras que ­cues- tionados específicamente los ciudadanos sobre qué votarían en un referéndum tutelado, pero con garantías democráticas­ un 38% se muestran partidarios de la independencia frente al rechazo del 31%. Obviamente, el déficit democrático se instala entre ambas formulaciones.

Un importante porcentaje de la población de la CAPV muestra su preferencia independentista. Eso es un dato sociológico incontestable. Lo demás son maniobras políticas ocultistas. -