Picado por la curiosidad de qué se puede escribir hoy que merezca una petición fiscal de 96 años, he leído en varias ocasiones los artículos de Iñaki de Juana por los que está en prisión preventiva. Seguramente los he leído menos veces que el juez al que le tocó dictar si había materia punible y que, en pleno siglo XXI con la democracia consolidada y con la libertad de expresión como bandera europea, no encontró materia penal en los artículos y propuso por esta causa justamente la libertad del escritor.
Hoy Iñaki de Juana ha saldado sus cuentas con la justicia, pero sigue en prisión, en prisión preventiva dicen, por escribir dos artículos de opinión en este periódico.
Se hace muy difícil de entender que una situación así «construida» no genere desconfianza ni una oposición formal en el Gobierno vasco. ¿Pero acaso han desconfiado de la política de dispersión aplicada a los prisioneros vascos y del abuso de poder del Estado que pone en entredicho la misma libertad de expresión?
Iñaki de Juana Chaos ha cumplido íntegramente su condena día a día, la condena impuesta ha terminado aquí a todos los efectos, pero Madrid quiere empezar de nuevo en este punto. El preso vasco, con el inicio de una huelga de hambre que dura 32 días, ha expuesto un simbólico habeas corpus por detención ilegal por opinar y escribir, pero no ante el fiscal de la Audiencia Nacional, sino ante el pueblo de Euskal Herria.
Es un derecho que tiene De Juana con la sociedad vasca, un derecho sencillo y carente de formalismos para que digamos con voz fuerte y clara si su encarcelamiento es legal o no. Este ayuno es una acción privada sólo simbólicamente, porque la huelga de hambre acometida por el prisionero vasco transciende la privacidad y se convierte en un acto público de todos los que le apoyan y son solidarios con las injusticias que sufren los presos vascos. Por esto, este sencillo y particular habeas corpus no sólo provoca reacciones en el estamento judicial del Estado que ha impedido «preventivamente» la libertad de Iñaki de Juana, sino que el silencio y ocultamiento que provoca en la clase política acomodaticia de Euskal Herria hay que entenderlo como la única reacción posible de los que formalmente aceptan «con gran respeto» las decisiones que transgreden los derechos humanos de las personas y los específicos de su situación. Un silencio que ahondará la brecha social entre los que amparan políticas supuestamente inquebrantables, eso sí, con gran respeto, y lo que consideran causa de interés general, la libertad de expresión, la injusticia del encarcelamiento de muchos presos vascos, el respeto por la diversidad y las normas de participación en la vida política.
He descubierto que la curiosidad se extiende ahora también entre la población civil que ha empezado a suscribir los dos artículos de Iñaki de Juana Chaos, ahondando así la desconfianza con ciertos gobernantes que construyen socialmente los delitos y pelean por tener el monopolio de la verdad. Después de leerlos redescubriremos juntos también que para luchar contra los fantasmas actuales, lejos del 1847 de Marx y Engels, el Estado utiliza como siempre todos los medios, y en una lucha entre iguales, los hombres lo son, sólo se desequilibra enterrando los «molestos» derechos humanos.
La curiosidad intelectual de los gobernantes es muy soberbia, pero aunque los lean soberbiamente por encima asumirán que después de largas condenas no van a toparse con personas sumisas, conformistas y obedientes, y que ni la dispersión ni el alejamiento de sus familiares les ha sustraído el sentido de la dignidad y de unidad frente a la injusticia.
Y a los visitantes ilustres en leyes, población civil de paso, que en el finde a mitad de setiembre se reunirán en Donostia con un montón de doctores, catedráticas y expertos europeos en justicia restauradora. Estaría bien que con pragmatismo doctoral, a la vista de que a los presos vascos se les están aplicando leyes que contravienen convenios europeos, añadiendo un conflicto penal a otro conflicto, propusieran aplicar medios alternativos de resolución de conflictos, lo que evitaría que un juez se convierta en censor del Reino, pidiendo 96 años solamente por escribirŠ o por suscribir, como es el caso. -
