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Gara > Idatzia > Ekonomia 2006-09-07
Optimismo institucional por la sentencia de la UEsobre el régimen fiscal de las Azores
·lakua, iruñea y las diputaciones ven reconocida la capacidad fiscal del concierto economico y el convenio

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece los criterios por los que una administración regional puede aplicar a las empresas una reducción fiscal compatible con las normas europeas sobre ayudas de Estado provocó reacciones de optimismo entre instituciones y organizaciones empresariales de Euskal Herria, que vieron una ratificación de la validez del Convenio y el Concierto Económico.

LUXEMBURGO

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UEse refirió a la rebaja de la fiscalidad empresarial en las Islas Azores, que fue denunciada por la Comisión Europea. Aunque la declaró ilegal, reconoció a las administraciones regionales capacidad de adoptar decisiones fiscales bajo determinadas condiciones.

A pesar del optimismo de instituciones y empresarios en Euskal Herria, fuentes del propio Tribunal subrayaron que la sentencia se refiere al régimen fiscal de las Islas Azores y «sólo se aplica al caso de las Islas Azores, por lo que sus conclusiones no pueden extrapolarse a otros casos ni tampoco prejuzgar la orientación de futuras sentencias sobre disputas similares, como las referidas a la fiscalidad vasca.

Estas fuentes reseñaron que cada sentencia tiene en cuenta las circunstancias específicas y el ordenamiento jurídico afectado, por lo que el dictamen del Tribunal puede ser diferente en otros procesos.

Tres condiciones

El Tribunal dio la razón a la Comisión, al desestimar el recurso del Ejecutivo portugués y, en su sentencia, señala que para que una medida fiscal adoptada por una administración territorial parte de un Estado sea permitida por la legislación comunitaria debe cumplir tres condiciones: Ser aprobada en el ejercicio de facultades lo suficientemente autónomas del poder central y aplicada a todas las empresas establecidas en el territorio afectado; en segundo lugar, debe haber sido adoptada sin que el Gobierno central haya podido intervenir directamente en su contenido; por último, las consecuencias financieras de su aplicación no deben verse compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o del Gobierno central.

Según el Departamento de Hacienda del Gobierno de Lakua, el Concierto Económico cumple estos tres parámetros y la sentencia demuestra, «sin lugar a dudas», su compatibilidad con la normativa comunitaria y «hace suyas las tesis que enunció el abogado general del Tribunal de Luxemburgo, y coincidentes con la postura de las instituciones vascas». En opinión de Lakua, con esta sentencia «se zanja de manera categórica» el contencioso sobre los tipos en relación, por ejemplo, al Impuesto de Sociedades «apuntalando la legitimidad de instituciones como las vascas y contradice abiertamente el realizado en su día por el Tribunal Supremo español».

Recordó que, en diciembre de 2004, el Supremo, «invocando el derecho comunitario, cosa que está exclusivamente reservada al Tribunal de Justifica de la CE, tumbó el 32,5% del Impuesto de Sociedades fijado por las instituciones vascas considerando que era una ayuda de Estado porque en territorio común era del 35%». El Gobierno navarro también estimo que la sentencia es «positiva» aunque realizará hoy una valoración más extensa.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, consideró que el fallo del Tribunal de Luxemburgo fija qué no es ayuda de Estado y supone un «aval definitivo» al Concierto Económico. Bilbao opinó que «hoy es un gran día para el autogobierno» y el fallo supone un «varapalo» para el Tribunal Supremo español porque convierte en «papel mojado» su sentencia de diciembre de 2004. La diputación vizcaína va a reclamar a los diferentes tribunales que levanten las medidas cautelares vigentes y trasladará al Constitucional la sentencia de Luxemburgo. El diputado general de Gipuzkoa, Joxe Joan González de Txabarri, consideró que la sentencia «sienta jurisprudencia» para consolidar el «autogobierno vasco» y llegó a ver incluso un trasfondo político en «el reconocimiento de que Europa no se construye sólo desde los estados». Adelantó que Gipuzkoa seguirá marcando «políticas fiscales que permitan a las empresas ser más competitivas en el ámbito europeo. La Diputación alavesa se felicitó por la sentencia y estudia pedir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que levante las medidas cautelares contra el Impuesto de Sociedades. A su juicio, «la sentencia ampara sistemas fiscales distintos dentro de un mismo Estado».



Madrid: «No es extrapolable a otros casos»
El Ministerio de Economía y Hacienda afirmó que el Gobierno español «comparte el espíritu» de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el régimen fiscal de las Azores pero matizaron que «no es extrapolable a otros casos». El Ministerio subrayó que el recurso pendiente sobre la rebaja del Impuesto de Sociedades en las comunidades forales lo presentaron las autonomías limítrofes y no el Gobierno español. -



Los empresarios ven base jurídica para bajar sus impuestos

GASTEIZ

Las asociaciones empresariales se apresuraron a mostrar su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, en la que vieron la posibilidad de que las instituciones sigan rebajando los impuestos a las empresas. Confebask estimó que la resolución «desautoriza» los criterios del Tribunal Supremo para oponerse a la reducción del Impuesto de Sociedades. A su juicio, da «plena cobertura legal, desde el punto de vista del derecho comunitario, a la capacidad normativa de los territorios forales y confirma, por tanto, la legalidad de las regulaciones generales del Impuesto de Sociedades que habían sido sistemáticamente cuestionadas por los tribunales». Adegi, Cebek, SEA y Círculo de Empresarios realizaron similares valoraciones positivas.

Entre los partidos políticos, el PNV consideró que la sentencia supone «un respaldo sin precedentes» hacia el Concierto Económico y desautoriza al Tribunal Supremo. El PSE opinó que el Supremo «debe hacer revisar la doctrina mantenida en los últimos años» sobre este materia. El PP estimó que la sentencia «respalda la vigencia del Concierto Económico». EA consideró que demuestra «la aceptación de las instituciones europeas de la capacidad histórica autonormativa del pueblo vasco en materia fiscal». Ezker Batua afirmó que legitima el Concierto Económico en Europa y puede «zanjar definitivamente los ataques contra las competencias fiscales vascas», y Aralar vio reconocido el derecho de las regiones autónomas «a fijar un tipo impositivo reducido».


 
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