Con la excusa del secuestro de dos soldados por parte de Hizbula a mediados del pasado julio, el ejército israelí bloqueó el Líbano por tierra, mar y aire y desencadenó una invasión armada que ha matado y herido a miles de personas, desalojado a un millón y destruido edificios, viviendas, infraestructuras, aeropuertos, centrales eléctricas y refinerías produciendo vertidos masivos de crudo en el mar.

Esta fútil justificación por parte de quien mantiene desde hace una década a más de diez mil palestinos secuestrados, incluidos ministros y altos cargos del Parlamento y el Gobierno de Hamas recientemente elegidos, ha bastado para mantener en una pasividad heladora tanto a la ONU como a la UE y a la mayoría de sus países integrantes, incluido el Gobierno español.

Tras dos meses de devastación y violencia contra la población libanesa, el valeroso esfuerzo de los movimientos populares libaneses armados ha impedido al ejército israelí estabilizar los territorios ocupados. Sólo esta resistencia ha parado los pies a un estado terrorista en el que, tanto los partidos de derechas como la izquierda socialdemócrata israelí, perpetran una política de ocupación, apartheid y exterminio contra las poblaciones palestina, libanesa y árabe en general, al margen y en contra de una larga lista de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel no ha perdido la guerra contra el Líbano pero, al no ganarla con el ejército más moderno y destructivo del mundo, amparado por EEUU, ha fracasado. El pretendido castigo a Hizbula, Siria e Irán se ha convertido en una humillación para Israel.

La política de hechos consumados ilegales de Israel, consentida por el Consejo de Seguridad de la ONU desde hace más de cincuenta años, se ha materializado en la Resolución 1.701 cuya injusticia y ambigüedad consigue involucrar a la UE y al Gobierno Español, que ejerce una vez más, igual que con el PP, el triste papel de meritorio de las aventuras imperialistas y coloniales de EEUU.

El contenido de esta resolución, que amplía la fuerza de interposición de la ONU en la frontera del Líbano con Israel, bajo la retórica de «neutralidad activa», concentra una enorme potencia militar para la realización de labores de policía consistentes en desarmar a las milicias populares libanesas que han resistido las acometidas del Tsahal (Ejército israelí). El escenario para la aplicación de esta resolución es el de matanzas ininterrumpidas contra la población palestina de Gaza y Cisjordania, la construcción de un muro para limpieza étnica de palestinos, el incumplimiento de las resoluciones de la ONU que exigen el derecho del pueblo palestino al retorno, la autodeterminación y la creación de un estado soberano e independiente, la impunidad de los criminales de guerra israelíes y sus mentores norteamericanos, protagonistas de matanzas como la que ahora cumple veinte años en los campamentos de refugiados de Shabra y Chatila en Líbano, además de Qana I y II, Jenin, Rafah, Gaza, etc.

Tras la máscara de una decisión multilateral de la ONU se oculta la radicalización de la política unilateral de EEUU y su cabeza de playa en Oriente Medio y Asia Central, Israel. El Gobierno del PSOE, con el apoyo del PP y la entrega vergonzosa del resto de grupos parlamentarios de la llamada izquierda, tras la aprobación por unanimidad (302 votos a favor y dos abstenciones) en el Pleno del Congreso del 7 de septiembre, ha decidido enviar más de mil soldados al Líbano. Esta calamitosa decisión sólo redundara en más violencia contra el pueblo libanés y palestino y, desgraciadamente, quizá también del pueblo español. Una vez más queda patente que la «unidad de la izquierda» lo es en torno a las políticas de la derecha.

Con la oposición al envío de tropas españolas cómplices de un estado terrorista como Israel, cumplimos una triple función: no colaborar con los verdugos de los pueblos árabes y musulmanes, impedir que la población española corra el riesgo de las potenciales respuestas de estos pueblos atacados y recuperar la dignidad de los movimientos sociales cuya autonomía respecto a la socialdemocracia está en fase terminal.

Contra estas políticas, que favorecen la impunidad de los agresores israelíes y estadounidenses, nos hemos manifestado el jueves 7 de septiembre frente al Congreso de los Diputados, durante la comparecencia del Presidente del Gobierno. También nos manifestaremos el martes 19 de septiembre de Cibeles a Sol bajo las consignas: «No seamos cómplices con la ocupación israelí. Por el derecho a la resistencia del pueblo libanés y palestino».

El 1 de octubre marcharemos a la Base Militar de Torrejón y el 4 de noviembre al Cuartel de la OTAN de Retamares (Carretera de Boadilla), para poner de manifiesto el apoyo logístico que la OTAN y las bases norteamericanas prestan para las operaciones imperialistas contra los pueblos árabes y musulmanes. OTAN no. Bases fuera.

Por una paz justa: retirada inmediata de Israel de los territorios ocupados; suspensión de los acuerdos comerciales entre Israel y la UE; cese del intercambio militar entre España e Israel; procesamiento de Israel por crímenes de guerra; por el derecho a la resistencia de palestinos y libaneses. -