Ahora que todo pichichi habla sobre el proceso y sobre su estado de salud, resulta conveniente acudir a beber de las fuentes mismas de una de las partes implicadas. Entre el original y la copia... ya se sabe.

Ayer “El país” ofrecía un editorial, con tintes de monclovismo puro y duro, en el que daba cuenta de la visión que sostiene la parte del Gobierno español en este preciso momento. Según el editorialista, «ETA y Batasuna saben que pronto tendrán que tomar decisiones de las que no podrán retroceder fácilmente, y eso les lleva a aplazar aquellos pasos de los que depende el inicio del siguiente capítulo».

A partir de ahí, la acusación de los abertzales sobre el intento de «desfigurar el carácter político» del proceso se respondía así desde “El País”: «es ETA quien desfigura y hace imposible el debate político al introducir la amenaza de la violencia».

El editorialista monclovita denostaba también las críticas de Arnaldo Otegi:«Ahora dice Otegi que el Gobierno sólo busca la ‘rendición’ de ETA y la ‘humillación’ de Batasuna». Se explicaba así:«No puede haber negociación si uno de los interlocutores amenaza con disparar si no se le da la razón. Y la negociación de una reforma del marco político en una mesa extraparlamentaria sólo es posible si todos los interlocutores aceptan acatar la legalidad y las reglas de juego, como ocurriría en cualquier Parlamento. Pero Batasuna no sólo no la acata, sino que considera una humillación tener que renunciar a la violencia para recobrar la legalidad. Por una parte, por tanto, ETA se considera con derecho a volver a actuar y, por otra, Batasuna pretende que se le acepte como interlocutor sin renunciar a nada: ni siquiera a su condición de brazo político de ETA, razón por la que fue ilegalizada».

A tan duros términos seguía una pregunta:«En esas condiciones, ¿convendría realizar alguna concesión (flexibilización de la Ley de Partidos, acercamiento de presos) para desbloquear la situación?». Y se contestaba:«Es dudoso, al menos mientras ETA y Batasuna mantengan su pulso por hacer que sea el Estado democrático quien renuncie a aplicar la ley como condición para iniciar el previsto diálogo (...) una concesión ahora sería interpretada como prueba de que la amenaza hace retroceder al Estado, y eso sólo puede favorecer a los sectores más intransigentes de ese mundo». Así está la cosa. - msoroa@gara.net