IRUN
Txingudi Bizirik sacó ayer a la luz el informe emitido por la Oficina del Ararteko el pasado mes de agosto, donde se denunciaba la «errónea actuación» de los ayuntamientos tanto de Irun como de Hondarribia, al tratar de impedir «de manera injustificada» que se celebrase una consulta popular para conocer la opinión de los ciudadanos de Txingudi sobre la planta incineradora que pretendían ubicar en Zaldunborda. La plataforma ciudadana Txingudi Bizirik presentó el informe y destacó que elArarteko se refiere también a la «falta de colaboración» con la ciudadanía por parte de los ayuntamientos y a la «desatención» que hacen de las declaraciones de la Junta Electoral de Gipuzkoa, que afirmaba «tratarse de un tema de índole local». Cabe recordar que la plataforma propuso en diciembre de 2004 a los plenos de los consistorios de Irun y Hondarribia la convocatoria de un referéndum para tomar una decisión definitiva sobre el proyecto de la planta incineradora. Ante la negativa de los ayuntamientos, Txingudi Bizirik convocó una consulta popular no vinculante para conocer la opinión de la ciudadanía, y pidió permiso para ocupar el espacio público coincidiendo con el referéndum de la Constitución Europea, el 20 de febrero de 2005.
Txingudi Bizirik explicó que los alcaldes denegaron el permiso «malinterpretando» las declaraciones de la Junta Electoral de Gipuzkoa, y que no admitieron las alegaciones presentadas por la plataforma.
Sobre esto, el Ararteko dice que «la regulación de las distintas modalidades de referéndum no establece impedimento legal para la celebración de una consulta popular local en la misma fecha en que se celebre un referéndum consultivo». Añade que la consulta popular sobre un tema de importancia local constituye un modo de participación ciudadana que está recogido en varios convenios y tratados, y resuelve que los ayuntamientos de Irun y Hondarribia «tenían la obligación de promover y favorecer ese sondeo popular». Afirma también que todavía está «a la espera de la contestación de los ayuntamientos sobre un acuerdo de la Junta Electoral», y les advierte de que, si no obtiene respuesta, lo incorporará como falta de colaboración en el próximo informe anual al Gobierno de Gasteiz.
«Desprecio a la ciudadanía»
Tras dar cuenta del informe, Txingudi Bizirik opinó que el Ararteko «pone en evidencia la falta de garantías democráticas» que vive la comarca de Txingudi, y destacó que «el caciquismo de nuestros alcaldes es el más absoluto desprecio por los intereses de la ciudadanía». La plataforma lamentó que, a pesar de las recomendaciones de la Junta Electoral de Gipuzkoa, los ayuntamientos de Irun y Hondarribia siguieron adelante «en su intento de denegar el permiso» y de «boicotear la expresión de la voluntad de la ciudadanía».
Asimismo, expresó su «gran preocupación» por la actitud de los ayuntamientos, que «pasan por alto informes del Ararteko, incumplen la legislación y los tratados internacionales y no garantizan ni facilitan los medios de expresión y participación pública».
A pesar de la resistencia de los ayuntamientos, la plataforma logró realizar la consulta popular, en la que participaron un total de 16.497 personas.
El resultado de la encuesta fue que el 82% de los consultados se posicionó en contra de la instalación de una planta incineradora en Txingudi. El 92% de los participantes opinó que debían ser los propios ayuntamientos quienes convocasen un referéndum sobre el tema.
