Iñaki de Juana Chaos cumple hoy su tercer día encerrado en una habitación de hospital, al arbitrio de un equipo médico que, con los dictámenes de la Audiencia Nacional española en la mano ­y el código deontológico guardado en un ca- jón­, está sometiendo al preso político vasco a un tratamiento que él ha rechazado desde que iniciara su protesta. Hasta dos recursos ha presentado el abogado de De Juana, uno informando al tribunal español de que el preso asumió libre y conscientemente una forma de lucha dura y extrema y que su deseo es que ningún elemento externo ponga fin por la fuerza a su protesta, y un segundo reclamando información de su estado. Anoche seguía sin respuesta. A todas luces, Instituciones Penitenciarias y el cuerpo médico que se somete a su estrategia han extendido un pesado manto de silencio con el que evitar que el preso, si su estado físico se lo permite, transmita a su familia y a su entorno social todo lo vivido desde que fuera llevado, el pasado martes, desde la prisión al hospital de Algeciras.

Dado el oscurantismo que rodea la situación de un ciudadano que, cumplida su condena, debería haber recobrado la libertad hace dos años y que, sin embargo, se encuentra en un hospital a mil kilómetros de su casa, lo primero que hay que exigir es que se levante la censura impuesta y se facilite de inmediato información directa a la familia o a la representación legal del prisionero vasco.

Con un preso aislado en un recinto hospitalario y con un cordón de seguridad infranqueable puede parecer una osadía el desmentir el parte médico-penitenciario que afirma que el proceso de alimentación por vía intravenosa se ha dado «con normalidad y sin incidentes» y sin que el preso «se resistiese». Por eso, GARA publica hoy una entrevista que no deja lugar a dudas, un testimonio que deja a las claras cuál es la voluntad del preso y cómo ésta se ha violentado a lo largo de toda la huelga de hambre. De Juana dice que desde el 7 de agosto se ha negado voluntariamente a colaborar con el cuerpo médico durante las pruebas a las que ha sido sometido. Y añade que «tanto las medidas que han tomado hasta ahora como las que vengan se hacen violentando injustamente mi voluntad».

Lo dramático del caso no debe hacer olvidar que son 700 presos políticos los destinatarios de una política penitenciaria que, en palabras de De Juana, busca «llenar el saco de los rehenes» de cara a dilatar el proceso de resolución del conflicto. -