Existe un discurso excesivamente acrítico de nuestra realidad que se reproduce y que asume que el nivel de desarrollo económico vasco está convergiendo con Europa, habiéndose convertido Euskal Herria en una de las zonas económicas a la altura de la Unión Europea (UE), y ello como resultado de las supuestamente exitosas políticas económicas y fiscales de los gobiernos autonómicos, entre las cuales se señala con orgullo el haber alcanzado el déficit presupuestario menor de la UE, condición indispensable para alcanzar tal éxito económico.

En tal discurso se olvida, sin embargo, que la evaluación del desarrollo económico se debe realizar primordialmente midiendo su impacto en el bienestar social y calidad de vida de la población. No es suficiente, por lo tanto, mostrar como indicadores de éxito de tal desarrollo económico indicadores economicistas, como los beneficios empresariales, o el PIB, que cada vez se concentra en menos manos. No podemos, por lo tanto, hablar de éxito económico asumiendo que estamos desconvergiendo con la Europa Social, que es lo que en realidad está ocurriendo.

Euskal Herria comenzó su llamada etapa democrática con el gasto público social más bajo de Europa, consecuencia de 40 años de una dictadura que se caracterizó por una enorme represión y por una gran insensibilidad social. En 1975, el Estado español (Euskal Herria carecía de competencias básicas) tenía un gasto público social como porcentaje del PIB (14%) muy por debajo del promedio de la Europa occidental (22%).

Durante los años ochenta y principios de los noventa, el gasto público social incrementó sustancialmente, como consecuencia de la descentralización y del desarrollo de servicios, alcanzando su máxima cuota en 1993, cuando el gasto en protección social (que incluye las pensiones y otras transferencias) llegó a alcanzar el 24% del PIB, el porcentaje más próximo que hemos tenido nunca con el promedio de la UE, que en ese año era del 28,8%.

A partir de 1993, y como consecuencia de que las instituciones vascas asumieron el neoliberalismo a ultranza recogido en el Tratado de Maastricht, el déficit de gasto en protección social entre Euskal Herria y la UE aumentó de nuevo de una manera significativa, hasta alcanzar una diferencia de 7,5% en el año 1999. En realidad, el descenso del gasto en protección social fué mucho más rápido en Euskal Herria (del 24% del PIB en 1993 al 20,1% en 1999) que el promedio de la UE, donde el gasto descendió de un 28,8% a un 27,6% durante el mismo período. El descenso ha continuado y en el 2005 en Euskal Herria no se llegó al 19%.

El aumento de los ingresos fiscales del período 1998-2005 se ha dedicado primordialmente a reducir el déficit presupuestario de las instituciones públicas y a amortizar anticipadamente deuda pública, en lugar de corregir el déficit social con la UE. De ahí que el primero se ha conseguido a costa de aumentar el segundo. El estado español continúa hoy teniendo el gasto público social más bajo de la UE después de Irlanda, realidad que se repite en todos los sectores sociales, y en este espejo de cola se miran complacientes nuestros gobernantes, afirmando que en algunos capítulos nuestro gasto social es mayor que la media del Estado español. Según Eurostat, haciendo el cálculo de gasto en Paridad de Poder de Compra, de cada 100 euros de media que se gasta la UE en gasto social por cada habitante, en la CAPV se gastan 59, y en el Estado español 49; muy lejos de Dinamarca (156), o las más cercanas Alemania (122) y Estado francés (116).

La reducción de gasto social trae el recorte de derechos sociales:

Sanidad. El gasto sanitario público de la CAPV pasó de ser el 6,6% del PIB en 1993 al 3,5% del PIB en el año 2004. Comparado con nuestro entorno, el gasto sanitario público es la mitad de muchos países europeos, como Alemania 7,8% del PIB o Estado francés 7,3% del PIB, siendo incluso más bajo que la media del Estado español, que supera el 5% del PIB. Esta reducción se ha hecho sentir considerablemente en el sistema hospitalario, donde entre 1995 y 2000 el número de camas se redujo en un 21,1%.

Educación. En la CAPV el máximo nivel de esfuerzo de gasto público respecto al PIB tambien se realizó en 1993, en el que se destinó el 4,17% del PIB, a partir de entonces se da una disminución progresiva situándose por debajo del 4% en 2005, lo que le situa por debajo de la media del Estado epañol (5% del PIB) y de la media de la OCDE (5,5% PIB). Esta tendencia no es ajena al fortalecimiento de la enseñanza privada tanto en básica y medias como universitaria (Deusto y Mondragón).

Diferencia abismal

Pensiones: En Euskal Herria después de recibir las transferencias sociales el volumen de población en riesgo de pobreza sigue siendo del 14% (datos oficiales, la realidad es un volumen mayor). El riesgo de pobreza y precariedad suele ser más elevado en grupos específicos, como personas desempleadas, familias monoparentales (sobre todo mujeres), familias numerosas, personas de edad avanzada (de nuevo sobre todo mujeres) debido a la insuficiencia de las pensiones.

Según las tendencias actuales del mercado laboral y el acceso a las pensiones, estos datos de pobreza y precariedad, lejos de disminuir se van a ir consolidando con un progresivo aumento. Recordemos que el Pacto de Toledo de racionalización del gasto de la Seguridad Social en el Estado español, y por ende en Euskal Herria, está desarrollándose y cuando quede completado en toda su extensión (40 años exigibles de cotización para acceder al 100% de la Base reguladora de la pensión, calculada sobre las cotizaciones de toda la vida activa) supondrá una reducción real de las pensiones. Este hecho aunque se da en el marco de las tendencias europeas es preocupante dado el ya alto diferencial que sufrimos respecto a Europa. Así, por cada 100 euros de gasto per capita en materia de pensiones que se realiza en la UE, en Euskal Herria se gastan 75 euros, es decir, un 25% por debajo de la media europea; por debajo de Luxemburgo (154) paises nórdicos y las más cercanas Alemania (113) y Estado francés (104).

Donde el déficit en gasto social alcanza dimensiones extremas es en las prestaciones y servicios a las familias, y en el derecho efectivo al disfrute de una vivienda, y ello a pesar de ser la familia y la vivienda el centro del discurso retórico oficial. Escasamente el 10% de menores vascos de 0 a 3 años tienen acceso a las escuelas públicas de infancia comparado con el 40% en Suecia, el 44% en Dinamarca, 21% en Finlandia, 23% en Estado francés, 30% en Bélgica... Y sólo un 1,5% de personas de la tercera edad tienen acceso a servicios de atención domiciliaria públicos comparado con un 30% en Suecia, un 20% en Dinamarca, un 28% en Finlandia, un 7% en Estado francés, un 8% en Holanda, un 9% en Reino UnidoŠ Esta enorme insuficiencia de los servicios de ayuda a las familias (que afecta negativamente sobre todo a las mujeres) explica la baja tasa de natalidad de Euskal Herria (la más baja de la Unión Europea) y las grandes dificultades que tienen que superar las mujeres para su integración en el mercado de trabajo. La precariedad se globaliza y toma cuerpo legal.

Por último señalar que los objetivos de política macroeconómica y la liberalización del mercado diseñados en «La Estrategia de Lisboa» en 2000, tienen importantes efectos sociales, incluida la organización de los sistemas de protección social.

Por otro lado, las políticas económicas y de empleo allí diseñadas, por ejemplo el fomento de una mayor participación de los trabajadores de edad avanzada en el mercado laboral (aumento de la edad efectiva de jubilación), precisa el apoyo de reformas en ámbitos de la protección social como las pensiones, la asistencia sanitaria y los sistemas de cuidados.

Reformas todas ellas tendentes a un papel más subsidiario de la Administración pública, y trasladándose hacia el sector privado, se deja de hablar del Estado del Bienestar para pasar a hablar de la sociedad del bienestar, donde es la propia sociedad, la responsable de garantizarse a sí misma lo que hasta ahora se consideraban derechos sociales básicos: pensiones, sanidad, educaciónŠ

Agudizacion neoliberal

Los fondos de pensiones privados, el aseguramiento privado en sanidad, la mayor participación en el copago de educación, son vías abiertas y de desarrollo acelerado, todo en aras de «la competitividad» que demanda bajadas de impuestos e introducción del capital privado en ese 27,5% de la economía que gestiona el sector público europeo en gastos sociales ( 19% el vasco)

Constatamos por lo tanto, que se está produciendo un recorte del gasto respecto a la Unión Europea. Cada vez se invierte una parte menor de la riqueza generada entre todas y todos en Euskal Herria para gasto social. Todo esto está siendo impulsado por los gobernantes de nuestras instituciones, que con estas actuaciones están acelerando el proceso de precarización de las condiciones vitales de una parte importante de la población. Esta ofensiva del capital amparada por varias legislaciones de las diferentes instituciones está dibujando un nuevo orden social, basado en la precariedad y que viene a sustituir al Estado del «Bienestar».

Y es que cada vez es más complicado acceder al uso y disfrute de una vivienda, cada vez es más complicado tener asegurados unos ingresos dignos por encima del umbral de la pobreza bien vía renta de trabajo o prestaciones, no tenemos asegurados unos servicios sociales y públicos, se nos niega la participación social activa...

En este contexto, la inseguridad es lo que caracteriza las vidas de la población. Pero esa inseguridad no debe ser atajada con mayor represión, sino a través de una transformación social que nos encamine a un sistema sin explotación y en la que hombres y mujeres libres tengan garantizados todos sus derechos sociales. -

(*) Nekane Jurado, Aitor Balda e Igor Uriarte: Integrantes de Elkartzen.