WASHINGTON

La votación en la noche del jueves en el Senado fue de 65 contra 34 en favor de la llamada Ley de Comisiones Militares (nombre del sistema judicial para «combatientes enemigos ilegales»). Con la previa aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes y su aprobación en el Senado esta noche, Bush y su Gobierno se anotaron un triunfo al legalizar una serie de medidas autorizadas por el Ejecutivo en el curso de los últimos cuatro años como parte de la llamada «guerra contra el terror» y que recientemente fueron consideradas inconstitucionales por la Suprema Corte y violatorias de las Convenciones de Ginebra.

Bush realizó el jueves una inusual visita al Senado para promover la aprobación del proyecto, que ha sido denunciado por visitadores de la ONU, ex abogados militares, varios legisladores, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, editorialistas y expertos en ley constitucional e internacional.

La iniciativa de ley otorga un tipo de amnistía para posibles crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en los últimos años (por tortura, encarcelamiento clandestino, desapariciones y otros), redefine por primera vez en más de 50 años las Convenciones de Ginebra, autoriza la tortura (oficialmente se llama «técnicas de interrogación»), y anula para siempre el derecho de los detenidos a cuestionar las razones de su encarcelamiento o trato.

Bajo el proyecto aprobado, Bush y sus representantes tienen el poder de designar a casi cualquier ciudadano del mundo, incluidos los inmigrantes legales en este país, como «combatiente enemigo ilegal» con lo cual podría ser detenido indefinidamente sin acceso a un tribunal. La ley también permitirá los «métodos de interrogación» que se consideran «permisibles», o sea, qué es o no tortura lo define el presidente, lo cual, además, es secreto.

Los tribunales estadounidenses no tienen poder para interceder en el nuevo sistema judicial militar para procesar a los «combatientes enemigos», sólo hasta después de que se emita un veredicto. Nadie podrá presentar demandas legales contra el Gobierno estadounidense por estos casos con base en las Convenciones de Ginebra. Pruebas que son resultado de tortura podrán ser presentadas en estos procesos si el juez determina que son «confiables».

Pero la anulación del derecho de habeas corpus, principio legal que antecede a la Carta Magna del siglo XIII y que es la base de los sistemas legales occidentales y está consagrado en la Constitución de EEUU, no tiene precedente. Este concepto establece el derecho de un preso a conocer las razones por las que está detenido.

John D. Hutson, ex almirante y ex abogado militar uniformado de mayor rango de la Marina, argumentó esta semana ante legisladores que el derecho de habeas era fundamental para la identidad estadounidense. «Sin este tipo de protecciones, sólo somos una república bananera más», declaró en una audiencia del Comité Judicial.

El director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, Vincent Warren, dijo que esta legislación «otorga al presidente el privilegio de reyes, permitiéndole encarcelar a cualquier crítico como supuesto ‘combatiente enemigo’, que jamás verá el interior de un tribunal o tendrá la oportunidad de cuestionar su detención o su trato. ¿Qué diríamos si otro país aprobara una ley haciendo legal el secuestro de un ciudadano estadounidense y su detención indefinida?».

«Nuestra democracia es la gran perdedora», opinó “The New York Times”, al señalar cómo los republicanos y su presidente, así como los demócratas, estaban por aprobar esta ley por razones electorales en esta coyuntura política. Concluyó que los estadounidenses en el futuro recordarán que «en 2006, el Congreso aprobó una ley tiránica que será comparada con los momentos más bajos de nuestra democracia».