A3 de octubre el balance es de 87 víctimas en los centros de trabajo vascos. O lo que viene a ser lo mismo, cada semana muere un trabajador y las más de las veces son dos las víctimas de la falta de seguridad, de la precariedad, de los ritmos de trabajo, de las lagunas en formación... y, por encima de estos motivos, de la actitud prevaricadora de las administraciones con quienes vulneran sistemáticamente leyes y normas sin que ello les suponga sanciones que realmente les hagan desistir en su temeraria actitud.

La estadística de la que pasó a formar parte ayer un trabajador de la construcción en Orduña es, por descontado, sólo aproximada. Como es sabido, ni todos los accidentes se denuncian ni los organismos competentes toman en cuenta a todas las víctimas de la siniestralidad laboral. A pesar de lo crudo del balance, desde las instituciones se persiste en lanzar mensajes engañosos sobre la reducción de siniestros y la menor gravedad de los mismos. También se trata de hacer tabla rasa, lo que lleva muchas veces a victimizar a quien tiene medios sobrados para poner coto a este grave problema y, por el contrario, a criminalizar a quien asume el riesgo de perder la vida por acudir al trabajo.

Ninguna de estas teorías del despiste debe hacernos perder de vista la cuestión principal: ¿Por qué no se ataja la siniestralidad laboral? No puede argumentarse que falta legislación, empezando por el marco europeo y terminando por la última empresa o institución de este país se multiplican los sistemas, planes, campañas y hasta las distinciones sobre prevención de riesgos. Luego, existir nor- mativas existen. Otra cosa es que desde las instituciones más cercanas a los ciudadanos exista la capacidad de aplicar eficazmente tales normas. En parte, por la habitual limitación de competencias, pero también por la escasa voluntad política de afrontar las consecuencias, sin duda engorrosas para sus intereses partidarios de hacer efectivo lo que marca la abultada legislación sobre prevención de riesgos laborales. Ni con la derecha gobernando en Iruñea ni con la presencia de fuerzas que se dicen progresistas en el gobierno que lidera el PNV en Lakua se han adoptado políticas efectivas. Los mismos gobiernos que secundan campañas de coerción-recaudación en las carreteras se resisten a poner más radares y, por descontado, a amenazar con la «retirada de carnet» a empresas que con su actitud imprudente ponen vidas en peligro. -