Hace un par de días, en un telediario, las imágenes de personas grabadas por las cámaras de seguridad mientras robaban en alguna gran superficie las acompañaban con una acusadora voz en off que se lamentaba de que estos hurtos causan pérdidas millonarias que debemos de pagar «entre todos». Es decir, a los sufridos consumidores nos sale más cara la vida porque unos desalmados choricean la bo- tellita de Rioja, se comen la bolsa de patatas antes de pasar por caja o le quitan la alarma a la trenca en la oscuridad del probador. Según nos insisten machaconamente desde los medios, el latrocinio que cometen los piratas informáticos o quienes se bajan películas o copian un disco perjudica no sólo a Bill Gates (el hombre más rico del mundo) y a las multinacionales discográficas y cinematográficas sino, y sobre todo, a la gente de a pie. Otro tema informativo recurrente es el relaciona-do con la falsificación marcaria, el «flagelo del siglo XXI» en opinión del FBI. Al parecer, comprando un bolso, un reloj o una camiseta de esos «de pega» fabricados clandestinamente, no sólo estamos estafando al fisco y al propietario de la marca diferenciada, sino que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado de ávidos consumistas.

El objetivo de estas campañas mediáticas es doble. Por un lado, proteger la inversión y los intereses privados de unos pocos, y justificar el endurecimiento de las leyes contra este tipo de delitos, es decir, el aumento de la represión. Por otro, desviar, como siempre, la atención e impedir que comprendamos que el verdadero ladrón y estafador a gran escala es el capitalismo en su fase actual; que quien se está apropiando ilegalmente de nuestro esfuerzo, nuestros impuestos, nuestras inversiones y nuestros ahorros es la cúpula del sistema; que, como explica Petras, «la inmoralidad ha dejado de ser un simple incidente en el capitalismo, es un fenómeno estructural, que se encuentra sistemáticamente en la organización misma de los capitales»; y que estamos, por tanto, sometidos al reino del robo y la estafa, sólo que los medios (incluidos, faltaría más, los que controlan el PNV y el PSOE) se encargan bien de que miremos para otro lado y veamos el enemigo donde no está.

Las evasiones de impuestos y de capitales de los muy ricos son multimillonarias, y el blanqueo de dinero negro es una práctica habitual. Y eso es robar, aunque desde las instituciones no se persiga debidamente y los paraísos fiscales sigan siendo «legales». En la actual situación de euforia de las bolsas, en pleno frenesí de OPAs y fusiones, hay chivatazos y filtraciones que permiten a unos pocos embolsarse en muy pocos días unos sustanciosos pellizcos con operaciones millonarias de compras de acciones. Y eso, como cualquier otro enriquecimiento acelerado fruto de la especulación y el tráfico de influencias, es estafar, así lo llamen pelotazo o «insider trading». Bancos y cajas de ahorros ven aumentar espectacularmente sus beneficios gracias fundamentalmente al fuerte crecimiento de los ingresos por comisiones y por créditos para la financiación de vivienda. Teniendo en cuenta que nos han obligado a pasar por el aro de tener que domiciliar absolutamente todo, hacer crecer el beneficio neto en base a cobrarnos cada vez más por cada operación bancaria sólo puede calificarse de sableo legal. Y forrarse con la desgracia de quien tiene que adquirir bajo hipoteca una vivienda a un precio totalmente desorbitado no puede ser sino moralmente ilícito. Más aún, sabiendo que, de las subidas de los tipos de interés decididas por el Banco Central Europeo, bancos y cajas son quienes van a sacar tajada, y conociendo la relación estrecha entre el sector banquero y el especulativo y casi mafioso del del ladrillo. Para muestra un botón: la recién demostrada vinculación de la Kutxa guipuzcoana con la «trama vasca» de la Operación Malaya y sus inver- siones en empresas constructoras inmersas en importantes y polémicos proyectos, y en sospechosas recalificaciones de terrenos. Todo ello, por cierto, mientras disminuye el porcentaje de esos enormes beneficios que revierte a la sociedad en forma de Obra Social.

Nos enfrentamos a un capitalismo rentista, parasitario y voraz cuyo único objetivo es la maximización del beneficio. Para ello, en la fase actual y en nombre de la «competitividad» están destruyendo las bases productivas, en lugar de desarrollarlas y, con la imprescindible connivencia de las instituciones (Eusko Jaurlaritza, diputaciones, ayuntamientos...), están logrando que el reparto social sea cada vez menor y que toda política esté condicionada al beneficio individual de unos pocos. La progresiva degeneración de los servicios au- ténticamente públicos de Osakidetza y su paulatina privatización en base a extrañas concertaciones son el paradigma perfecto de este escandaloso matrimonio entre instituciones y capitalismo actual. Matrimonio que, por supuesto, se extiende a multitud de sectores anteriormente públicos (y que generaban empleo público) y hoy en día privatizados (o a punto de serlo) para mayor engorde de ciertas grandes empresas (la FCC de la Koplowitz, por ejemplo), grandes contratadoras de trabajadores en precario.

De este modo, en lugar de reinvertir el dinero público en la sociedad (ofertando puestos de trabajo dignos, entre otras cosas), se lo traspasan a los más ricos para que exploten y esclavicen bien a sus trabajadores, que es el único modo posible de cumplir con la criminal lógica del máximo beneficio. A esta sustracción de nuestros derechos la llamarán optimización de los recursos o lo que quieran, pero no deja de ser un flagrante e inmoral atraco realizado a la gran mayoría.

Esta vuelta hacia un tipo de capitalismo en el que el robo es la base del financiamiento es señal, en opinión de los expertos marxistas, de que el sistema está inmerso en una crisis económica estructural grave. Deber de la izquierda es trabajar para que esa crisis sea la final. -