Atauri es un pequeño pueblo situado en plena Montaña alavesa. La actual travesía A-132, en la que abundan vehículos pesados y mercancías peligrosas, supone todo un problema para sus vecinos, ya que divide la localidad en dos. El riesgo es tal que la Junta Administrativa ha solicitado la construcción de una variante, pero la Diputación de Araba no está por esa labor.

El proyecto que ésta ha elaborado, y que fue aprobado el pasado julio por el Consejo de Diputados, contempla el derribo de cuatro viviendas y la construcción de dos escolleras a cada lado del río Berrón. El objetivo pasa por dotar a esta travesía de la misma anchura que el resto del tramo a mejorar, comprendido entre las localidades de Maeztu y Antoñana.

La Junta Administrativa considera que dicho plan, si se lleva a cabo según lo previsto, dejaría a Atauri «más dividido» de lo que actualmente está, puesto que, «la ya de por sí peligrosa travesía», al convertirse en una recta, trasformaría la misma en un tramo de alta velocidad, con el consiguiente peligro para sus habitantes, que ya han sufrido atropellos, alguno mortal, al atravesar la carretera.

Rechaza la demolición de cuatro casas, en una localidad que tiene una treintena. A su entender, esto supone un «durísimo varapalo» para sus propietarios, así como para la propia población, «que trata de mantener su identidad y plantearse un futuro». Las escolleras también han despertado «gran preocupación», ante el alto índice de inundabilidad de la zona. Este problema ha traspasado ya fronteras, llegando hasta el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, al que pertenece la localidad afectada, y a las Juntas Generales de Araba.

El primero ha aprobado la moción remitida por la Junta Administrativa, en la que se insta al Departamento de Obras Públicas de la Diputación a suspender el proyecto y a buscar alternativas a la actual travesía, «comprometiéndose a no alterar el estado actual» de la misma, «hasta la construcción de una variante que garantice el futuro de la localidad y la seguridad de sus habitantes».

El esfuerzo de la Junta Administrativa de Atauri, con María Angeles Ibisate a la cabeza, no ha concluido ahí. El siguiente objetivo pasaba por reunirse con los grupos políticos con representación en las Juntas Generales, para trasladarles la preocupación existente en la localidad. Ha conseguido el respaldo de PNV, PSE y EB. Estos han presentado una moción de urgencia contra este proyecto del PP, para que sea debatido en pleno.

No han sido los únicos en hacer pública su repulsa. Batasuna muestra su apoyo a la reivindicación popular y sostiene que la forma en la que Atauri ha hecho frente al problema «es, de por sí, un ejercicio democrático» que, en su opinión, tendría que bastar para que la Diputación paralizase el proyecto de mejora y estudiase posibles alternativas.

«Politica autista» del PP

Cree que «nadie pone en duda» la necesidad de mejorar el trazado de la A-132, pero que ello debería tener como objetivo «mejorar la comunicación entre los pueblos y garantizar una calidad de vida y una seguridad» para sus habitantes. La formación abertzale acusa a los tres diputados de Obras Públicas que han pasado por la institución foral mientras el plan se desarrolla, de «profundizar en la política autista» del Gobierno del PP, «haciendo oídos sordos» a las peticiones populares y trazando sobre un plano «el recorrido de sus intereses».

Así las cosas, reclama al Departamento que dirige Javier de Andrés que proceda «inmediatamente» a la redacción de un proyecto alternativo, que haga realidad la variante que Atauri lleva años exigiendo.

La Diputación, sin embargo, no está dispuesta a llevar a cabo dicha petición popular. Cree que construir una variante es «absolutamente imposible», debido al impacto ecológico que, a su entender, ésta generaría. Señala, al respecto, que «los técnicos no la han contemplado en ningún momento».

Alega que de las cuatro viviendas que hay que derribar, tres están deshabitadas, al tiempo que afirma que va a hacer «todo lo que esté en nuestras manos» por informar de las «bondades» del proyecto. No descarta la posibilidad de no desarrollar el plan, debido a la oposición existente, sobre todo entre los grupos junteros.

Habrá que esperar para ver qué decisión se toma en el pleno de las Juntas Generales. Los vecinos, mientras tanto, continuarán con su calendario de movilizaciones, que dieron comienzo el 23 de setiembre. -

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