No nos cabe duda que la atención de calidad a las personas dependientes debe ser un derecho universal garantizado por el Estado. El Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas que ha sido aprobado por el Congreso no puede calificarse de tal. Entra de lleno en lo que se puede considerar ayuda social, en la misma línea que viene haciendo el Gobierno Vasco con el tratamiento que da a las familias con sus Planes y los servicios sociales con que contamos.Sin embargo, ahí están el todavía Ministro Caldera y la vicepresidenta del Gobierno estatal alabando el proyecto y calificándolo como el «cuarto pilar del Estado de bienestar». Bueno, pues estarán encantados, pero este Proyecto que en breve va a ser ley porque el voto en contra de los grupos nacionalistas no lo puede impedir no nos gusta nada, y por diversas razones.
Invade competencias exclusivas con las pocas que hay de la CAPV y Nafarroa, no garantiza la financiación ni los recursos que necesita el desarrollo de esta Ley y establece un sistema de copago más que discutible. Es increíble que los socialistas no hayan aceptado establecer un porcentaje de renta mínima exenta del copago, pero, eso sí, contratando un seguro de dependencia privado se podrá desgravar. Total, que desde la perspectiva de país y desde la económica, estamos como siempre. Leyes que invaden competencias y que, como la del IRPF, va a ser más gravosa para quien ha trabajado y tiene «algo».
Además, excluye a las personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental y enfermos de Alzheimer de primer grado. Se salta a la torera lo que la U E asocia a dependencia: la falta de autonomía personal, sea ésta física, psíquica o intelectual; no siendo relevante la causa o el origen de esa situación, enfermedad, accidente, dolencia crónica, deterioro motivado por la edad, deficiencia congénitaŠ
Y lo más preocupante, desde nuestro punto de vista, es que se prevé un «salario» y una seguridad social «especial» para quien atienda a estas personas en la familia. Es decir, para las mujeres. Se calcula que el 80% de los cuidados a familiares mayores o parientes enfermos corre a cargo de mujeres y se desarrolla dentro del hogar, y que los servicios sociales sólo atienden al 9,4%. Una ayuda directa como la que se plantea lo que hará será cronificar la situación de muchas mujeres que tienen alrededor de cincuenta años, esa generación bisagra que ha asumido la responsabilidad de cuidadoras como algo inevitable interrumpiendo muchas veces su proyecto vital e hipotecando sus vidas, cuando el cuidado es una responsabilidad política, ¡que para eso pagamos impuestos!
Habrá quien diga: «¡algo es algo!, total, hay que hacerlo, así que por lo menos que nos paguen». Esto es no tener en cuenta el costo real que esa función supone para la cuidadora. Todos los estudios coinciden en que el aislamiento, el insomnio, la ansiedad y la depresión son varios de los trastornos síquicos que suelen padecer, la mayoría de las veces sin saber siquiera a qué obedece lo mal que se sienten. Y es que vivir para cuidar a otras personas, en la mayoría de los casos, genera mucho estrés y limita la posibilidad de tener una vida social propia. Por otra parte, no hay que olvidarse de los problemas económicos y de la falta de autonomía económica con que se encuentran, lo que el «sueldo» del Estado nunca va a compensar.
Y ¿qué pasa con las que, además, trabajan fuera de casa? Pues que la doble jornada se agudiza, con lo que la sobrecarga y presión que soportan se convierte en un sufrimiento insoportable que, según esos mismos estudios, las lleva derechitas a la enfermedad propia. La intensa actividad y la energía vital que tienen que desplegar para ejercer su profesión y para cuidar a las personas dependientes acaba con la más fuerte.
Es un hecho que el cuidado de las personas dependientes está siendo asumido por las mujeres y, muy minoritariamente, por la red de servicios sociales no hay más que ver las listas de espera o por la compra privada de servicios por quienes tienen dinero. La realidad es que la dependencia personal ha sido un fenómeno social prácticamente ignorado por los sistemas de protección pública. Ahora que se han pues- to a legislar podían haberse fijado en los modelos nórdicos, donde la dependencia se considera un derecho universal que es asumido por el Estado, y no hacer este engendro donde, en gran medida, se sigue cargando la responsabilidad sobre las espaldas de las de siempre. -
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