El recientemente aprobado Estatuto de Autonomía de Cataluña ha entrado en vigor con más pena que gloria durante el verano, precisamente coincidiendo con el colapso del aeropuerto del Prat excluido de la competencia de la Generalitat, evidenciándose el trato colonial que el Estado dispensa a Cataluña en materia de infaestructuras. Lejos de suponer un paso adelante respecto del Estatuto de 1979, es una actualización normativa que no altera las condiciones de dependencia política y económica que han caracterizado la evolución del país en los últimos 25 años. El nuevo texto surgido de una elaboración parlamentaria larga y contradictoria, con un abrupto final pactado en la Moncloa, ha sumido a la población en la perplejidad y ha dejado a la clase política en una posición incómoda. La baja participación en el referéndum estatutario es un reflejo de ello y las expectativas cara a las próximas elecciones al Parlamento no son mejores.

El Estatuto ha sido impugnado por el PP y por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. En el ánimo de los litigantes está la pretensión de liquidar el más mínimo vestigio de poder político autónomo y hasta el más tímido reflejo de una identidad nacional catalana. Las posibilidades de que el Tribunal Constitucional estime parte de las pretensiones de los recurrentes son altas, atendiendo a la trayectoria de la jurisprudencia de este organismo que reiteradamente se ha decantado por interpretaciones proclives al reforzamiento de la unidad del Estado en momentos clave. Hay que recordar las primeras sentencias del alto tribunal en el periodo 1981-1982, cuando a través de diversos pronunciamientos (diputaciones catalanas, cajas de ahorros) desnaturalizó la noción de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, distorsionando el sentido y el contenido del pacto estatutario catalán en los meses posteriores al 23-F.

Si la sentencia llega a producirse en términos restrictivos para la autonomía catalana, será el primer caso que el Tribunal Constitucional corrige un texto sometido a consulta popular, y aprobado, lo cual supondrá una desautorización al Parlamento catalán que se verá sometido a la humillación política de acatar una decisión inapelable. Esta eventualidad planteará a la clase política el dilema de cómo reaccionar ante la liquida- ción de la ilusión de que la autonomía era un proceso abierto a todas las posibilidades. Sin esperar a este pronunciamiento el Gobierno de Zapatero, siendo Montilla ministro, ha acordado impugnar ante el Constitucional la ley del Consell Audiovisual de Catalunya. El PSC votó favorablemente una de las pocas iniciativas legislativas modernizadoras de carácter específicamente catalán de los últimos tiem- pos, virulentamente atacada desde la brunete mediatica, cuando posteriormente el PSOE apuesta per neutralizarlo con el acatamiento de los socialistas catalanes. Con esta actitud aspiran a asumir la presidencia de la Generalitat, en clara involución respecto de las expectativas de cambio con que se presentaron a las elecciones del 2003.

Nunca como ahora la presión económica, mediática y política del Estado sobre las instituciones y la sociedad civil catalana ha sido tan fuerte y la respuesta tan débil. Otrora existía un contrapoder empresarial que desde Barcelona paliaba los efectos del poder político centralista, hoy esto no es así. Madrid es la capital de un estado-nación en clara expansión que no respeta el subsistema político autóctono que ha venido funcionando desde la transición ni tampoco el espacio cultural catalán que ha subsistido como referente identitario propio. Y a mayor presión, mayor claudicación: proliferan en el espacio comunicacional catalán los tertulianos locales (TV3 incluida) que apuestan por la asimilación definitiva en el conjunto español como solución a los enojosos problemas de encaje propios de épocas ya superadas.

Hay síntomas de reacción positivos en la amplia y efervescente blogesfera catalana donde proliferan iniciativas soberanistas para la superación de la actual resaca postestautaria. Entidades cívicas como la plataforma pro-selecciones nacionales catalanas mantienen reivindicaciones sectoriales con amplio eco social. La misma ERC afronta la campaña electoral con posibilidades de recomponer la base electoral que coyunturalmente se desdibujó en el referéndum. Pero falta encontrar los puntos de encuentro entre entidades, organizaciones políticas y sindicales y sectores productivos que vinculen su prosperidad a la del país para salir del callejón sin salida de la autonomía. En el pasado hubo capacidad para superar regímenes adversos a base de proponer proyectos de modernización y progreso ligados a la catalanidad. Hoy vuelve a ser imprescindible repensar la forma de afrontar la construcción nacional y la cohesión social de una nación desdibujada siendo conscientes de la crisis actual, de las proporciones de la dependencia y de las limitaciones de la correlación de fuerzas políticas presentes. -