El Gobierno del Estado español ha vuelto a lanzar un globo sonda en relación con la central nuclear de Garoña. Esta central, situada en la muga con Araba, fue inaugurada por Franco en 1971 y, de las incluidas en el plan del dictador para coser materialmente Euskal Herria (la costa y la Ribera navarra) de centrales nucleares, fue la única que llegó ponerse en funcionamiento. Salvo Garoña, aquel plan no llegó a materializarse por la gran oposición popular.El devenir de Garoña, con unas instalaciones tan obsoletas como peligrosas, ha estado plagado de sobresaltos, algunos de ellos gravísimos, como la constatación en 1982 de grietas en el reactor de la central.
El movimiento ecologista ha mantenido alta la bandera del cierre y ha conseguido que exista una conciencia generalizada a favor de la clausura de la central, forjando consensos. Las principales instituciones alavesas, entre otras, también han pedido en numerosas ocasiones el cierre de la central, pero han sido siempre ignoradas por los sucesivos gobiernos en la capital de España.
En esta cuestión, como en tantas otras que nos afectan a los vascos y vascas, han primado poderosos intereses políticos y económicos del Estado español y, por ello, la actividad de la central de Santa María de Garoña ha sido objeto de prórrogas, de forma que por el momento su autorización concluye en 2009.
El Gobierno Zapatero, pese al famoso talante, prometió el cierre de Garoña en esta legislatura, pero no lo va a cumplir. La filtración es que no se autorizará la nueva prórroga solicitada por la empresa propietaria para continuar con la actividad por lo menos hasta 2019. Ha de subrayarse la irresponsabilidad y voracidad de la empresa propietaria (cuyo capital está repartido a 50% entre Iberdrola y Endesa), ya que la actual piscina de almacenaje de los residuos radioactivos de Garoña se encuentra al 80% de su capacidad, y la previsión es que, si continúa la actividad, se saturaría para 2015. Parece que a la empresa propietaria poco le importa que esos residuos emitan radiación durante miles de años y que el coste para su almacenaje en depósitos seguros cueste miles de millones euros, porque ya se encargarán las instituciones de financiar (con dinero de todos) y solventar la papeleta.
Lo más inaceptable de la posición del Gobierno español sería que su anuncio, lejos de atender al clamor de la sociedad vasca, obedeciera a razones tácticas relacionadas con la OPA de la empresa alemana E.ON a Endesa, copropietaria de la central de Garoña. Una de las condiciones impuestas por el Gobierno español para aceptar la OPA estaba relacionada con la salvaguarda de la propiedad de las centrales nucleares, activos estratégicos que en la argumen- tación gubernamental no pueden acabar en manos de una empresa alemana. Una vez que Bruselas ha declarado ilegales estas condiciones, todo indica que la filtración podría haber tenido por objeto presionar a la empresa alemana para que aceptase de buen grado la renuncia a las centrales nucleares, incluida Garoña, que obtendría.
Ahora, la irrupción del Banco de Santander del señor Botín en toda esta operación, además de poner de manifiesto la dura pugna entre los diversos poderes económicos en este sector, añade nuevos elementos que pueden condicionar el futuro de Garoña.
Así, el Gobierno español puede estar tentado a convertir la prórroga de Garoña en un cromo a intercambiar con el futuro propietario de Endesa, y no precisamente para responder a las demandas en favor del cierre inmediato de la central por amortizada, obsoleta y, sobre todo, por insegura y peligrosa. No valen paños calientes ni maniobras a múltiples bandas. La clausura inmediata es la exigencia directa que la izquierda abertzale dirige a los responsables de que esta central se encuentre aún en activo.
Ahora bien, con el hipotético cierre de Garoña en 2009 no acabarían los problemas. Las contrapartidas a la empresa propietaria pueden consistir, como ya se ha señalado, en construirles un cementerio de residuos, que casualmente se podría ubicar en territorio alavés. Es decir, cambiaríamos una central peligrosa por un cementerio nuclear para miles de años. Por si ello fuera poco, ya se insiste también en compensar a la empresa por esa pérdida del 2% de la energía total producida con otras fuentes de producción que no serían precisamente alternativas.
Así, se hace más urgente que nunca entrar al debate de fondo, el de la energía, cómo mantener un bien tan preciado fuera de las prácticas especuladoras y monopolísticas de las grandes em- presas, como garantizar el acceso de la totalidad de la población a un derecho tan básico como la energía. Partiendo, además, de un modelo de gestión de la energía que priorice el ahorro, la eficiencia y el uso de energías renovables. Ahí es donde la izquierda abertzale asume un compromiso de trabajo y de colaboración con las diferentes instancias sociales, sindicales, políticas e institucionales en aras a construir para nuestro país un modelo energético que obedezca a parámetros bien diferentes a los actuales, y que nos posibilite abandonar así el triste papel de convidados de piedra que se ha asignado a Euskal Herria, donde las decisiones las adoptan los gobiernos estatales y sobre todo las grandes corporaciones eléctricas y energéticas. El cierre inmediato de Garoña tiene que ser un paso en ese camino. -
