Contestando al artículo de Joseba Permach y Eusebio Lasa titulado “Una ley del suelo autonómica y de derechas”, en primer lugar quiero decir con toda contundencia que las referencias en mi artículo a la plataforma Etxebizitza Guztiontzat en no culpaban a las asociaciones que la componen de los ataques que sufrieron las sedes de Ezker Batua-Berdeak. Lo que sí dije, y lo mantengo, es que algún grupo que forma parte de esa plataforma ha utilizado formas de protesta que no se corresponden con la voluntad manifestada en foros conjuntos, en los que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ha propiciado un diálogo abierto. Por el contrario, no sólo considero que la plataforma citada y la práctica totalidad de los grupos que la componen están respetando las vías democráticas para trasladar su crítica, sino que su existencia y su actividad en materia de vivienda es indispensable para que la sociedad demandante tenga una voz en un sector que quieren mantener bajo control los poderes económicos y de derechas. Y esos grupos tienen pruebas concretas del compromiso que el Departamento ha adquirido para facilitar su labor y dejarse influir por sus reivindicaciones.

Con todo, lo que no deja de sorprendernos es que los señores Permach y Lasa llamen «acciones de protesta» a la irrupción de varios encapuchados en la sede de un partido, amedrentando a la persona que allí estaba y pintando y provocando destrozos en el local. A eso, señores Permach y Lasa, se le llama asalto. Ustedes sabrán por qué tratan de ocultar el verdadero carácter de esas acciones, pero creo que deberíamos situarnos todos en el nuevo escenario al que aspiramos y reforzar los modos de relacionarnos para poder construir una sociedad más justa.

Pero yendo a la cuestión de la Ley de Suelo, quisiera lanzar un mensaje de entendimiento y colaboración a la izquierda abertzale. Es cierto que no fuimos capaces, unos y otros, de alcanzar un pacto en la tramitación en el Parlamento de la Ley, aunque dicho pacto no estuvo muy lejos. En todo caso, en próximas iniciativas lo seguiremos intentando.

Lo cierto es que la Ley está en vigor y que tiene unas potencialidades muy importantes para la izquierda si somos capaces de aprovecharlas. Como sabemos, la Ley debe ser aplicada básicamente por los Ayuntamientos, y esperamos que éstos tengan una composición más orientada hacia la izquierda a partir de las próximas elecciones, con la participación de la izquierda abertzale y con el reforzamiento de las posiciones de Ezker Batua-Berdeak y Aralar. La Ley de Suelo vasca incorpora algunas limitaciones muy significativas en asuntos clave, como la obligación de reservar suelo para vivienda protegida en grandes cantidades, el establecimiento de edificabilidades mínimas que impidan la ocupación indiscriminada de suelo, la aplicación de sistemas de gestión muy controlados por las administraciones públicas o la creación de potentes instrumentos de participación como el Consejo Asesor del Planeamiento Municipal. Junto a estos instrumentos básicos, incorpora otros que tienen un gran potencial a disposición de los Ayuntamientos.

Me refiero, por ejemplo, a la dotación residencial protegida, que puede permitir que los Ayuntamientos se hagan con la propiedad de todo el suelo sobre el que se ubiquen viviendas protegidas, de modo que en el futuro, en situaciones difíciles como la actual, las administraciones públicas vascas dispongan de unos suelos que les permitan realizar una política pública activa.

Otra herramienta de gran utilidad para combatir la especulación y el dinero negro es la definición de áreas de suelo en las que el Ayuntamiento utilizará el derecho de tanteo y retracto. Con la aplicación de este instrumento, los Ayuntamientos van a poder intervenir, incluso comprando, en todas las transacciones de suelo que se produzcan en los ámbitos que determinen. Por supuesto, las compras las podrán realizar al precio de escrituración. Es ésta una medida de gran calado para evitar la especulación.

En el capítulo de reservas, un Ayuntamiento puede elevarlas, consolidando esos suelos con la obligación correspondiente con rango de ley, sin que los propietarios puedan reclamar otra cosa. Es decir, un Ayuntamiento puede incrementar del 40% al 60% las reservas en suelo urbano y esa decisión no puede ser recurrida.

Desde la perspectiva del tratamiento del suelo agrario, la ley permite realizar reservas de esta tipología de suelo, facilitando el desarrollo de actuaciones públicas en esta materia. Esta posibilidad, ligada a las limi- taciones a la expansión residencial de los núcleos rurales o a la imposibilidad de construir viviendas en falsas explotaciones agrarias, nos hace pensar que el suelo con dedicación a fines agrícolas y ganaderos puede tener una cobertura adecuada para su desarrollo.

Y en lo relativo a la participación, creemos que las consultas populares, que también recoge la ley, deben ser utilizadas en el futuro de forma muy habitual para dirimir conflictos sobre el modo de desarrollar nuestros pueblos y ciudades. Estamos seguros que esta herramienta puede aportar unos niveles de profundización democrática que son muy necesarios en nuestra sociedad.

Y no quiero dejar de apuntar las enormes posibilidades que tiene un instrumento que, si se analiza con detenimiento, a nadie se le escapa que puede convertirse en la herramienta más potente de toda la Ley, el mecanismo que va a permitir a Euskadi acercarse a los niveles de alquiler social de otros países europeos. Me refiero, por supuesto, a las dotaciones de suelo para apartamentos en alquiler. Los propietarios de suelo van a tener que entregar gratuitamente a los Ayuntamientos una cantidad de suelo tal que va a permitir a éstos desarrollar actuaciones de apartamentos en alquiler muy importantes. Hablamos de incrementar entre un 15% y un 20% el número de viviendas que se construyan con un plan general en una tipología de alojamiento social en alquiler, destinado especialmente a la gente joven. Pero con una particularidad, y es que esas actuaciones, que se desarrollarán sobre suelos públicos, serán públicas. Las administraciones públicas vascas se van a hacer con un parque de vivienda social en alquiler de gran magnitud.

Sé que tenemos pendiente lograr un tratamiento más contundente de las viviendas vacías. No se nos olvida. La principal competencia en esta materia la tienen las Diputaciones Forales y no han querido avanzar. Pero esperamos encontrar nuevas oportunidades para trabajar esta cuestión próximamente. No obstante, los números reales de viviendas vacías en Euskadi (la información del INE no es utilizable en la práctica para la gestión de la política de vivienda) no permiten basar en su movilización la solución al problema de la vivienda en nuestro país, como pretenden algunos planteamientos simplistas.

En todo caso, y en la seguridad de que la izquierda va a ganar posiciones en las próximas elecciones municipales, creo que se nos abre un horizonte muy interesante con la aplicación de la nueva Ley del suelo. -