El debate sobre inmigración está salpicado por un auténtico ejercicio de cinismo. Con la llegada de cayucos llenos de inmigrantes a las costas canarias, cada poco tiempo se reabre ese debateen los medios de comunicación y entre los políticos. Las temerosas clases medias nos quieren hacer creer que las regularizaciones producen un efecto llamada porque se sienten invadidas cada vez que ven el telediario. Hablan de buscar soluciones de fondo y empiezan por hacerse los distraídos, aunque saben de sobra que la inmigración entra por avión y carretera y que los cayucos y las pateras son una parte minoritaria aunque sea la más dramática. Es demagogia y cara dura, porque saben que estamos ante un efecto huida de la miseria y del hambre.

Parece que nadie se quiere dar cuenta de que la inmigración no es un problema de fronteras sino de justicia. Pero es la hipocresía y el cinismo lo que no les deja hablar de hambre, de pobreza, de la corrupción política o sencillamente de la explotación. Según decía un experto europeo en temas migratorios a principios de los noventa «los tanques tendrán que mirar al sur para pararles si no se afronta en serio la fractura entre ricos y pobres». Los y las inmigrantes seguirán llegando por más muros, verjas, policías y ejércitos que pongan, porque son la consecuencia de situaciones palpables de explotación de unos países por otros.

El problema radica en la política económica impuesta por las multinacionales y, por supuesto, dirigida por el FMI. Una política de expolio y genocidio, que ayuda a sostener dictaduras sangrientas para salvaguardar sus intereses. Sin un cambio radical de esa política neoliberal no es posible encontrar solución.

El Gobierno del PSOE y el PP saben que la mano de obra inmigrante es el moderno ejército industrial de reserva para una sociedad occidental con un bajo crecimiento demográfico, el mismo ejército que se utilizará para presionar a la baja los salarios y el resto de condiciones laborales y el mismo que se sitúa en una economía sumergida de la que se nutre más del 30% del PIB.

Otro dato a tener en cuenta es que en los movimientos de población actuales se desplaza una cantidad semejante de hombres y mujeres, posibilitando así que miles de trabajadoras y trabajadores inmigrantes ocupen sectores como construcción, servicio doméstico, agricultura (sobre todo en Nafarroa) o la hostelería y trabajen en condiciones de miseria; por lo tanto, es hipócrita decir que la llegada de inmigrantes precariza el mundo del trabajo, ya que son las leyes laborales y sus diferentes reformas «negociadas» por Madrid y suscritas por CCOO y UGT las que precarizan el mundo del trabajo en general, y más concretamente el de estos colectivos.

En la última reforma de la ley de extranjería promovida por el Gobierno de Madrid ­que fue tachada por la derecha como una ley blanda y que podría suponer un efecto llamada­, se contempla un proceso de regularización. La situación de arraigo laboral y social así como el llamado contingente laboral, son las únicas vías de entrada y permanencia de extranjeros y extranjeras no comunitarios en el estado español.

Ante estas críticas el Gobierno de ZP propone al PP un gran pacto nacional para la inmigración (o contra los y las inmigrantes). El Gobierno opta una vez más por ceder ante la derecha e imponer las medidas que ésta propone: no más regularizaciones, expulsiones masivas y control militar-policial. El ministro de Justicia español decía hace unos días que «los inmigrantes ilegales no tienen cabida porque su llegada constituye un fraude a las normas de convivencia». ¿Qué normas de convivencia? ¿Las de todos esos alcaldes y ciudadanos que no quieren ver en sus calles a los pobres del mundo?

Y mientras, tanto el Gobierno de Nafarroa como el de la CAV gestionan las migajas que los españoles les dejan. Por mucho que el consejero Madrazo lo intente vender, no puede engañar a nadie, por muchos directores de inmigración inmigrantes que ponga.

Lo que debemos exigir, y es tiempo ya de hacerlo, es la derogación de la Ley de Extranjería y la construcción de formas participativas desde un nuevo marco jurídico político propio que garantice los derechos de todas las personas en Euskal Herria.

Hay que exigir políticas justas, serias y responsables, que contribuyan a la solución de los desequilibrios económicos y sociales de los países empobrecidos del mundo.

Y, sobre todo, apostar por una utilización más responsable y eficiente de muchos recursos y, posiblemente, por cambios en la forma de vida de occidente, así como por el reparto equitativo de la riqueza y un modelo de relaciones internacionales basado en la soberanía de los pueblos, la solidaridad y la cooperación internacional. -