BILBO
Según el sindicato ELA, «los objetivos y el presupuesto del Plan son insuficientes para solucionar el problema actual de la vivienda». Julene Gabiola, del gabinete de estudios de ELA, valoró ayer, en rueda de prensa, que el Plan Director de Vivienda 2006-09 «no cubre las necesidades sociales en materia de vivienda y prima la venta en detrimento del alquiler».LAB, por su parte, valora que con este Plan «se comprueba que la intervención del Gobierno Vasco en materia de vivienda ocupa un segundo plano dentro de las políticas públicas de vivienda. Una política así es socialmente injusta e ineficiente porque concede un tratamiento más favorable a quien disfruta de un nivel económico más elevado, cuando lo realmente urgente es garantizar el acceso de los colectivos que tienen más dificultades para materializar su derecho a la vivienda».
Gabiola señaló, incluso, que el Plan «llega tarde», tras haber sido aprobado «prácticamente al final del primer ejercicio de ejecución», antes de subrayar el «contraste» entre el discurso y las actuaciones concretas, para cifrar en 87.715 el número de personas necesitadas de acceso a viviendas, mientras que «sólo se prevé cubrir 30.000 necesidades en cuatro años».
En este mismo ámbito, la valoración hecha por el sindicato LAB se detiene también en cuestionar que, «aún con el cumplimiento de los objetivos» del Plan, presentado por el Departamento que dirige Javier Madrazo, «todavía estaríamos muy lejos de solucionar las necesidades de vivienda que existen en la CAPV».
En referencia a la dotación presupuestaria para afrontar este proyecto cuatrienal el Departamento de Vivienda destina 760 millones de euros, ambos sindicatos coinciden en subrayar su insuficiencia. Para ELA, el Plan «esconde una escasa dotación presupuestaria», con una tendencia continuista en el gasto público en torno al 0,3% del PIB durante los ejercicios de vigencia. Gabiola sostiene que «seguirá sin destinarse al gasto público en vivienda el suficiente dinero para garantizar el derecho a una vivienda digna».
LAB cree «urgente» realizar un mayor esfuerzo presupuestario «en lógica correspondencia con la atención que merece el grave problema de la vivienda» y reclama «un mayor incremento del gasto directo» dedicado a la misma. Para este sindicato, el esfuerzo en gasto social «se ha reducido sustancialmente en la CAPV, pasando del 20,1% del PIB en 1999, al 19,2% del PIB en 2003».
En cuanto a la movilización de vivienda vacía, al objeto de que 5.000 personas puedan acceder a las mismas, ELA no duda en calificar de «residual» el objetivo. Este sindicato expresa que «se fija como objetivo que 5.000 inquilinos puedan acceder en alquiler a una vivienda vacía. Esto es un descenso respecto a las 5.000 viviendas vacías que quería sacar al mercado el Plan anterior».
«Poca» movilización de vivienda
Al respecto, LAB plantea que desde la entrada en funcionamiento del Programa Bizigune «se han conseguido captar y poner en alquiler alrededor de 2.000 viviendas, y al finalizar el Plan Director 2006-2009 se pretende alcanzar la cifra de 5.000 viviendas, es decir, 3.000 viviendas más de las existentes. Pero el objetivo de llegar a movilizar 5.000 viviendas vacías ya lo fue en el Plan 2002-2005 y no se cubrieron sus expectativas». Para este sindicato, «urge tomar medidas de choque contra la acumulación de vivienda como inversión refugio».
Respecto a los pisos en venta (68,5% de las viviendas que prevé el Plan Director), en detrimento del alquiler (31,4%), ELA critica que esta última modalidad «tan sólo aumenta en un 16% respecto al Plan 2002-2005, mientras la promoción de viviendas para venta lo hace en un 108%, pese a que el discurso oficial incide en la necesidad de potenciar el alquiler».En este mismo capítulo, el hecho de que el Plan elaborado por el Departamento de Vivienda tenga previsto promover 8.500 viviendas de alquiler, frente a 18.500 en propiedad, lleva a LAB a recordar que «el principal eje de intervención pública en materia de vivienda no debería centrarse en proporcionar una vivienda en propiedad a los sectores sociales económicamente solventes, sino en garantizar el derecho de acceso a la vivienda para toda la población, incluida la juventud que aspira a emanciparse».
Cree este sindicato que «una política de vivienda responsable y de carácter social pasa necesariamente por priorizar la cesión temporal de la vivienda protegida frente a la transmisión en propiedad, ya sea pleno dominio o derecho de superficie».
La situación de los jóvenes
Precisamente, en relación con el ámbito de los jóvenes, la responsable del área de Jóvenes de ELA, Itziar Gabikagogeaskoa, explicó que con este Plan «no se cambia sustancialmente la situación de los jóvenes en materia de vivienda» porque el derecho a una vivienda digna «sigue sin garantizarse y se está convirtiendo en un lujo». El responsable del gabinete de estudios de ELA, Mikel Noval, lamentó que en lugar de garantizar el derecho a una vivienda digna «se facilita el negocio especulativo» y destacó que la reforma del IRPF que el Gobierno de Lakua negocia con las diputaciones forales «plantea que rentas más altas desgraven más. Es la doble vara de medir de la política neoliberal de las instituciones; a quienes tienen necesidades no se las cubren y a quienes tienen rentas altas se da un tratamiento privilegiado».
LAB se refiere a las deducciones fiscales por vivienda en el IRPF, como otro mecansimo de intervención pública en política de vivienda, para valorar que, «la justificación de los gastos fiscales viene dada porque son instrumentos de intervención pública orientados a atender determinados objetivos de carácter social y económico. Pero cada vez está más cuestionado su papel como instrumento de política social, porque favorecen en mayor medida a los segmentos de la población con más recursos, en lugar de a los más necesitados».
Lo califican de «derechas» y piden
debatirlo
Ezker Abertzalea considera que «con los mimbres de una Ley del Suelo de derechas, al señor Madrazo le ha vuelto a salir un Plan de Vivienda de derechas». Para este grupo la construcción de nueva vivienda «no resuelve el problema» y considera ridículo movilizar 5.000 casas vacías, cuando hay 100.000 en la CAV
El PSE, por su parte, ya ha adelantado su intención de presentar una interpelación para que Madrazo explique «las razones por las que no quiere debatir» el Plan. Este grupo ha criticado asimismo que un Plan que debía iniciarse en 2006, se haya aprobado en octubre. El PP se muestra favorable al acuerdo político, ya que «sin la colaboración de los ayuntamientos, el Ejecutivo no podría levantar viviendas». -
