DONOSTIA
Cinco ex trabajadoras de la casa cultura y el albergue de Gaztelu así como veinte vecinos de Tolosaldea se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por unos hechos ocurridos entre setiembre de 1999 y junio de 2000 a raíz del despido de las cinco empleadas municipales. Según la calificación fiscal, los procesados intentaron «constreñir» la voluntad del alcalde, los concejales que tomaron la decisión y los letrados que representaron al Ayuntamiento en este litigio con el fin de «lograr su readmisión laboral». Además de la Fiscalía, ejercen la acusación el Colegio de Abogados de Gipuzkoa y la letrada de Pilar Zubiarrain. Al otro lado, cinco abogados de la defensa, entre ellos,el jurista Miguel Castells.En su declaración ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Donostia, los procesados negaron las acusaciones y subrayaron que las movilizaciones que se llevaron a cabo durante ese periodo, por ejemplo, varias caravanas de coches, tuvieron un carácter meramente informativo y que en ningún momento vieron pancartas o pasquines que contuvieran las fotografías y números de teléfono del alcalde, Zubiarrain u otros ediles.
Negaron que se concentraran frente al domicilio de Zubiarrain en Altzo o ante su despacho jurídico en Tolosa o que se encerraran en el Ayuntamiento de Gaztelu, tal y como sostiene la parte acusatoria. Una de las trabajadoras la Fiscalía pide para cada una de ellas y otros tres acusados más tres años prisión y una multa de veinte meses con una cuota diaria de 12 euros, recordó que las movilizaciones comenzaron tras recibir la carta de despido y que se limitaron a informar a la ciudadanía de lo ocurrido. Señaló que, ante esta situación, pidieron asesoría técnica a LAB y que mantuvieron reuniones con el Consistorio para intentar «llegar a un acuerdo».
Otra de las imputadas declaró que «nunca» se encerró en el Ayuntamiento de Gaztelu. A este respecto, una de las empleadas manifestó que acudieron al Consistorio para «saber por qué estábamos en la calle» y rechazó que hubieran sido desalojadas por la Ertzaintza.
La cuarta empleada en declarar explicó que cada sábado iban a Tolosa, día de feria, para repartir información sobre su situación. «Teníamos derecho a trabajar como todo el mundo» remarcó la quinta.
El Juzgado de lo Social les dio la razón al considerar que el despido fue «improcedente».
Tras las ex empleadas fueron declarando el resto de los acusados. «No vi ninguna pancarta con fotos ni pasquines. Nunca me he concentrado ante Pilar Zubiarrain», resaltó uno de ellos. Un representante de LAB, por su parte, negó que dijera al alcalde que el conflicto «se endurecería» si no mantenían las conversaciones para solucionar este problema laboral.
El juicio, que continuará hoy mañana, levantó expectación mediática, que fue visible tanto en la sala como en los exteriores de la Audiencia. Varias cámaras aguardaron la salida de los acusados. Se da la circunstancia de que Zubiarrain, además de abogado, es una destacada militante del PNV.
Acusaciones «globales e imprecisas»
En la exposición de las cuestiones previas, el jurista Miguel Castells alegó vulneración del principio acusatorio, del derecho a un proceso con todas las garantías e incorrecta formación de la acusación popular. «El Supremo estableció que la acusación debe ser ‘clara y precisa’ en cuanto al hecho y al delito. Los escritos de las acusaciones son indeterminados e imprecisos», resaltó. Subrayó además que «se pretende enjuiciar por hechos que no figuran en los escritos. No pueden ser acusados o interrogados por hechos no imputados». -
