BILBO
Fuentes de la Delegación del Gobierno español en Bizkaia informaron ayer de que «los dos cabecillas de la trama han ingresado en prisión», fruto de una investigación que comenzó hace un año, cuando la Guardia Civil detectó la masiva matriculación de vehículos importados a través de la Jefatura Provincial de Tráfico de Bizkaia. Los estafadores utilizaban dos empresas vizcainas que posteriormente transferían de manera inmediata los vehículos a unas diez empresas ubicadas en diferentes provincias del Estado español.
El dispositivo montado por la Guardia Civil para la denominada «Operación Parchís» siguió el rastro a las dos empresas vizcainas que habían realizado las masivas matriculaciones de vehículos importados desde Alemania, hasta conocer sus vínculos con otras empresas implicadas en la trama.
Matriculación e IVA
Según las mismas fuentes policiales, los responsables de la red utilizaron gestorías en Bizkaia y Nafarroa para realizar las operaciones de transferencia a otras empresas mayoristas del sector de la compra-venta de vehículos importados, a las que cobraban entre el 4 y 6% del valor del vehículo.De esta forma, además de estafar a la Agencia Tributaria y a la Hacienda Pública de Bizkaia, obtenían importantes beneficios.
La Guardia Civil descubrió que a través de esas dos empresas vizcainas y de otra navarra se había defraudado el impuesto de matriculación y el IVA de hasta 2.063 vehículos de gama alta.
En la trama estaban involucradas hasta medio centenar de empresas, según la información dada por la Delegación del Gobierno español en Bizkaia.
De ellas, dos estaban dedicadas a la matriculación masiva de vehículos, cuatro eran mayoristas de compra-venta de vehículos de importación, una empresa belga hacía el trabajo de intermediaria y había otras 38 empresas a las que transferían los vehículos importados para su distribución a través de una amplia red interprovincial por el Estado español.
GARA
BILBO
La Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia contó con el apoyo de la Policía alemana para constatar que, en un breve intervalo de tiempo, las empresas defraudadoras habían realizado 125 matriculaciones de vehículos de lujo y que un porcentaje muy elevado de ellos era transferido de manera inmediata a otras empresas que actuaban como distribuidoras finales de los vehículos importados.
Además de los 31 detenidos, la Guardia Civil ha imputado a otras 14 personas por su participación en la trama. En los registros realizados consiguió abundante material informático y documentación, gracias a la cual averiguó que los pagos de los vehículos se hacían con dinero en efectivo y que las empresas de compra-venta disponían de concesionarios ubicados en todo el Estado español para vender los turismos importados.
Todos los implicados en esta red han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
La Guardia Civil ha realizado un bloqueo administrativo de 536 vehículos en la Jefatura Central de Tráfico y ha precintado otros 54 vehículos.
