La actualidad vasca corre a una velocidad infernal. Los hechos, las noticias, se suceden con tal celeridad que para cuando se intenta asimilar una nos ha caído encima otra y en ese momento se intuye ya que vendrá una más que nos hará olvidar las anteriores. Por ejemplo, los dos últimos días han sido intensísimos: auto del Tribunal Supremo contra las herriko taberna, confirmación por parte de la Audiencia Nacional del procesamiento de los dirigentes de Batasuna y un robo de armas que la Policía francesa atribuye a ETA. Y hoy mismo se producirá un debate en el Parlamento de Estrasburgo que dejará en un segundo término todo lo anterior. Es decir, los acontecimientos se concatenan, en ocasiones entre declaraciones altisonantes, y su pronta desaparición de la actualidad y su paso al archivo hacen que todos ellos parezcan igualarse en transcendencia, cuando no es así. Hay hechos que aunque en estos momentos se vean como sumamente importantes ­porque de hecho lo son en esta coyuntura­ mirados dentro de unos años, con la perspectiva que da el tiempo, quedarán relativizados.

La marcha del proceso no puede juzgarse únicamente en función de los acontecimientos de cada día, aunque éstos sean graves. Ahí están, por ejemplo, las formas empleadas por la Guardia Civil en la cumplimentación de la orden del Tribunal Supremo, que hablan de cómo afronta el proceso el Gobierno español; o la actitud de la Ertzaintza a las órdenes de un Ejecutivo que critica de- terminadas medidas pero voluntariamente las cumple y las hace cumplir a la fuerza. También resulta distorsionadora la actuación de la Audiencia Nacional, aunque sea parte del trámite procesal. Falta por saber si se confirma que ETA es la autora del robo de pistolas y revólveres en Nimes. Sin esperar a conocerlo, hubo quien ayer lo interpretó públicamente como un intento de la organización vasca de fortalecerse de cara a una negociación con el Gobierno español. Hay quien lo ve también como un gesto para volver a poner en evidencia que las cosas no discurren por los caminos acordados antes de marzo. El tiempo dirá, pero, como las actuaciones policiales o esta intervención de la Audiencia Nacional, no parece que sea nada insuperable, sino movimientos más o menos encuadrables dentro de los dientes de sierre que tiene todo proceso.

Sin embargo, hay un hecho de esta semana que sí resulta sustancial y condiciona gravemente el futuro: la determinación del Supremo de dejar claro que le corresponde a él velar por el cumplimiento de la sentencia de disolución de Batasuna, lo que incluye también la resolución sobre si una nueva formación política puede ser considerada «continuidad o sucesión de un partido disuelto». La izquierda abertzale entiende que todavía hoy el debate sobre su legalización es secundario. Que lo nuclear es afianzar las bases de la mesa de partidos y de un proceso democrático. En esas condiciones y con garantías, podría dar el paso de inscribir una nueva sigla. Y evidentemente, su ilegalización, como dijo Arnaldo Otegi, pondría el proceso en una situación irreversible.

El auto del TS es una bomba de relojería y le corresponde al Gobierno español desactivarla. En su mano tiene instrumentos para ello. El más evidente, la corrección de la Ley de Partidos. Porque aunque mañana estemos ya hablando de otra cosa, la Sala del 61 del TS seguirá ahí, esperando su oportunidad para hacer que el espíritu del “Pacto Antiterrorista” siga ganando batallas después de dado por muerto. -