El alcalde de Tolosa acaba de irrumpir en los medios como elefante en una cacharrería, pregonando el «grave conflicto» que, al pare- cer, generan los menores extranjeros acogidos en el centro de menores de esa villa. En apoyo de su afirmación cita una serie de incidentes en los que se han visto involucrados. Eso sí, a renglón seguido dice no querer caer en un «discurso racista». Su preocupación: la gente le para por la calle, y llama a «la solidaridad de Gipuzkoa con Tolosa».

Con esta entrada, la asociación de comerciantes de la villa no ha tardado ni 24 horas en hacer público un comunicado en el que llama directamente delincuentes a todos los menores allí acogidos y exime de cualquier responsabilidad a instituciones, ayuntamiento y policías, ya que «no pueden hacer más porque deben acatar la Ley del Menor».

Para la alcaldía y la asociación de comerciantes el problema está claro: tenemos enfrente a unos delincuentes y la ley (la del Menor, en este caso) nos ata las manos y nada podemos hacer. Con ese diagnóstico sólo les falta explicitar las dos únicas actuaciones que se deducen de ese discurso (y que pueden escucharse en bares y corrillos): a la cárcel con ellos o que los expulsen a su tierra.

No seré yo quien niegue la existencia de una cierta conflictividad en torno a esta cuestión, por más que no pocas afirmaciones estén sobredimensionadas y me parezca un despropósito llamar a «la solidaridad de Gipuzkoa para con Tolosa» para afrontarlo. Hay problemas, ciertamente. Y hay que responder a las justas demandas de las personas que resultan perjudicadas. Pero en estas situaciones hay dos tipos de víctimas: los ciudadanos que se hayan visto afectados por algún tipo de faltas o incluso de hechos delictivos, a quienes insisto, hay que atender, y los menores envueltos en estas situaciones. Sí, me imagino a algunos llevándose las manos a la cabeza, esos menores son también víctimas.

Este no es un hecho nuevo entre nosotros: la existencia de menores desarraigados, que padecen serios problemas y que, en ocasiones, generan una conflictividad que acaba pasándoles factura con el paso de los años mucho mayor que la que padece quien es víctima de alguna falta u atropello. Y precisamente por ello hay instituciones obligadas por ley a abordar este problema como un problema social. Y por ello hay una Ley del Menor que trata de velar para abordar esta problemática como otras existentes en nuestra sociedad. Porque no lo olvidemos, son menores.

¿Dónde está la particularidad en este caso? No me cabe duda: en esta ocasión, son jóvenes extranjeros los que están involucrados. Y aquí se disparan todos los demonios racistas (aunque no se quiera reconocer) y las soluciones fáciles. Porque, sin entrar en una guerra de cifras, es evidente que la inmensa mayoría de menores implicados en hechos antisociales son menores autóctonos. Pero eso, hasta ahora, no ha generado alarma social ni protestas como éstas.

Las manifestaciones que se han vertido en los medios de comunicación no ayudan, para nada, a intentar resolver los problemas. Al contrario, los reducen a esquemas criminalizadores de unos menores extranjeros, enquistan a la opinión pública (jaleada encima, en ocasiones, por autoridades y medios que deberían cumplir otra función) alentando posturas xenófobas y buscan intervenir con medidas de fuerza allí donde la labor de las instituciones es más necesaria que nunca. Una labor que precisa de la cooperación de todos los agentes implicados, de la implicación de las instituciones responsables, poniendo todos los medios necesarios para que se cumpla lo que mandan las leyes (que no suelen ser, precisamente, el colmo del progresismo) y del debate sereno de todos porque son problemas, por lo general, que precisan de soluciones complejas y dilatadas en el tiempo.

En SOS Racismo venimos trabajando hace tiempo en estas cuestiones y, conscientes de los problemas que se están planteando ahora en Tolosa, estamos decididos a implicarnos en la búsqueda de soluciones. Si las instituciones de una comunidad como la vasca, con unos altos índices de bienestar y de renta, y con una autoimagen progresista, alejada de planteamientos discriminatorios, no es capaz de afrontar un problema de la (pequeña) envergadura del que estamos hablando, apaga y vámonos. Y no hay que buscar soluciones mágicas. Hay suficientes conocimientos y educadores para abordar estos problemas. Hace falta voluntad institucional para poner medios y una sociedad que reaccione ante estos menores como lo que son, también nuestros menores. -