MADRID
La Audiencia Nacional española ha dejado visto para sentencia el primer juicio por las llamadas «redadas preventivas». En la vista de ayer la defensa finalizó de exponer sus informes de conclusión solicitando la absolución de los dieciocho acusados. Semanas antes, el fiscal ya anunció que había decidido mantener las penas reclamadas inicialmente, de ocho a once años de prisión, aunque en su informe admitió de forma explícita que se trataba de una cifra elevada y planteó al tribunal la opción de que fuera rebajada en la sentencia.
La supuesta documentación conseguida en Tarbes y en Bergerac, tras la detención de presuntos «responsables del aparato militar y de captación ETA» constituye el único material que las acusaciones admiten tener para tratar de acusar de relación con la organización armada a los dieciocho ciudadanos vascos sentados desde el 7 de setiembre hasta ayer en el banquillo de la Audiencia Nacional. Otro tanto ocurre con otros 85 ciudadanos vascos más, ya que con esta supuesta documentación desde febrero del 2003 a julio del 2005 han sido siete las redadas llevadas adelante, con un balance total de 116 detenidos, 70 encarcelados y 1.057.000 euros en fianzas.
Suposición policial
Todo ello ha llegado a su primer juicio, el momento de probar las acusaciones, pero la suposición policial ha sido la gran protagonista de este juicio.Tal y como han denunciado numerosas veces los letrados defensores, la base de la acusación contra estas dieciocho personas, al margen de los supuestos listados de nombres, son sus declaraciones policiales, y en algunos casos ni siquiera eso. Estas declaraciones no fueron ratificadas ante el juez y la mayoría de los acusados detallaron haber sido objeto de torturas.
La primera pieza de este macrojuicio finalizó ayer y los 18 acusados (dieciséis de ellos llevan casi cuatro años en prisión) quedan ahora a la espera de la sentencia, que será precedente en los siguientes juicios «preventivos».
