IRUÑEA
El Juzgado de Agoitz ha dado por finalizada la instrucción de la principal causa abierta por supuesta corrupción contra el ex alcalde de UPNen Eguesibar Ignacio Galipienzo. Confirma en él que serán juzgadas por ello diez personas, entre las que destaca también la presencia del Emilio Izquierdo, que fuera director general de Industria en uno de los gobiernos liderados por Miguel Sanz.Ahora se abre un plazo de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones particulares presenten sus escritos. A tenor del contenido del auto judicial conocido ayer, todos serán juzgados por «cohecho» bien en grado de autores o de cooperadores. Unicamente uno de los investigados inicialmente, Raimundo Cid, ha quedado exonerado de responsabilidad en esta fase.
Las mayores imputaciones se dirigen contra Galipienzo, a quien este auto atribuye un delito de «cohecho» y seis de «prevaricación» al entender que cuando ejercía de primer edil en Eguesibar «recibió comisiones» de la constructora Flores para favorecer la venta de una parcela a Apartamentos Gorraiz «como suelo de uso residencial [querían hacer un apartahotel] cuando en realidad tenía uso escolar»
Se indica que las comisiones percibidas proceden de la venta en octubre de 2002 de una parcela de Gorraiz, llevada a cabo entre Construcciones Flores y Salud Laboral 3000, empresa que la vendió el mismo día a Apartamentos Gorraiz. Y que ese dinero llegó al patrimonio de Galipienzo a través de sociedades «interpuestas al efecto».
Las seis imputaciones de prevaricación se corresponden con otras tantas decisiones del alcalde calificadas por el instructor como «arbitrarias, a sabiendas de su injusticia», como el nombramiento de Nuria Alas como arquitecta municipal o la adjudicación a varias empresas de concesiones administrativas de diversa índole.
Otros imputados
A la esposa de Galipienzo, Eva Iglesias, se le considera conocedora de los hechos tanto por su parentesco como por ser dueña de una de las sociedades interpuestas.Se imputa además a Concepción Flores, propietaria de la constructora;José Javier Iribarren, por cooperar en la venta de la parcela; Oscar Pérez y Luis Galo, como supuestos conocedores del cohecho;Emilio Izquierdo, consejero delegado de una de las sociedades interpuestas, por rescindir un contrato después del estallido del caso; José Luis Ruiz, por «favorecer el cobro»; la arquitecto municipal Nuria Alas, que firmó un informe favorable al apartahotel;y el asesor legal del Ayuntamiento Jesús Marco.
