Patrick Connolly era un albañil de 23 años que murió en octubre de 1972 a consecuencia de la explosión de una granada lanzada por el grupo lealista UVF contra la casa que compartía con su familia en Portadown. Patrick Moloy, un funcionario católico de 46 años y Jack Wylie, un miembro de la Orden de Orange, murieron a consecuencia de la explosión de una bomba del UVF en el bar Trainor’s en el condado de Armagh.

Estos son dos casos muy distintos con algo en común: la sospecha de connivencia de las Fuerzas de Seguridad con los paramilitares lealistas del UVF en las dos acciones.

Casi treinta y cuatro años después, una investigación independiente realizada por un grupo de expertos en derechos humanos afirma que existen pruebas «significativas y creíbles» de la connivencia de las Fuerzas de Seguridad en el norte de Irlanda ­Policía y Ejército británico- en la muerte de 74 personas en los años setenta.

La investigación se llevó a cabo a petición del Centro Pat Finucane, una organización de derechos humanos de Derry. El grupo de investigación ­que incluye a Douglas Cassel, un académico de la universidad estadounidense de Notre Dame y a un investigador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, Piers Pigou­ exigió al Gobierno británico que inicie una investigación independiente para examinar hasta qué punto en la cadena de mando la connivencia fue autorizada por oficiales de las Fuerzas de Seguridad y funcionarios del Estado británico.

LA ACCION MAS MORTIFERA

Entre las posibles operaciones aprobadas y realizadas por lealistas con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad norirlandesas y británicas se incluyen las bombas de Dublín y Monaghan, que el 17 de mayo de 1974 costaron la vida a 33 personas, la cifra más alta de muertes en una acción durante los treinta años del conflicto.

Los investigadores, que analizaron 25 acciones lealistas durante los años más duros del conflicto en el norte de Irlanda, llegaron a la conclusión de que responsables de la Policía norirlandesa (RUC) conocían y aceptaban la connivencia de miembros de la fuerza policial con grupos paramilitares lealistas. Asimismo, los expertos consideran que altos funcionarios del gobierno británico también tenían pruebas de la existencia de connivencia entre Fuerzas de seguridad y lealistas desde 1973, pero nunca intervinieron para ponerle fin.

Ambas afirmaciones se recogen en un informe de 115 página, que ha sido presentado esta semana en Belfast y en Dublín. En el documento se afirma que «evidencias creíbles indican que los superiores de oficiales extremistas y violentos en las filas de la RUC sabían de sus crímenes sectarios, pero fallaron a la hora de prevenirlos, investigarlos o castigarlos» y por el contrario, el informe añade que los mandos de la Policía norirlandesa realizaron declaraciones que parecían condonar la participación en esos crímenes. Los investigadores apuntan a que incluso en 1978, cuando John Weir y otro miembro de la Policía confesaron su participación en acciones de connivencia con lealistas, la investigación y los cargos presentados a consecuencia de esta fueron «inadecuados».

El informe recoge testimonios de, entre otros, el oficial de espionaje del Ejército británico Fred Holroyd, el ex-funcionario Colin Wallace y dos antiguos miembros de la RUC, John Weir y Billy McCaughey, y los investigadores se reunieron con representantes de tres organizaciones que representan a victimas del conflicto.

REFORMAS INSUFICIENTES

Los investigadores también analizaron las reformas introducidas por el Gobierno británico, y las calificaron de positivas pero «insuficientes» para realizar una investigación en profundidad que llegue al corazón de la política de connivencia, ya que la defensora del pueblo, Nuala O’Loan, no tiene suficientes poderes y el Equipo de Investigación Histórica, creado por el jefe de la Policía norirlandesa, Hugh Orde, no cumple con los mínimos estándares internacionales para este tipo de investigación.

El informe exige la creación de un equipo independiente de investigación, asi como el reconocimiento por parte del Estado británico de su responsabilidad en las acciones sectarias en las que se establezca la existencia de connivencia.

Asimismo, los investigadores han revelado que durante la investigación se les dijo que la Policía de la república irlandesa no cooperó en investigaciones relacionadas con la participación de republicanos en la muerte de protestantes en el norte de Irlanda, y confirmaron que la información ha sido entregada a las autoridades irlandesas, ya que las acciones de connivencia en el sur de Irlanda no formaban parte de los términos de referencia de su investigación. -

DUBLIN