El TSJPV se resiste a dejar de disfrutar gratuitamente de viviendas públicas
El Gobierno de Lakua ha decidido que cinco jueces y fiscales que ejercen en la CAV dejen de disfrutar de una vivienda pública de modo gratuito. Una concesión que ya revocaron hace muchos años el Ministerio de Justicia español y «casi todas las comunidades autónomas». Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pedirá un informe a la Abogacía del Estado sobre la «legalidad» de la medida. En el trasfondo de todo, la querella contra Ibarretxe.
BILBO
La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó ayer, por unanimidad, solicitar un informe de la Abogacía del Estado español sobre la «legalidad» del acuerdo adoptado por el Consejo del Gobierno de Lakua del pasado 26 de setiembre de 2006 mediante el cual se decretó que altos cargos de la Judicatura y de la Fiscalía dejen de disfrutar gratuitamente de cinco viviendas de propiedad pública. Al parecer, la medida entraría en vigor según vayan venciendo los actuales mandatos. Así lo explicó la directora de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno autonómico, Inmaculada de Miguel, quien informó de que se ha establecido «un régimen transitorio para los cargos que actualmente están disfrutando de estas viviendas». Este tipo de decisiones no son novedosas en el Estado español. El pasado jueves, Juan Carlos Campo, vocal del Consejo General del Poder Judicial, explicaba en una conferencia que el Ministerio de Justicia decidió retirar las viviendas a los altos cargos judiciales «hace doce o catorce años» y que lo mismo hicieron luego «casi todas las comunidades autónomas». Pero el asunto ha causado una gran revuelo porque sectores judiciales, políticos y mediáticos han ligado esta decisión con la querella abierta contra el lehendakari por reunirse con Batasuna, extremo rechazado por el Ejecutivo autonómico con el argumento de que el acuerdo para retirar los pisos gratuitos se adoptó antes de que se admitiera a trámite la denuncia contra Ibarretxe.
Azkarraga: «Mejor antes»
Javier Madrazo, consejero de Vivienda de Lakua, tachó ayer de «amoral y abuso de poder» la decisión de la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJPV. «Defender, en un sistema democrático y un Estado de Derecho, la vigencia de estos privilegios, es un auténtico escándalo público impropio de quienes deben impartir justicia desde la independencia y la imparcialidad», sentenció.Madrazo calificó de «insulto» a la ciudadanía que haya jueces y fiscales que reclamen como un derecho «disfrutar de una vivienda a cargo del dinero público», teniendo en cuenta que hay decenas de miles de personas con ingresos muy inferiores y que están «inscritas en Etxebide para acceder a un piso protegido». El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, añadió por su parte que «no se trata de una venganza» sino de una cuestión de justicia. Citó que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hay en torno a 200 jueces y fiscales «que pagan de su sueldo las hipotecas y los alquileres». Azkarraga también dejó un espacio para la autocrítica:«De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes».
Zenarruzabeitia culpa a la Ley de Partidos al presentar el recurso en el Constitucional
MADRID La vicelehendakari Idoia Zenarrutzabeitia se desplazó ayer hasta Madrid para interponer en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante la querella admitida a trámite en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el lehendakari y los mahaikides de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena. Posteriormente, Zenarrutzabeitia ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que los «efectos antidemocráticos» de la «mal llamada» Ley de Partidos son el «origen de situaciones como la que nos ocupa». La vicelehendakari consideró que se ha encausado penalmente a Ibarretxe «por ejercer sus derechos de participación política» y reunirse con representantes abertzales con el objetivo de «la búsqueda de la pacificación y la normalización política». A su juicio, una reunión política «nunca puede ser un delito», por lo que mostró su esperanza de que el recurso «se admita a trámite, se anule el auto del TSJPV todo ello en el tiempo más breve y se restauren los derechos más fundamentales del lehendakari». La número dos del Ejecutivo subrayó que «el Poder Judicial no puede gobernar, aunque el Ejecutivo esté sometido al control jurisdiccional», y acusó «a parte» de la judicatura de actuar con «impulsos políticos». Ibarretxe critica la «militancia patriótica» de
algunos jueces
El creciente malestar del Ejecutivo de Lakua con la judicatura tuvo su reflejo también ayer en el Parlamento de Gasteiz. En una de sus intervenciones, Juan José Ibarretxe criticó a los magistrados que, «amparándose en una militancia patriótica, realizan juicios políticos que deslegitiman la Justicia». Añadió que la división de poderes ha quedado «rota» por la decisión de encausarle por hablar con Batasuna: «Se han suspendido los derechos del lehendakari». Ante una interpelación del PP, Ibarretxe dijo que Lakua no critica a todos los jueces, sino a algunos que «quieren quedar como patriotas de su propia gente». -
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