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Gara > Idatzia > Jendartea 2006-11-14
El PSE es partidario de que el Plan de Vivienda se pacte con los constructores
El PSE mostró ayer su posición respecto al nuevo Plan Director de Vivienda. Tras calificarlo como «manifiestamente mejorable y claramente insuficiente», abogó por debatirlo en la Cámara de Gasteiz y llegar a un acuerdo con Lakua, al igual que ocurriera con la Ley de Suelo. También apostó por la implicación de los constructores.

GASTEIZ

El portavoz del PSE en materia de Vivienda, Jesús Loza, abogó ayer por pactar con los constructores el nuevo Plan Director de Vivienda 2006-2009 del Gobierno de Lakua. «Vamos a tratar de pactar con los constructores, ya que cuando hay acuerdos con ellos las cosas van bien», manifestó. Añadió que su grupo exigirá la implicación de Eudel así como de las diputaciones, «para pactar sobre la fiscalidad», con estas últimas. También propondrá que se duplique el dinero destinado al Departamento de Vivienda en los Presupuestos de 2007.

Estas son algunas de las propuestas más destacadas que el PSE trasladará al debate monográfico sobre este plan, que según Loza, se llevará a cabo a principios del año que viene, después de que este mes se apruebe la proposición no de ley en la Cámara de Gasteiz. PP y Ezker Abertzalea ya han anunciado su voto favorable.

El portavoz del PSE en materia de Vivienda denunció, en este sentido, la «cobardía» del consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua, Javier Madrazo, ya que «a pesar de ser de izquierdas no quiere que el Plan se debata en el Parlamento», indicó. A su entender, tanto Madrazo como el lehendakari, Juan José Ibarretxe, «hurtan este debate a la ciudadanía».

Condiciones

Aún así, Loza ofreció al Ejecutivo de Lakua un pacto para mejorar dicho plan de vivienda, que considera «manifiestamente mejorable y claramente insuficiente». Advirtió, no obstante, que el aumento del gasto en vivienda va a ser una de las exigencias que va a plantear para apoyar los presupuestos para el año 2007. Criticó que la media de incremento del Departamento de Vivienda para el año que viene es del 3%, «por debajo del crecimiento de la economía, de la inflación y del conjunto del presupuesto del Gobierno, algo imposible». A su juicio, dicho dato refleja que «la vivienda no es una prioridad para este Gobierno».

Recordó que en el nuevo plan se prevén construir 27.000 viviendas de protección oficial en cuatro años, «a las que hay que añadir las soluciones de habitaciones y las viviendas de segunda mano, con lo que se llegaría a las 33.000 actuaciones en cuatro años», subrayó, al tiempo que aseguró que las necesidades nuevas son de 10.000 al año, «por lo que cada año la necesidad se incrementará en 1.700».

Dijo, al respecto, que «sucederá lo que ha sucedido con el anterior plan, que es que la demanda se ha incrementado», y se ha pasado de 110.000 personas en 2001 a 134.000 en diciembre de 2005. Loza sostuvo, asimismo, que este año se iban a hacer 5.000 pisos y apuntó que en junio sólo iban 2.200. «Con el nuevo plan se deberían hacer 7.300 al año en los próximos 3 años para llegar a las 27.000», concluyó.



Lakua inicia ocho expropiaciones de VPO

BILBO

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua ha inspeccionado desde febrero de 2005 un total de 17.182 viviendas de protección oficial. Ha impuesto 138 sanciones, por una cuantía total que asciende a 302.294 euros. Ha iniciado, además, ocho expropiaciones tras detectarse irregularidades en el uso de la VPO. Cinco en Araba, una en Bizkaia y dos en Gipuzkoa.

Estos y otros datos fueron ofrecidos ayer en Bilbo por el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, quien señaló que desde que comenzó a funcionar este servicio de inspección y seguimiento del uso de la VPO y hasta finales de este año, está prevista que se revisen 20.000 pisos.

Antes de que concluya el año 2009, el Departamento de Madrazo espera haber inspeccionado el total del parque de pisos protegidos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que ronda las 50.000 viviendas.

Según Madrazo, el nivel de indicios de irregularidad en el uso «se sitúa en torno al 9%, que se traducen en la no ocupación de la vivienda, el alquiler no autorizado y en la compra-venta no autorizada».


 
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