MADRID

Antes de ceder la palabra a su compañera Jone Goirizelaia, el letrado sacó a relucir una norma interna de la Policía española, en el que se detalla el organigrama de este cuerpo policial, y donde se especifica que quienes hacen los informes periciales son los miembros de la Comisaría General de la Policía Científica, y no los de la Comisaría General de Información, a la que están adscritos los agentes de la UCI. A estos, les encomienda la labor de «gestión operativa e investigación de la información que llega a su poder». Nada se dice de elaborar informes periciales.

«¿Por qué llaman ustedes pericial a algo que no lo es?» preguntó Landa al agente 16586, subrayando que en el caso de la Policía Científica se hace mención expresa de su carácter.

El letrado preguntó también sobre el método utilizado por estos «peritos» en su labor. «La objetividad, la profesionalidad, la experiencia...» intentó responder el interrogado.

Landa, sin embargo, explicó que recientemente se ha elaborado un manual para uso de la Policía Científica, en el que se detallan las normas a seguir para hacer un informe pericial, en el que constan incluso recomendaciones del secretario de Estado. Sobre todo esto, el agente de la UCI no tenía idea, y Landa pidió a la Sala que solicitara esas normas para compararlas con el procedimiento seguido por estos «peritos».

Cuando Goirizelaia preguntó en su turno por la metodología seguida, y repasó la normativa citada por su compañero, le replicaron que «lo que hemos aplicado son las técnicas de investigación policial, las que llevamos aplicando toda la vida».

Los letrados también pusieron en cuestión la formación académica de los «peritos» y, especialmente, la del 16586, el responsable de la sección socioeconómica de la UCI. Resulta que admitió no poseer más estudios que los derivados de su actividad policial, y que no tiene titulación sobre materia económica ni jurídica.