El Tribunal Supremo español acoge hoy la vista judicial para analizar los recursos inter- puestos tanto por la defensa como por las acusaciones ­Fiscalía y AVT­ contra el fallo que la Audiencia Nacional emitió en junio de 2005 sobre el caso «Jarrai-Haika-Segi». Esta sentencia condenó a 24 jóvenes vascos a penas de cárcel entre dos años y tres años y medio, y determinaba como «ilícita» a la organización juvenil Segi. Ahora, todas las alarmas se han encendido sobre las consecuencias que se pueden derivar de la sentencia que se dará a conocer en menos de un mes. Ibon Meñika, que ejerció como portavoz de los encausados en el juicio, charla con GARA sobre la situación, los efectos de la vista y la posible sentencia.

­¿Cómo se contempla la vista que se celebra hoy en el Tribunal Supremo?

Lo que está en juego, más allá del futuro de los imputados, es uno de los temas que se ha situado en el panorama político:la ilegalización. La sentencia contra Segi pretenden aplicarla a todas las organizaciones y entes que están en tela de juicio o que ya han sido ilegalizadas por el Estado español. Y teniendo en cuenta que nuestro juicio fue el primero, lo que significaba que se convertiría en una especie de prueba de laboratorio, lo que se va a derivar de esta vista es la propia orientación del Estado español en el tema de la ilegalización, pero, sobre todo, de cara a la resolución del conflicto político, que es lo que en el fondo está encima de la mesa. A partir de ahí, también es verdad que la que está siendo juzgada es la organización Segi, y que se juzga por tanto el intento de Madrid de imponer de qué forma deben organizarse los jóvenes en torno al proyecto político de la independencia y el socialismo.

­Teniendo en cuenta el desarrollo del juicio y la sentencia de la Audiencia Nacional, en la que la teoría de Garzón fue desechada, ¿cómo se valora que la Fiscalía haya decidido la petición de «terrorismo»?

En su momento el Estado español emprendió una apuesta concreta contra Euskal Herria y toda aquella fuerza que cree y se quiere sumar a una construcción nacional del país. Y para ello puso en marcha toda una batería represiva para gestionar el aniquilamiento del día a día y el futuro de este país. La segunda vuelta de ello son los macrojuicios. En el nuestro quedó patente que todo aquello era un montaje político, jurídico, mediático y policial. Pero lo que verdaderamente quedó de manifiesto era que el Estado español no está legimitimado para juzgar a los jóvenes vascos y a Euskal Herria. Fuimos a ser juzgados, pero al final fueron la Audiencia Nacional y el Estado español los juzgados. Ahora el PSOE gestiona la apuesta represiva que en su día comenzó el PP, y esta vista es también reflejo de ello. Además, en Euskal Herria nada es casualidad, y estamos en un contexto en el que tiene muchísimo menos sentido que la Fiscalía mantenga esa petición.

­Ha habido medios de Madrid que han señalado que detrás del mantenimiento de la petición de la Fiscalía hay una decisión del PSOE de poner freno al desarrollo del proceso.

Esa afirmación puede tener su lógica por el mero hecho de que la Fiscalía siga manteniendo su tesis de «organización terrorista». Es verdad es que la gestión represiva que ha realizado el PSOE en estos meses no augura una voluntad de impulsar el proceso, pero también es cierto que la pelota sigue estando en el tejado del PSOE y del Estado español. Quien ha gestionado esa represión tendrá que solucionar esa situación para mostrar una voluntad clara y nítida.

­La misma defensa ya ha alertado de que la sentencia que dictará el Supremo creará un precedente aplicable a otros sumarios...

Sí. No fue casualidad que fuéramos los primeros, aunque según su tesis no tenía sentido porque supuestamente es el 18/98 el sumario matriz que sustenta la acusación judicial. En su día a eso se le dio la vuelta, y ello prueba que son conscientes de la capacidad movilizadora y del compromiso de la juventud. Pero una vez que el Supremo marque un precedente, ¿qué sentido van a tener los demás macrojuicios o que los imputados del 18/98 sigan acudiendo al juicio, si ya, supuestamente, estarán marcando cuál va a ser la condena?

­Desde una óptica personal y como joven vasco, ¿cómo se afronta esta vista de hoy?

A nivel personal hay una incertidumbre grande, porque a pesar del sinsentido que supone ha tenido un desarrollo en el que el Estado español ha estado constantemente con una intencionalidad política clara: aniquilar a Segi y con ello tu propia identidad como persona activa dentro de ese proyecto político. La juventud más comprometida de Euskal Herria ha sido perseguida durante años por diferentes medios. Esta fase represiva puede suponer un punto de inflexión para crear un precedente. Y no sólo contra nosotros o contra Segi, sino de cara a las generaciones venideras que tienen todo el derecho de organizarse en torno a un proyecto político viable que ven necesario para este país, de modo que sigan siendo perseguidos con una nueva cobertura jurídica y una sentencia. Esto conlleva la necesidad de no aceptar la sentencia, sea cual sea, porque el Estado español no es nadie para decidir cómo debe organizarse la juventud vasca. Por lo tanto, marcar un «stop» debe ser la apuesta que hay que poner encima de la mesa. Lo que está en juego es el futuro del país, y Euskal Herria tiene que alinearse en la defensa férrea del derecho de Segi a organizarse como tal y de defender un proyecto político. La actitud que está manteniendo la juventud vasca, y parte de la sociedad, es el mayor aval para demostrar que si seguimos por ese camino podemos conseguir que las imposiciones judiciales no tengan sentido en Euskal Herria. -