La reforma de la incapacidad temporal por bajas recortará derechos a los trabajadores
La reforma de la incapacidad laboral, tanto por contingencias comunes como profesionales, supondrá un nuevo recorte de derechos para los trabajadores, ya que se reduce de treinta a veintiún meses, como máximo, el período de recuperación de la salud. Las altas médicas las concederá la Seguridad Social, pero no el médico de atención primaria. Mutualia organizó un debate en Bilbo donde no quedó constancia empírica de que haya un fraude generalizado en las bajas laborales. Con estas medidas se trata de reducir el coste económico, pero no de mejorar la salud de los trabajadores.
BILBO
Los cambios previstos en la reforma de las bajas laborales por contingencias comunes y profesionales por incapacidad temporal (IT), que se inscriben dentro de la legislación de la Seguridad Social, supondrán un recorte más para los trabajadores y mayores dificultades para disponer de períodos de baja que permitan la recuperación total de su salud, según se desprende de los resultados de la negociación en Madrid entre el Gobierno español, la patronal y CCOO y UGT.Bajo la excusa de «racionalizar» el gasto por esos conceptos, como dijo el director general del Instituto de la Seguridad Social (INSS), Fidel Ferreras, se reduce la duración de las bajas, que pasarán de un período máximo de treinta meses a dieciocho meses y, de forma excepcional, se podrán conceder tres meses más, con lo cual se llegaría a veintiuno. Otra modificación importante, a partir de la aprobación definitiva del texto legislativo, será que el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el facultado para dar las alta médicas una vez que transcurran los doce meses de baja, en vez de visarlo el sistema sanitario público de Osakidetza u Osasunbidea, como se hace en este momento. También tendrá la posibilidad de iniciar un expediente de Incapacidad Permanente o conceder una prórroga extraordinaria de seis meses antes de llevarlo adelante. Todo estará bajo un control exhaustivo de las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales, que podrán requerir altas médicas o incapacidades permanentes en cualquier momento del proceso de baja laboral. Estas son algunas de las numerosas modificaciones que se prevén para el futuro inmediato. Mutualia y APD Zona Norte organizaron una jornada en el Palacio Euskalduna en la que se debatió sobre esos cambios. Contó con la presencia del director general de la Seguridad Social, Fidel Ferreras, quien enfatizó que la reforma del articulado del sistema de bajas médicas ahonda precisamente en el ahorro económico para la Seguridad Social, aunque también consideró que con esos plazos «son suficientes para ver si la baja del trabajador va a más y debe obtener una incapacidad permanente». Ibon Zubiela, secretario nacional de Salud Laboral del sindicato LAB, confirmó a GARA, una vez finalizada la jornada, que se prima más el aspecto recaudatorio de la Seguridad Social que la profundización de las garantías de la salud de los trabajadores en los puestos de trabajo. Este elemento también fue destacado a este periódico por la responsable de ELA, Janire Domínguez, quien criticó que «algunos sindicatos» firman este tipo de modificaciones legislativas en perjuicio de los trabajadores.
No hay fraude generalizado
En la jornada del Palacio Euskalduna quedó constancia de que ni los trabajadores ni los médicos de atención primaria están generando fraude en cuanto a las bajas laborales, como culpan los empresarios y determinadas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También quedó constancia de que el coste más elevado de la incapacidad temporal en Hego Euskal Herria obedece a que los trabajadores vascos cotizan más. Fidel Ferreras, director general del Instituto de la Seguridad Social, situó el debate de forma inicial en el aspecto económico, que es el elemento principal que ha movido la reforma. «El gasto de las bajas laborales dijo se ha disparado. No conozco ningún caso en la UE que pueda mantener crecimientos del 12% y 14%, como se están produciendo, salvo en 2005 que se redujo al 8,87%». Según los datos que aportó, el coste de una incapacidad temporal media por persona en el Estado español se encuentra en 31,7 euros al día, mientras que «en el País Vasco llega a los 45 euros. La explicación se encuentra en el alza en la base de cotización de los trabajadores vascos». También constató Ferreras que el alza del gasto no sólo se explica por un aumento económico de las bajas, sino también por el elevado envejecimiento de la población «más propensa ya a enfermedades y bajas en el trabajo» y, por otro lado, por el incremento en las bases de cotización que se ha producido». El director general del INSS afirmó que «es necesario frenar este crecimiento desbocado del coste de la IT. Apostamos por las modificaciones legislativas porque el INSSno es el guardián de la economía, pero como gestora tiene que pensar en la objetividad para que los ciudadanos tengan derecho a la protección social». Según los datos presupuestarios del Gobierno español, en 2007 el coste de las bajas laborales ascenderá a 7.312,77 millones, por encima de los 6.655,68 millones previstos en el gasto de este año 2006. Por otro lado, Xabier Elexpe, jefe de Inspecciones Médicas del Departamento de Sanidad del Gobierno de Lakua, criticó la pérdida de atribuciones que se producirá con los médicos de atención primaria de Osakidetza, puesto que ya no serán los responsables de otorgar las bajas laborales por enfermedad común o profesional, sino el INSS. «El médico de atención primaria es un profesional insustituible» y, por otro lado, señaló que «se acusa de fraude generalizado en las bajas laborales y no hay un sólo estudio riguroso que lo cuantifique». Dejó claro que «el médico de Osakidetza da credibilidad al paciente en cuanto a la recuperación de la salud. Ante la duda, sale en defensa del trabajador». Criticó que con las modificaciones de las bajas laborales «haya mucho interés» en obtener mejores resultados económicos, pero no se profundice «en conocer el desarrollo de unas u otras patologías que llevan a la baja». Elexpe afirmó que la nueva normativa «es de baja calidad» y «supone un recorte de prestaciones». A la vez señaló que«lo que antes hacían los médicos de atención primaria, lo van a hacer los del INSS, que tampoco son infalibles» y criticó la actitud de la Seguridad Social «por desconfiar del sistema público de salud». Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, reconoció que «el contexto normativo es complejo, alguno de mis colegas dice que es caótico y desordenado». Dijo que es difícil conocer con exactitud la normativa ante los continuos cambios que sufre, mientras que se mostró crítico con el concepto que se había trasmitido desde la Seguridad Social de que «a más control, menor gasto». Afirmó que los cambios complejos que se avecinan van «en contra de la salud de los trabajadores» y vaticinó que «a los jueces no nos va a faltar trabajo».
«CCOO y UGT vendenlos derechos laborales»
J. BASTERRA
BILBO
ELA y LAB rechazan los cambios, porque supone «un retroceso» con las condiciones actuales, según coincidieron por separado Janire Domínguez e Ibon Zubiela, respectivamente. La responsable de ELA afirmó a este diario que «está guiada por principios economicistas» y dudó de que «las medidas mejoren la situación». También criticó que los cambios obedecen a una tesis «injustificable» de evitar el fraude y lamentó que entre las medidas se evita, «en algunos casos» la cotización de los trabajadores en baja «lo que le perjudica directamente, sobre todo, porque normalmente son los de más avanzada edad y que tienen la jubilación próxima». Zubiela, igual que la sindicalista de ELA, criticó de
forma directa el «diálogo social en Madrid, porque CCOO y UGT están vendiendo
los derechos de la clase trabajadora» y están primando «el centralismo» y «la ofensiva del capitalismo más salvaje, que se dirige a la privatización de la salud». En este caso, afirmó que «estas modificaciones están primando los intereses económicos y no la salud de los trabajadores. Se prima las cuentas de resultados, mientras los trabajadores siguen muriendo y tienen bajas prolongadas».
Derecho de los trabajadores a proteger su intimidad
J. BASTERRA
BILBO
En las intervenciones de Andrés Trillo, jefe del
Servicio Jurídico del INSS; de la subdirectora general de Gestión de las
Prestaciones a Corto Plazo, del INSS, María Dolores Santamaría, y de la
directora de Asuntos Jurídicos de Mutualia, María Luisa Ortiz, surgieron
numerosas dudas que, en algunos casos, resolvió de forma directa el director
general Fidel Ferreras. Así, éste reconoció ante una pregunta de un empresario
sobre si alguna vez los responsables de los centros de trabajo podrían conocer
«por qué falta un trabajador y qué patología tiene».
Ferreras dijo que los trabajadores están amparados por
la Ley de Protección de Datos y que, por lo tanto, los datos médicos también se
encuentran bajo la misma, aunque señaló que «un empresario puede saber si el
trabajador está apto o no para el trabajo, sin más». También afirmó que el
pasado martes al mediodía los negociadores de la reforma alcanzaron un acuerdo
que indica que «una vez que el trabajador tiene el alta médica otorgada por el
equipo del INSS, tendrá que volver al trabajo».
En la actual normativa se le permitía seguir de baja,
pero no recibir las prestaciones económicas, si el médico de atención primaria
no le otorgaba el alta médica total. «Se elimina del texto lo que dice de
‘solamente a efectos económicos’, por lo tanto debe volver a trabajar, aunque su
médico de cabecera no le dé el alta». También en el nuevo texto se recoge, como
informaron los ponentes, de que a los seis y nueve meses habrá una validación de
la baja del trabajador para «determinar con más exactitud a los doce si se le
amplía o no según su estado».
En el plazo agregado de seis meses más «no hará falta
que aporte partes de altas y bajas», aunque en todo este proceso las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pueden requerir controles al
INSS sobre un trabajador.
Se fija un complejo sistema para determinar si hay una
recaída, y si es otra incapacidad laboral, a la vez que no se resuelven
problemas del tipo de que si un trabajador vuelve al trabajo sin estar en las
condiciones de salud adecuadas qué responsabilidad tiene si ocurre un accidente
de trabajo en esas condiciones.
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