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Cándido Méndez, secretario general de UGT, reconoció que este grave problema es «nuestra prioridad absoluta» y adelantó que «en el 54%» de las empresas de menos de cincuenta trabajadores de plantilla en las que se han producido algún accidente de trabajo «no se había hecho ninguna evaluación de riesgos laborales».

En este caso, el máximo responsable de la central sindical reconoció que «detrás de un riesgo laboral hay un incumplimiento legal», por lo que consideró que «es fundamental que la acción de la Justicia y la Fiscalía se anticipe al riesgo para evitar el daño y, en muchos casos, la pérdida de la vida de un trabajador», porque, como anticipó Dámaso Casado, secretario general de UGT Euskadi, «los trabajadores vamos a trabajar para ganarnos la vida y no para perderla».

Tras ambos, el Fiscal Coordinador de Siniestralidad Laboral, Juan Manuel de Oña, que participó en el encuentro sindical, reconoció que los accidentes de trabajo son «un fenómeno candente» y adelantó que «la lucha contra la siniestralidad laboral es de primera mano». Según destacó, «el centro de trabajo no puede ser un centro de riesgo. Ir a trabajar no puede ser ir a jugarte la vida. La utopía es posible ­precisó­ y tiene que ver con trabajar sin riesgos». Dejó claro que «la cultura de la prevención no es un imperativo ético legal, pero los empresarios deben saber que incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha dejado de ser rentable, porque se aplicarán penas privativas de libertad y sanciones a quienes la incumpla». También explicó en Bilbo que, por otro lado, «se va a neutralizar la privatización de los procesos penales» en lo que se refiere a que en muchos casos las empresas acuerdan con la familia del trabajador fallecido o afectado por una lesión grave una indemnización y queda zanjado el problema. No, porque los fiscales actuaremos para saber si hay delito».

La teoría expuesta por De Oña fue interesante. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar los datos se resquebrajaron todos los fundamentos teóricos, aunque pidió un poco de tiempo para poder reaccionar. En 2000, se produjeron en el Estado español diecinueve sentencias por accidentes de trabajo y en 2005 «hemos llegado a 92, de las que veinte corresponden a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Muestra un incremento de la actividad judicial. El 59% de las sentencias fueron condenatorias».

También se comprometió a seguir los delitos de riesgo «porque no se persiguen como sería deseable, porque sólo un 5% de las actuaciones se deben a ese factor», precisó. Interpelado sobre cuántos procedimientos por homicidio ha contemplado la fiscalía en 2005, señaló que de los 966 accidentes mortales en el puesto de trabajo se iniciaron sólo «204 procedimientos por homicidio».

Reconoció que los empresarios «eluden su responsabilidad con los emigrantes, sobre todo en el sector de la Construcción» y recordó que «la precariedad está presente. No hay formación e información, y muchos firman sin conocer el idioma y lo que firman. Lo hacen, porque es la única forma que tienen de poder trabajar».

«Por cada central nuclear que se cierre, se abra otra»
UGTtambién puso sobre la mesa los problemas de la energía. Cándido Méndez reconoció que es necesaria la subida del precio de la energía eléctrica y recordó «sólo la energía nuclear y el carbón no dependen de fluctuaciones, ni de la meteorología». Pidió que «por cada central nuclear que se cierre, se abra otra». LAB criticó este pronunciamiento. -

La Inspección de Trabajo paraliza 59 trabajos hasta junio

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La intervención de la Inspección de Trabajo en el primer semestre de este año indica que se han paralizado 59 obras y centros de trabajo por la falta de seguridad y se han dictado 178 propuestas de recargo contra empresarios de Hego Euskal Herria. El total de las sanciones alcanzaron 2,7 millones de las 753 infracciones en acta, que supusieron el 2,13% de los accidentes producidos.

En 2003, las infracciones detectadas llegaron en los centros de trabajo vascos a 2.490 y generaron unas sanciones de 6,1 millones; un año después, fueron 1.797 infracciones que derivaron en 5,1 millones en multas. El año pasado fueron 1.914 infracciones, con 6,3 millones. Las sentencias judiciales, sin embargo, son importantes, a juicio del fiscal coordinador contra la siniestralidad, Juan Manuel de Oña, porque «son una medida disuasoria importantísima» y consideró positiva la medida de publicar los listados de las empresas donde más accidentes de trabajo se producen «para disuadirles».

En este caso, Dolors Hernández, responsable de UGT en Salud Laboral, recordó que «el sistema de ‘bonus malus’», que prevé elevar las cotizaciones de empresas con más riesgo, «por sí mismo es negativo», y Méndez pidió que se debe incorporar a la Responsabilidad Social de las Empresas «porque afecta a su posición en la cotización en la bolsa y eso les afecta los bolsillos».