Ya bien instalados en el siglo XXI en sociedades que llamamos avanzadas, constatamos a diario que muchas mujeres son golpeadas, despreciadas, ninguneadas, acosadas, amenazadas, violadas y asesinadas por sus ma- ridos, compañeros noviosŠ Sufren estas agresiones por el hecho de ser mujeres. Es una violencia salvaje, estructural, que tiene su origen y se fundamenta en las normas y valores socio-culturales que determinan el orden social establecido, en el que una radical desigualdad entre hombres y mujeres está firmemente asentada.

Gracias al permanente esfuerzo de tantas y tantas mujeres decididas a dejar de callar, alzando la voz para denunciar una realidad sistemáticamente negada, los poderes públicos han ido tomando conciencia de la dimensión y gravedad del problema. En los últimos años, apenas diez, gobiernos y administraciones han emprendido acciones diversas, movidos por la urgencia, ahora sí, de ofrecer protección y ayuda a la mujer maltratada. Así, se ha producido un verdadero alud legislativo, especialmente de leyes penales, que han reconocido el maltrato co- mo delito y que han previsto medidas cautelares (alejamiento del agresor, entre otras) que los jueces pueden adoptar desde la denuncia. Ahora bien, a estas alturas, es bien sabido que la denuncia por sí misma, si no va precedida de un correcto asesoramiento jurídico acerca de su alcance y consecuencias y acompañada de los adecuados mecanismos de protección jurídica y social, es insuficiente y peligrosa.

En la CAV, desde el año 2000, se han creado múltiples y variados recursos personales y materiales que evidencian la necesidad de intervenir con las mujeres víctimas de violencia de género de forma coordinada. Era el objetivo del “Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales”, suscrito por las más altas autoridades de la CAV el 18 de octubre de 2001. Era y es necesario completar y mejorar la coordinación interinstitucional en esta materia si se quiere garantizar a las víctimas de este tipo de violencia una protección y atención integral en los ámbitos sanitario, policial, judicial y de los servicios sociales. No basta con crear recursos, es imprescindible trabajar conjunta y coordinadamente porque, de lo contrario, se acarrearán males mayores a las víctimas.

La Abogacía, decidida a cumplir la función social que le es asignada, se ha comprometido en la defensa de las mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales. Las constantes reivindicaciones, estudios y propuestas realizadas desde el seno de muchas comisiones de Abogadas de los Colegios, y reiteradas sin descanso en los congresos de mujeres abogadas a lo largo de los últimos veinte años han dado sus frutos.

Los colegios de Abogados de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, a través del Consejo Vasco de la Abogacía, mediante convenio con el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, ponen en marcha en 2003 un Servicio de Asistencia Letrada de Guardia (24 horas todos los días del año) y un turno de oficio para la defensa de las víctimas de violencia doméstica y/o agresiones sexuales, que se realiza por los letrados y letradas con formación especializada y multidisciplinar. Después de tres años de experiencia y compromiso, los colegios de abogados han empeñado su esfuerzo para ofrecer a la ciudadanía un servicio de asistencia integral y de calidad, que haga efectivo el derecho de las víctimas a ser reconocidas como las verdaderas prota- gonistas, capaces de tomar decisiones responsables. Trabajar en este campo exige no sólo conocer bien las herramientas jurídicas aplicables, sino también, acompañar, aclarar, alentar y comprender los miedos, dudas, confusiones y contradicciones que, a menudo, oscurecen el camino que las víctimas han de recorrer para alcanzar la salida.

La condición de «víctima» debe ser sólo un paréntesis (cierto que, muchas veces, demasiado largo) en la vida de las mujeres maltratadas. Hemos de reconocer que, aun siendo muy importantes para luchar contra esta violencia, las medidas jurídicas no son suficientes.

A menudo, las mujeres lo esperan todo de la Administración de Justicia (que el agresor cambie, que se asuste, que las deje en pazŠ). Ahora bien, si abrimos bien los ojos y escuchamos con atención, observamos que, a estas alturas, todavía hay muchas víctimas desorientadas, desinformadas, que desconocen dónde acudir, a qué teléfono llamar, por dónde empezar... cuando, por fin, se han armado de valor para contarlo.

Algo está fallando. Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad inexcusable de que todas las instituciones, organismos y profesionales que intervengamos en este campo actuemos coordinadamente, con racionalidad, al margen de intereses particulares. Que la variedad y multiplicidad de recursos sirva para actuar «a la carta», lejos de contribuir a la confusión que tanto daño produce.

Bienvenidos los medios, recursos y medidas, esfuerzos y voluntades a las que tantas veces se hace referencia en las exposiciones de motivos de las leyes. Ley 1/2004, de medidas de protección integral para las víctimas de violencia de género, y la ley vasca de igualdad son buena prueba de ello.

Apliquémonos en estudiarlas a fondo y exijamos su cumplimiento en toda su extensión. Como abogados y abogadas esta será nuestra mejor contribución a la lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad de hombres y mujeres, desde el profundo convencimiento de que un mundo más justo sí es posible. -

(*) Juana Balmaseda forma parte del Consejo de la Abogacía y es vicedecana del Colegio de Abogados de Bizkaia