Dia internacional contra la violencia a las mujeres
Reclaman mayor número de escoltas en la CAV, mientras se activan en Nafarroa
La Asociación contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor (Acovidem) critica que «al 99% de mujeres maltratadas que presenta una denuncia no se les cree lo que cuentan y se las tacha de exageradas», al tiempo que reclama «medios suficientes» para que aquellas mujeres que lo necesiten cuenten con escolta, tras denunciar a su pareja. Al respecto, en Nafarroa trabajan ya escoltas privados, contratados por el Ejecutivo, para esta protección.
BILBO
La presidenta de Acovidem, Esther Antero, y la secretaria de la asociación, Sonia Franco, explicaron la puesta en marcha de Acovidem el pasado mes de marzo y la atención a un total de 20 mujeres hasta el momento. Actualmente, están llevando a cabo una recogida de firmas para pedir que se cambie el Código Penal y, así, «cuando haya una condena en firme a un agresor no se suavice con cursillos de rehabilitación». Afirmó Antero que muchos agresores «trucan condenas de hasta cuatro años de cárcel por programas de rehabilitación de drogadicción de dos años, con dos horas semanales de sicólogo». A su juicio, este hecho hace que muchos acusados apelen a problemas de alcoholismo o drogas para eludir su condena. Además, denunció que «las cifras siguen mostrando que algo falla» en las medidas frente a la violencia contra las mujeres. Antero y Franco destacaron que la mujer maltratada, si está «minada y sin fuerzas, primero deberá consultar los servicios sicológicos del Ayuntamiento o la Diputación», antes de denunciar. Si lo hace, debe saber que «el proceso es difícil, y puede aumentar el riesgo», pero también «es una pieza inicial para buscar una salida y que al agresor no le salga gratis su agresión». Franco criticó que «poner la denuncia no es garantía, ya que sales con un papel en el bolso y se debe poder denunciar sin pensar en que se incrementa el riesgo de agresión y que puede contar con las medidas de protección necesarias". Acovidem reclama del Ejecutivo de Lakua «un presupuesto más audaz», para dar «protección activa» a las agredidas, y que éstas «estén acompañadas nada más hacer la denuncia». A su juicio, «una orden de alejamiento sin vigilancia en determinados casos no va a protegerla nada». También en relación con los escoltas para víctimas de la violencia contra las mujeres, CCOO presentó a los departamentos de Interior y de Bienestar Social del Gobierno de Nafarroa una propuesta para que se elabore una ley que regule el ofrecimiento de escoltas a las víctimas cuyo agresor tenga dictada una orden de alejamiento. José María Molinero, explicó que la iniciativa pretende que el Ejecutivo «haga una ley que permita convertir en un derecho algo que en este momento es un derecho limitado o que no existe».
300.000 euros presupuestados
También ayer se supo que varios escoltas, contratados por el Ejecutivo autonómico, trabajan ya en Nafarroa. La puesta en marcha de esta medida presupuestada en 300.000 euros fue confirmada por el presidente del Ejecutivo, Miguel Sanz, junto a un sistema de activación para situaciones de peligro sufridas por mujeres que gestiona la Policía Foral.En cuanto a las órdenes de alejamiento, el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Donostia, Alvaro Miguel de Aza, manifestó que alejar a una mujer maltratada de su agresor si ella no lo desea «supone, en ocasiones, una injerencia en los derechos de la víctima y el no respeto de su decisión, si ésta es libre, consciente y voluntaria». Según De Aza, «el alejamiento obligatorio, tal y como está previsto en la ley integral, debiera ser objeto de modificación y conceder esa facultad al juez o tribunal para acordarla en los casos en los cuales fuese necesario». Para este magistrado, «el juez debe tener la facultad de poderlo acordar, incluso en contra de la voluntad de la víctima, pero no en todos los casos, sino en aquellos cuya gravedad o circunstancias así lo requieran». Hizo votos para que «se pronuncie cuanto antes el Tribunal Constitucional». En cuanto a los procedimientos judiciales aludidos por Acovidem, el Departamento de Justicia del Ejecutivo de Lakua estaría analizando la posibilidad de personarse en calidad de perjudicado, en casos en que se juzguen agresiones mortales o lesiones graves. El consejero, Joseba Azkarraga, lo anunció como parte de un conjunto de medidas para combatir «la alarmante» dimensión de este problema, que ha motivado la tramitación de 5.131 asuntos penales desde junio de 2005 en esta parte de Euskal Herria. El titular de Justicia en la CAV explicó que su departamento ha firmado un nuevo convenio con el Consejo Vasco de la Abogacía, con el fin de reforzar la asistencia jurídica inmediata y especializada a las mujeres víctimas de malos tratos. Para ello, la inversión destinada a este turno especial se incrementará el año próximo en un 56%, aseguró, hasta llegar a los 670.000 euros. Para 2009 se prevé una dotación presupuestaria de más de un millón de euros. Esto supondrá un incremento del número de letrados para este servicio.
García Malo anuncia que pagarán en dos semanas
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Nafarroa,
María Isabel García Malo, afirmó ayer que en el plazo de dos semanas se comenzarán a pagar las ayudas previstas en la ley a las mujeres maltratadas, toda vez que rechazó las críticas realizadas por el ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Junto a otras críticas políticas en el mismo sentido, el ministro declaró que las mujeres maltratadas de Nafarroa no tienen
acceso a las ayudas previstas porque el Gobierno autonómico «no las ha regulado» y en ese sentido criticó la «desidia» e «incompetencia» mostrada a su juicio por el Ejecutivo presidido por Miguel Sanz. -
Declaración institucional en Gasteiz y concentración de cargos en Iruñea
GASTEIZ
El Parlamento de Gasteiz aprobó una declaración institucional, en la que «insta a todas las administraciones competentes a que mantengan, fomenten y manifiesten activamente el compromiso unánime de todas las fuerzas políticas y sociales en contra de la violencia contra las mujeres».Asimismo, se pide al Gobierno español que «consolide su línea de actuación en la interpretación del derecho de asilo y en sus procedimientos cuando las solicitantes son mujeres perseguidas por razón de género». Al comienzo del pleno, la presidenta, Izaskun Bilbao, leyó esta declaración en la que se manifiesta que «la no discri- minación por razones de sexo es un pilar fundamental de los derechos humanos, cuya característica principal es su universalidad». Además, la Cámara autonómica se «compromete y llama a la sociedad vasca a que se comprometa en la defensa y consecución de la libertad, la autonomía y la seguridad de las mujeres, así como la igualdad entre ambos sexos» y de «la prevención, concienciación, sensibilización y educación de la ciudadanía en torno a estos valores y en contra de estos delitos». La Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi) y el grupo de organizaciones e instituciones que desarrolla la ‘‘Campaña no entra’’ elogió la declaración institucional del Parlamento, en lo concerniente al derecho de asilo. La directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, Izaskun Moyua, abogó, por su parte, por llevar la «tolerancia cero» hacia la violencia contra las mujeres a todos los ámbitos, tanto a los hogares, como a la calle o trabajo y pidió «compromisos personales». Al término de la concentración ante el Instituto Navarro de la Mujer, la consejera de Bienestar Social, María Isabel García, declaró que, con este acto de repulsa en el que se citaron representantes institucionales, se pretende transmitir «un mensaje de tolerancia cero ante cualquier acto que suponga una violencia de género».
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