GASTEIZ
El Plan Estratégico de Atención Sociosanitaria (2005-2008), que contempla la participación del usuario en la financiación del coste del servicio mediante el «copago» según las rentas del usuario, fue presentado ayer en el Parlamento de Gasteiz por el consejero Gabriel Inclán y pactado con los grupos de la oposición, excepto el PSE, que mantuvo su rechazo al plan a pesar de las modificaciones.
Las personas destinatarias de atención sociosanitaria son los mayores con dependencia, los que presenten discapacidades físicas o mentales, los enfermos de salud mental, terminales, somáticos crónicos y o invalidantes y otros colectivos en riesgo de exclusión.
Algunos de estos afectados, como los mayores que viven en residencias, ya pagan parte de su estancia, lo que se conoce como el «copago», ya que el coste lo pagan el usuario y la Administración.
El coste estimado del desarrollo del plan en sus dos primeros años podría rondar los 750.000 euros, una cifra que no incluye los cientos de millones de euros que destinan todas las administraciones implicadas en la atención sociosanitaria, explicó el consejero de Sanidad.
El plan se marca como objetivos incrementar la cobertura de las personas que tengan necesidades sociosanitarias, lograr una atención de calidad y conseguir un sistema de atención único y compartido entre las dos redes de servicios, la social y la sanitaria.
Tras un largo debate, el PSE mantuvo su rechazo al plan y pidió que en el plazo de seis meses el Gobierno presentara uno nuevo, en el que se recogiera la atención sociosanitaria como un derecho subjetivo, con un catálogo de prestaciones y con la financiación suficiente. Su propuesta fue rechazada por los demás grupos, excepto Ezker Abertzalea, que se abstuvo.
Tripartito y PP sacaron adelante instar al Gobierno a que regule el espacio sociosanitario en el marco de la nueva Ley de Servicios Sociales, que se remitirá al Parlamento en el plazo de un año, y a acordar en el seno del Consejo Vasco de Finanzas la financiación estable y necesaria para el desarrollo de la atención sociosanitaria.
Al igual que en este punto, con la abstención del PSE y Aralar y el rechazo de Ezker Abertzalea, el Parlamento acordó que el presente plan se adecue a la futura Ley de Dependencia e instó al Gobierno a que colabore económicamente con los programas dirigidos a la familia y los cuidadores.
El tripartito respaldó el resto de propuestas del PP, excepto la que instaba a Lakua a reducir un 8% en el proyecto de ley de aportaciones el coeficiente que determina las aportaciones de las diputaciones forales para fortalecer las políticas relativas al espacio sociosanitario.
Todos los grupos menos el PP, que se opuso, y el PSE, que se abstuvo, apoyaron varias propuestas basadas en el «reconocimiento de la atención sociosanitaria como un derecho universal y subjetivo». Así, instan a las instituciones a mejorar la dotación de recursos en esta materia y las condiciones laborales y la capacitación de los trabajadores del sector y a garantizar que «ninguna persona quede excluida de la prestación del servicio a que tenga derecho por carecer de recursos económicos».
El Parlamento defendió la progresividad en las asignaciones presupuestarias necesarias para ejecutar las iniciativas propuestas y asegurar que todas las personas reciban la atención sociosanitaria sin que dependa de los recursos económicos del lugar de residencia.
