Proyectos de campos de golf y complejos residenciales
La revisión de las normas subsidiarias de Bastida, a examen
El campo de golf y el complejo residencial que se pretenden construir en Bastida requieren de la revisión de las normas subsidiarias del municipio, y la plataforma Torrolate presentó una serie de alegaciones que, según denuncia, han sido ignoradas por la Corporación. Por ello, en setiembre trasladó una queja al Ararteko al considerar que, aunque no se tengan en cuenta, al menos merecerían ser leídas y contestadas.
BASTIDA
El Ararteko tiene ya en sus manos, desde esta semana, la información solicitada al Ayuntamiento de Bastida respecto al proyecto que prevé la construcción de un campo de golf y un gran complejo residencial en las faldas del monte Toloño. El consejo asesor de la institución la está estudiando y no descarta la posibilidad de reclamar más información a otras administraciones, o al mismo Consistorio, con el fin determinar si su actuación está siendo correcta. Esta actuación llega tras la queja que Iñigo Lamarka recibió en setiembre de la plataforma Torrolate, motivada en la forma en la que la Corporación está tramitando el procedimiento de revisión de las normas subsidiarias para dar cobertura urbanística a la cons- trucción de un campo de golf. Critica este colectivo vecinal que «ha ignorado olímpicamente» las alegaciones que ha presentado en la fase de información pública del avance. La queja planteada al Ararteko no es más que la última de una larga lista de iniciativas puesta en marcha en contra del proyecto. La idea de construir un campo de golf en Bastida comenzó a fraguarse en 2003. En febrero de dicho año se constituyó la sociedad anónima denominada San Ginés Labastida S.A. para «detener el lento, pero continuado declive» del municipio. Esta no tardó en encomendar la elaboración de un plano topográfico del municipio, con el objeto de evaluar la localización más adecuada. Desde el Ayuntamiento se vio con buenos ojos esta actuación. Prueba de ello es que en diciembre de ese mismo año, la Corporación aprobó, por unanimidad en pleno, la promoción de un campo de golf y, un mes más tarde, creó la sociedad Labastida Gestión Municipal S.L. para participar en la operación, aportando, según Torrolate, unos 535.000 metros cuadrados de propiedad municipal.
Hotel con helipuerto
El proyecto previsto contempla la construcción de un campo de 18 hoyos, que ocupará cerca de 600.000 metros cuadrados, y un complejo deportivo compuesto por spa, pistas deportivas varias y una gran explanada de zona verde con piscinas incluidas. Además, prevé una escuela de golf con aprendizaje obligatorio de inglés para los niños, un campo de práctica, un hotel de aproximadamente un centenar de habitaciones y hasta un helipuerto, ubicado junto a este último. El proyecto estima que el coste de ejecución será de más de ocho millones de euros, y que tendrá un déficit de mantenimiento, durante los diez primeros años, de cerca de medio millón de euros. Por ello, la propuesta sostiene que se requiere de acompañamiento para que la viabilidad económica de la inversión sea posible. Prevé, por ello, un gran complejo residencial de 750 viviendas de nivel medio-alto y otras 50 unifamiliares junto al parque de San Ginés. Esta ambiciosa actuación requiere la revisión de las normas subsidiarias del municipio, cuestión en la que llevan meses trabajando en el Ayuntamiento de Bastida. Atendiendo o no a las alegaciones presentadas, se está procediendo a volver a redactar la propuesta. Está previsto que la aprobación preliminar se lleve a cabo en un par de meses. A fecha de hoy, todos los grupos representados en el Consistorio apoyan el proyecto, pero no siempre ha sido así y muchos han alterado su posición original. Es el caso del concejal de Eusko Alkartasuna, que después de modificar su postura, terminó dimitiendo. Su sucesor, propuesto por EA y contrario al proyecto, no quiso ocupar dicho puesto y, al final, ha sido un concejal del PNV, representando a la coalición formada entre ambas formaciones, quien se ha quedado con dicho asiento. Apuesta por el campo de golf. En el seno del PSE también ha habido revuelo. La Diputación de Araba tampoco está muy conforme con el proyecto. El Departamento de Medio Ambiente elaboró en junio un informe en el que constata, entre otras cuestiones, que una parte del terreno que se va a utilizar está catalogado como monte de utilidad pública y que, por lo tanto, no puede ser vendido ni permutado. Destaca, además, que algunos parajes son de especial protección por su riqueza paisajística y su interés natural. Se refiere, concretamente, al impacto del medio centenar de viviendas unifamiliares que se quieren construir junto al parque de San Ginés. Este informe ha sido bien recibido por Torrolate, plataforma creada hace ahora un año ante la preocupación que ha originado este plan. Sin embargo, no está muy conforme con las recomendaciones que la institución foral ofrece en el mismo documento, para poder salvar dichas irregularidades. Torrolate comenzó su andadura recabando, no sin problemas, la información de esta actuación urbanística. Su objetivo pasa por defender el monte Toloño y su entorno de «agresiones». Han sido varias las acciones que ha llevado a cabo este año. En enero, por ejemplo, se puso en marcha una recogida de firmas en el término municipal de Bastida, que meses después se ha extendido a otros municipios de Rioja Alavesa. Hasta el momento, ha recabado ya unas 2.500 firmas. El pasado 30 de julio realizó una marcha desde el parque de San Ginés, que reunió a varios cientos de personas. Ha mantenido encuentros con las formaciones representadas en el Consistorio y con diversos agentes. Entre estos últimos, están la Federación de Montaña y el Ararteko. Habrá que esperar ahora a conocer la resolución que adopta Iñigo Lamarka para determinar los próximos pasos a seguir.
Batasuna exige la paralización del proyecto
BASTIDA
Ante el «empecinamiento» municipal y el «doble juego» que mantienen distintas fuerzas políticas, Batasuna considera «imprescindible» paralizar el proyecto de «macropelotazo» del campo de golf y poner sobre la mesa las necesidades «reales» de Bastida.
Cree que los últimos meses han servido para «clarificar» la situación. Así, sostiene que el proyecto al que «se aferra la alcaldía del PP y otros concejales cuyos partidos dicen estar en contra», se enfrenta a la oposición de «casi todos aquellos que no van a obtener un beneficio particular». Exige, ante esta situación, un «ejercicio de clarificación» de las formaciones representadas en Bastida.
Reitera que este proyecto «no responde» a las necesidades del municipio y que detrás de ese campo de golf «fantasma se esconde una operación urbanística con la que muchos quieren hacer negocio».
Tras recriminar al Ayuntamiento, por no haber tomado «medidas hace mucho tiempo», opta por renovar el casco histórico del pueblo y por habilitar zonas para un desarrollo económico que reporte trabajo.
Un experto pone de manifiesto la «ilegalidad» del proyecto
BASTIDA El catedrático de Derecho Administrativo de la UPV-EHU, Iñaki Lasagabaster, manifestó, en la conferencia que el 17 de noviembre ofreció en Bastida, que tal y como está contemplado en la propuesta de la revisión de las normas subsidiarias de la localidad, el proyecto de construir el campo de golf es «jurídicamente inviable». Afirmó que la «ilegalidad» estriba en que la Ley del Suelo no permite cobrar como gastos de urbanización nada más que los necesarios para financiar los servicios de agua, gas, electricidad, viabilidad y zonas verdes previstas. Señaló que «no es posible» imputar como gasto de urbanización la construcción de un campo de golf, «simplemente porque no es un elemento necesario de la urbanización». Destacó, al respecto, que se quiere llevar a cabo un proyecto «sin que los promotores realicen inversión alguna» y que su financiación se lograría mediante la edificación de 800 viviendas de clase media y alta. Sostuvo que a cada uno de los futuros adquirientes se les cobraría casi 30.000 euros, que, multiplicados por el número de viviendas previstas, da un coste de construcción de unos 22 millones. Para Lasagabaster, «un negocio impresionante, si fuera legal», porque esta «inmensa plusvalía iría a manos de la sociedad promotora», en la que participa el Consistorio de Bastida con un 20%, «en contradicción con la finalidad fundamental del urbanismo, que consiste en que las plusvalías reviertan a la sociedad». Criticó que se quiere «utilizar un poder público» para una finalidad «ajena a aquélla para la que está previsto». Es decir, «para beneficiar a una promotora con 22 millones». Subrayó que si alguien quiere construir un campo de golf, «que compre unos terrenos y lo construya con sus propios medios».
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