La Asamblea Nacional francesa ha dado su visto bueno al proyecto de ley que ya aprobara el Senado, instancia a la que aún ha de regresar. La Ley para la Prevención de la Delincuencia, el último gran proyecto legislativo del presidenciable Nicolas Sarkozy, ve la luz al amparo únicamente de la mayoría de derecha que gobierna en el Estado francés y llena de sombras el espacio de libertades que supuestamente consagra la República.

No estamos, como preconiza Sarkozy, ante una ley que convertirá al Estado francés en un lugar más seguro y habitable, no al menos para quienes no creen en el modelo de «paz social» que para algunos fue la ocupación del Hexágono por los nazis. Dadas las implicaciones de la ley, sí estamos, por el contrario, ante una herramienta que puede ser utilizada para coartar libertades y convertir en sospechosos enemigos a amplios colectivos de la ciudadanía. Con el texto en la mano, se renuncia a la prevención como único mecanismo eficaz para abordar los conflictos de orden socio-económico, cultural y, por extensión, también los de orden político, y se implementa un sistema de espionaje institucional.

A partir de esta ley, donde hasta ahora había ciudadanos en situación de vulnerabilidad social: menores, inmigrantes, personas con trastornos mentales... aparecerán personas objeto de recelo de las instituciones más cercanas, las que, paradójicamente, tendrían que ser más sensibles a los problemas que afrontan esos y otros colectivos y fomentar, al tiempo, valores de solidaridad y de integración social.

Lejos de responder al concepto de prevención que da título a la ley, hay que temer por una distorsión importante del trabajo que realiza el personal de servicios sociales, cuyo derecho al secreto profesional se ve vulnerado en un intento de que su trabajo sirva al objetivo de fichar a «sospechosos sociales». De ahí que los colectivos que trabajan en la red social se hayan opuesto a una medida que levanta también ampollas en el sector educativo al que se quieren extender los represivos conceptos de la ley. Es el caso del Colectivo Anti-Delación, creado en Baiona para organizar una resistencia entre los profesionales llamados a convertirse en delatores.

La ley sirve a la campaña de Sarkozy, pero mirando a las municipales y cantonales habrá que escrutar el comportamiento de los ayuntamientos y, en lo que les concierne, a los electos vascos para ver si cala la idea de Sarkozy de poner un sheriff allá donde la ciudadanía eligió un alcalde. -