PARIS
Un año después del estallido social vivido en las barriadas francesas y a cinco meses de las elecciones presidenciales de 2007, el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, ya ha iniciado su particular campaña electoral con su tema predilecto, la «seguridad», en este caso con la llamada ley de Prevención de la Delincuencia es la décima ley penal desde 2002, que endurece las penas contra los menores de forma considerable y fue aprobada ayer en la Asamblea Nacional francesa con los votos de la derechista UMP.El texto fue adoptado por 340 votos contra 163. Centristas, socialistas y comunistas se opusieron al proyecto. «Votamos en contra porque pensamos que se trata de una acumulación de medidas demagógicas y de anuncios que no podrán ser aplicados», criticó el jefe del grupo socialista en la Cámara Baja, Jean Marc Ayrault.
El Partido Comunista, por su parte, resumió la norma como un «vigilar y castigar» del Estado sin dejar ningún espacio para la prevención.
El proyecto ha suscitado vivas reacciones y polémica en el Estado francés, tanto por parte de profesionales, que denuncian que se mezcle prevención y represión, y por parte de la oposición, que lo rechaza porque se trata de una especie de cajón donde cabe de todo.
La figura del alcalde
Entre sus principales puntos, el texto endurece las sanciones contra los menores y contra los reincidentes, y sitúa a los alcaldes en el centro de las políticas represivas del Gobierno. Los menores que cometan un delito serán puestos de «inmediato» a disposición judicial.
Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es el preocupante descenso de la edad penal. Así los magistrados podrán sancionar a los autores desde que tengan 10 años, a los 13 podrán quedar bajo detención provisional y a los 16 serán castigados como mayores de edad en el caso de delitos «importantes y crímenes». Asimismo, el Gobierno creará nuevos delitos, como las «emboscadas» contra la Policía. En este sentido, los incidentes acaecidos en localidades de la periferia parisiense, donde grupos de menores organizaron ataques a policías y gendarmes en respuesta a la muerte de dos jóvenes que simplemente huían del acoso policial, han sido fuente inagotable de ideas para los promotores de la ley. Huelga decir que las penas para quienes agredan a funcionarios policiales aumentarán.
Sin embargo, uno de los elementos más reseñables de este paquete represivo sea el papel reservado para el alcalde, convertido en eje de la política de «prevención». Otro sería el dedicado a los padres que «descuidan» a sus niños y el absentismo escolar.
En este apartado, se consagra la delación, al señalarse que el secreto profesional de los agentes sociales podrá «compartirse» y el alcalde tendrá acceso a información confidencial. El primer edil también presidirá el llamado «consejo para los derechos y deberes de la familias (CDDF)» que crea la ley.
Al respecto, se ha creado a nivel estatal un colectivo contra la delación (CNU), integrado principalmente por sindicatos de magistrados de izquierda y profesores, que han prometido plantar cara a un proyecto que califican de «liberticida» si llega a convertirse en ley.
El texto también prevé que los menores puedan ser sacados de su lugar de residencia para ser internados en centros para realizar un «trabajo sicológico, educativo y social que esté en relación al delito cometido»; o el traslado a un «internado» para un curso escolar, con «advertencia solemne» del tribunal; o el traslado a un «centro educativo cerrado» (CEF) bajo control judicial.
Sarkozy, ausente
Nicolas Sarkozy acaparó el protagonismo cuando el 21 de noviembre pasado presentó su texto en la Asamblea Nacional. Ayer, el hombre que corre hacia el Elíseo delegó en Christian Estrosi, su ministro delegado, la última defensa del proyecto entre las protestas de la oposición que exigía la presencia del ministro.
La UMP consideró que la Asamblea «podía estar orgullosa del trabajo», en referencia a las numerosas enmiendas presentadas y que, en definitiva, han venido a endurecen un poco más el texto.
Ahora el proyecto pasará al Senado, que emitirá su segundo dictamen sobre el proyecto de ley. En una primera lectura, la Cámara Alta aprobó el documento a finales de setiembre.Décimo texto relativo a la seguridad en cinco
años
El Estado francés vive una verdadera avalancha legislativa en materia de seguridad. El texto aprobado ayer por la derecha se convierte en el décimo texto desde 2002. La derecha, tras copar el poder tras el fin de la cohabitación Chirac-Jospin, ha puesto en manos de la Policía y de la Justicia medios inéditos, tanto humanos como legislativos. Nunca antes se habían acumulado tantos textos represivos. -
