Polémica en Madrid tras asumir Caracas que vulneró los derechos de dos vascos
Venezuela ha reconocido la vulneración de derechos humanos en el caso de las expulsiones en 2002 de Bittor Galarza, en libertad, y de Sebas Etxaniz, preso en Valdemoro. Por ello, ha aprobado resarcirles con una indemnización. Además, facilitará la tramitación de la nacionalidad a cuatro exiliados vascos que, en su día, fueron deportados.
DONOSTIA
En marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite la denuncia que presentaron los abogados de Bittor Galarza y Sebas Etxaniz contra su expulsión de Venezuela en 2002. El principal cometido de este órgano es promover y proteger los derechos humanos en el continente americano.Tras esta admisión, se abrió un periodo para que ambas partes pudieran alcanzar un acuerdo, lo que se produjo a finales de junio. En virtud de ese pacto, refrendado por la CIDH en noviembre, el Gobierno venezolano reconoce que, con estas expulsiones, se vulneraron los derechos humanos de Galarza y Etxaniz. Admite también que «el procedimiento adecuado» es la extradición y no la expulsión. El Ejecutivo que ahora dirige Hugo Chávez se comprome a resarcirles por «los daños y perjuicios» ocasionados. Según filtraron algunos medios españoles, dicha cantidad sería de 350.000 euros. En el citado acuerdo, además, se hace referencia a la situación de los exiliados Lorentxo Aiestaran, Anjel Aldana, Txetxu Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa, deportados desde Argelia, Panamá y el Estado francés. A este respecto, se reconoce el derecho a asilo de las personas deportadas y que «si tienen derecho a adquirir la nacionalidad, se deben facilitar los trámites», especialmente en el caso de estos cuatro. El Gobierno español se apresuró a presionar al venezolano para tratar de impedirlo, y a última hora de la tarde el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró tener un primer compromiso en este sentido.
Policías españoles
Galarza llevaba trece años residiendo en Venezuela cuando fue detenido por la DISIP alegando que «no tenía los papeles en orden». En una comparecencia realizada en Caracas, familiares e integrantes de la comunidad vasca rechazaron tal extremo y resaltaron que su estancia era «totalmente legal». Tal y como denunciaron sus abogados, «en el interrogatorio participaron agentes españoles que, dirigiéndose a él en euskara, le dijeron que si no decía dónde estaban los seis exiliados sobre los que pesaba una orden de detención arremeterían contra él». Aunque le concedieron el habeas corpus, fue introducido en un avión y trasladado a dependencias policiales en Madrid. De allí a la Audiencia Nacional y, sin tan siquiera ver a la juez, a Valdemoro. María Teresa Palacios ordenó su ingreso en prisión por una pena de seis años impuesta en 1987. En mayo de 2005 quedó en libertad. En cuanto a Etxaniz, en mayo de 2004 la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le absolvió de participar en mayo de 1982 en un ataque con lanzagranadas contra un cuartel de la Policía española en Barakaldo. Esta causa fue reabierta en 1995 en base a una declaración policial de 1993, cuando fue arrestado tras su expulsión de Nicaragua. Askatasuna resaltó «el valor jurídico» del documento y «el compromiso de Venezuela de no repetir una injusticia».
Rubalcaba dice que «sería grave» y el PP que es «una argucia bananera»
DONOSTIA La filtración de este acuerdo ha provocado una cascada de reacciones. Aunque en un primer momento el presidente español evitó pronunciarse claramente, su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que, de confirmarse la noticia, «sería una decisión inaceptable para España». Poco después, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió al Gobierno de Hugo Chávez una explicación y, «en su caso, la correspondiente rectificación». El PP instó al Ejecutivo de Zapatero a que diga en el Congreso «cómo van a impedir esta argucia bananera» de Venezuela. «Si se confirman las nacionalizaciones, sería un insulto a la democracia española», dijo Eduardo Zaplana.
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