DONOSTIA

Durante el día de ayer, Madrid insistió en que el Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano entregará al embajador español en Caracas, Raúl Morodo, «una nota» en la que se recogen «por escrito las garantías» que el martes transmitió el jefe de la diplomacia de este país, Nicolás Maduro, a Morodo. Esas «garantías» supondrían que el Ejecutivo de Chávez no reconocería dicho acuerdo y, por tanto, no lo cumpliría.

Es más, agencias españolas resaltaban citando fuentes de Madrid que el canciller venezolano Nicolás Maduro habría «desautorizado» el contenido del acuerdo y estaría barajando la posibilidad de destituir a la resposable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, María Auxiliadora Monagas. Este organismo, dependiente del Ministerio de Exteriores, es el encargado de las negociaciones.

El abogado venezolano Marino Alvarado dejó claro que el Gobierno «no puede decir ahora que lo desconoce. En todo caso, podría decir que ‘no lo cumple’, pero supondría un error político. El ministro de Exteriores tampoco puede destituir a ninguna funcionaria porque es el presidente Hugo Chávez quien nombra o, en su caso, destituye a la persona que ocupa este cargo. Las organizaciones de derechos humanos de Venezuela han alcanzado con ella ‘acuerdos amistosos’ como éste; por tanto, si para otros casos es competente, para éste también lo es», remarcó.

En opinión de Alvarado, sería «inaceptable» que el Gobierno se eche atrás y no reconozca, como ya lo ha hecho, que «las deportaciones de Etxaniz y Galarza fueron ilegales y arbitrarias». «Sería inaceptable que el Ejecutivo, que defiende su soberanía, ceda a las presiones de España. No sólo cedió cuando los deportó, ahora también lo está haciendo. ¿Dónde está entonces la firmeza del Gobierno venezolanopara defender su soberanía?», se preguntó.