Cuando hablamos de servicios públicos, hablamos del conjunto de los derechos que derivan del concepto de ciudadanía. Por eso, las administraciones públicas se legitiman, no sólo en el ejercicio de autoridad, sino en tanto que son capaces de hacer realidad la concreción de esos derechos. Y en esta tarea, somos conscientes de que se enfrentan a la presión social de sectores que pueden permitirse el atender esos derechos en el ámbito privado y que no quieren traspasar sus rentas a lo público. Pero también se enfrenta a la actitud de algunos partidos y sindicatos en cuyo modelo de gestión de servicios públicos de primer orden como el sanitario o el educativo, más allá de los discursos, lo público juega un papel subsidiario. En este contexto, la apuesta por los servicios públicos y su calidad requiere de compromisos políticos y sociales que deben implicar tanto a los que tienen la responsabilidad de la gestión pública, como a los representantes legítimos de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas. Y hoy, en la CAPV, este objetivo es prácticamente imposible.

En el caso de las administraciones públicas vascas porque además de empeñarse en objetivos presupuestarios con déficit cero, vienen poniendo en práctica reformas fiscales innecesarias e injustas en la distribución de los esfuerzos con rebajas fiscales que transfieren importantes cantidades de dinero del sector público al sector privado. Por otra parte, han reducido los gastos, en términos de PIB, en Sanidad o Educación.

Pero también han confundido el rumbo a la hora de poner en marcha políticas concretas. La educación pública es un factor esencial e imprescindible para el desarrollo económico y social de un país. Y apostar por la enseñanza pública desde el Gobierno vasco, es incompatible con una consejería que ha tenido como objetivo principal potenciar la enseñanza privada y los centros concertados, en definitiva a las ikastolas que no se incorporaron a la red pública. Sólo así se entiende que la escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años se haga efectiva a través de las Haurreskolak fuera de la red pública. Eso sí, con la complicidad de los sindicatos nacionalistas y corporativos.

En el caso de la sanidad pública, además de la necesidad de incrementar el gasto para mejorar su calidad y recuperar el nivel de aceptación y valoración de que, no ha mucho, gozaba entre la ciudadanía vasca, es imprescindible reordenar el mapa sanitario público reforzando la atención primaria y especializada, lo que no parece ser objetivo prioritario del Gobierno vasco.

En el campo sindical, además de la división existente hay otras causas. La defensa de los servicios públicos debe ir más allá que el simple y reiterativo discurso. La negociación colectiva debe compatibilizar los intereses legítimos de los trabajadores públicos con los intereses generales de la ciudadanía.

En últimos tiempos se están produciendo situaciones convulsas en las administraciones vascas. Unas, como en el caso de los trabajadores de Justicia, como consecuencia de la convocatoria de movilizaciones absolutamente justificadas por ser considerados por el Gobierno vasco como trabajadores de segunda. Pero no es menos cierto que, en la mayoría de los casos, las movilizaciones convocadas, no tienen como objetivo fundamen- tal la defensa del modelo de gestión pública de los servicios. En CCOO de Euskadi, la perspectiva de incardinar la defensa de lo público en nuestra acción sindical, nos diferencia de otras opciones sindicales. Por convicción demo- crática, por nuestra condición de sindicato de clase y por la defensa de nuestros intereses como ciudadanos y ciudadanas titulares de derechos. -