Afiliados del PSOE también han pedido a Zapatero que derogue la Ley de Partidos
Tras las demandas de la izquierda abertzale y otros partidos e instituciones vascas, a José Luis Rodríguez Zapatero comienzan a llegarle peticiones de su entorno para que derogue o cambie la Ley de Partidos. Así lo acaba de hacer UGT-Euskadi. Militantes del PSOE de todo el Estado le indican en una carta que «sería fundamental para un resultado exitoso».
IRUÑEA La
decisión del Gobierno español de mantener intacta la Ley de Partidos suscita muestras de incomprensión crecientes también en el seno del PSOE y en su ámbito más cercano. El reflejo más evidente en los últimos días ha sido la declaración del secretario general de UGT-Euskadi, Máximo Casado, instando a Moncloa a que «dé los pasos necesarios» para situar a la izquierda abertzale «dentro de la legalidad».Estas demandas no sólo llegan desde Euskal Herria. GARA ya dio cuenta en octubre del posicionamiento trasladado por la Coordinadora de Sindicatos del Transporte, que integra a diversas centrales del Estado español y que decidió pedir a Zapatero el final de una ley que tildan de «antidemocrática». De diferentes partes del Estado provienen también los afiliados del PSOE que remitieron al presidente español y secretario general del partido una carta con similar contenido, a la que ha tenido acceso GARA. El documento está fechado en mayo y lleva la firma de más de una veintena de militantes del PSOE, entre ellos cargos electos en ayuntamientos e instituciones superiores. Presentan su petición a Moncloa como «una contribución de unos militantes socialistas». Entre ellos aparecen miembros del partido en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Extremadura, Madrid, Valencia y Catalunya.
«Sector importantísimo»
La misiva saluda al «estimado compañero y presidente» Zapatero y explica que «nos dirigimos a tí con satisfacción, llenos de orgullo y de esperanza después de la declaración de ETA de alto el fuego permanente, y en la certeza de que tu compromiso con la mayoría social de este país por conseguir la paz ha sido y es decisivo».«En este sentido, entendemos que sería de una enorme utilidad la supresión de todas las medidas especiales que en la actualidad mantienen a los presos de ETA alejados de sus familias. Del mismo modo, derogar la Ley de Partidos, que excluye de la vida democrática a un sector importantísimo del pueblo vasco, sería fundamental para el resultado exitoso de este proceso, así como dar por finiquitado el Pacto Antiterrorista y por las Libertades, dando por superada aquella fase», reza el párrafo más destacado de esta carta. En opinión de los militantes que han consensuado esta carta, una actuación de este tipo no sólo abriría camino a la negociación sino que obtendría respaldo mayoritario. «Apoyaremos todos los pasos que dés para desbrozar el camino que nos ha de llevar a una convivencia en paz entre todos los pueblos de este país», indican antes de apostillar que «estamos convencidos de que, con la aplicación de estas medidas, recibirías el respaldo mayoritario de toda la sociedad, de la misma forma que lo tuviste cuando ordenaste el regreso de las tropas españolas de Irak».
«¿Qué es precio político?»
Estos militantes inciden en la necesidad de que el Gobierno se separe de la estrategia del PP y trasladan a Zapatero, en paralelo, sus reflexiones sobre el argumento del «precio político» que intenta explotar el partido de Mariano Rajoy.Así, indican textualmente que «desconfiamos de los que ante las posibilidades de paz sólo quieren obstaculizar buscando la renta político-electoral, desconfiamos de los que pretenden alargar más y más el problema vasco. ¿Hasta cuándo quieren los trasnochados del PPhacer esperar al pueblo, que padece esta situación? ¿Ya no recuerdan la tremenda generosidad de los españoles que sufrieron el franquismo durante 40 años? ¿Qué es precio político? ¿No se pagó precio cuando nos decían ‘hasta aquí la democracia o vuelta al 36’?». En la misma línea, los firmantes añaden que «somos partidarios del diálogo y la negociación. No queremos renun- ciar a ello, no queremos que pase esta oportunidad, es el momento. Aunque a los que añoran el pasado no les venga bien. Como no les venía bien que fuese consecuencia colateral de la guerra de Irak el peor atentado terrorista que los españoles hemos sufrido desde el levantamiento militar del 18 de julio». El martes, Dámaso Casado también introdujo la necesidad de marcar distancia respecto al PP en su emplazamiento a Zapatero. Se quejó de que el Gobierno español «parece estar más a la defensiva, para contentar a la derecha o a la extrema derecha, que para solucionar el problema».
La respuesta: «No hay precio político»
R.S.
IRUÑEA Moncloa no deja sin respuesta estos emplazamientos. En el caso de la propuesta de la Coordinadora de Sindicatos del Transporte, respondió haciendo acuse de recibo e indicando que se tendrían en cuenta sus consideraciones. En esta ocasión, probablemente debido a la procedencia de la misiva, la oficina de Rodríguez Zapatero decide aportar más explicaciones. «No hay precio político para la paz explica por ejemplo, en respuesta directa al cuestionamiento de esta aseveración hecho por los militantes del PSOE en la carta. El coraje y la valentía con que la sociedad española ha encarado durante tantos años el sufrimiento ocasionado por la violencia terrorista así lo ha demostrado. Ese es el principio irrenunciable del proceso que nos aguarda y la garantía del triunfo de la democracia sobre la intolerancia y el terror», añade. Esta respuesta lleva la firma de José Enrique Serrano Martínez, director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y fue firmada en setiembre, cuatro meses después de recibir la sugerencia de estos militantes. «Obligación» En ella, la oficina de Zapatero incide en sus principios ya conocidos. Apunta, por ejemplo, que «como ha reiterado el presidente en numerosas ocasiones, hemos de recordar que este proceso será largo, duro y difícil. El Gobierno lo abordará con decisión y prudencia, siempre desde el máximo respeto a las víctimas y a sus familias». La Presidencia del Gobierno del PSOE añade también que «el Gobierno tiene el deber de preservar la vida y la seguridad de los ciudadanos, y, por tanto, tiene también la obligación de intentar alcanzar el mismo objetivo que persiguieron todos los gobiernos democráticos anteriores: la erradicación de la violencia terrorista en el País Vasco y en el resto de España». El PSE aún ve «difícil» hablar oficialmente con
Batasuna
Pese al auto del Tribunal Supremo español indicando que reunirse con Batasuna no es delito y a la afirmación de la portavoz del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, de que esto «abre un camino», el PSE no parece tener intención de repetir la reunión del 6 de julio. Su portavoz en el Parlamento de Gasteiz, José Antonio Pastor, explicó ayer que para que haya una nueva cita pública «hay que partir de un escenario político distinto» en el que Batasuna «juegue dentro de la legalidad»y «su mundo deje de poner las responsabilidades en tejados ajenos». «Mientras no se solventen estos obstáculos, que son los que ellos ponen, es francamente difícil la posibilidad de que se celebren contactos o reuniones de tipo político», dijo Pastor al mismo tiempo que saludaba que el Supremo «haya desmontado la estrategia del PP». -
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