La falta de datos del conjunto del país, la partición administrativa e institucional, la ausencia de un observatorio global de derechos humanos en la actualidad sólo existen dos sectoriales: el Behatokia centrado en la situación de presos y detenidos y el relativo a los derechos lingüísticos y la dificultad para evaluar en toda su dimensión «las vulneraciones de derechos derivadas de ser una nación sin estado» son las principales trabas con las que se ha encontrado Udalbiltza a la hora de concretar y redactar el informe sobre conculcaciones de derechos en EuskalHerria. Ocurre también que, en algunas ocasiones, parte de la información disponible puede resultar «engañosa», ya que si bien esos datos se publican como si abarcaran al conjunto de Euskal Herria en realidad sólo hacen referencia a algunos de los herrialdes.Por encima de estas trabas evidentes, la institución nacional ha logrado dar cuerpo a un exhaustivo informe cuyo contenido íntegrado dará a conocer el enero. Los ejes de análisis son los tratados internacionales, ratificados en su mayo- ríapor los estados español y francés, y la Carta de Derechos de Euskal Herria que aprobó la asamblea general de Udalbiltza el 23 de noviembre de 2002 en Tolosa.
Con el fin de superar tales obstáculos y poder hacer realidad este informe, sus responsables han tenido que tocar la puerta de numerosos agentes políticos, sindicales, sociales e institucionales.
Tras largos meses de trabajo y en el marco de EH´06 Nazio Eztabaida celebrado en Burlata el 29 de octubre, Loren Arkotxa, presidente de Udalbiltza, trazó un balance general incidiendo en una idea que queda clar en el informe, al que ha tenido acceso GARA. «Las vulneraciones se producen constantemente en distintos aspectos de la vida diaria», subraya la institución nacional. «El marco jurídico-político vigente no garantiza el cumplimiento de todos los derechos recogidos en múltiples textos internacionales», añade como conclusión fundamental.
Ejemplos no faltan. La Ley del Vascuence de Nafarroa es uno. La protección y promoción de la lengua por parte de la Administración de Miguel Sanz brilla por su ausencia. En la CAV, la situación tampoco es óptima, añade la institución. En pocas palabras, «los instrumentos legales existentes no sirven para garantizar el respeto de los derechos lingüísticos, lo que obstaculizala supervivencia, desarrollo y normalización del euskara». Udalbiltza advierte en su informe, por ejemplo, de que en los próximos 18 años, cada curso, unos 15.000 alumnos vascos acabarán los estudios sin haberse euskaldunizado y apuesta además por «un currículum propio, que no esté sujeto a los dos estados».
De la tortura a la pobreza
«Muchas de las conculcaciones están directamente ligadas al conflicto. En nombre de la llamada ‘legislación antiterrorista’, cada día se viola la libertad de expresión, el derecho de manifestación y reunión, a elegir a los representantes políticos, a participar con todas las garantías en la vida pública, a no ser torturados, el derecho a la defensa y el cumplimiento de las garantías procesales», resalta en otro apartado.
Udalbiltza destaca también que en 2005 en Euskal Herria murieron 123 trabajadores, y 54 en los primeros ocho meses de 2006. «898.916 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Paradójicamente, el gasto social disminuye año tras año».
En cuanto a la violencia de género, recuerda la muerte de siete mujeres en 2005 y «la discriminación palpable en todos los ámbitos. Todavía a día de hoy, algunos libros de texto tienden a ligar el papel de la mujer con la reproducción. Los profesoresuniversitarios siguen siendo en su mayoría hombres, al igual que quienes ostentan cargos de poder».
Con este diagnóstico en la mano, Udalbiltza pretende impulsar mecanismos y herramientas que posibiliten la superación de tales vulneraciones. -
DONOSTIA
