Piden a la Justicia que aprenda la lección y se agilice
Las víctimas de la dictadura de Pinochet y numerosas asociaciones de defensa de los derechos humanos responsabilizaron a la falta de iniciativa de «los poderes del Estado chileno» y a la lentitud de la justicia de que los crímenes del dictador queden impunes.
SANTIAGO
Las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y los abogados que lo llevaron a los tribunales en más de 300 querellas lamentaron que el dictador haya muerto sin ser condenado, aunque no ocultaron su alegría por el deceso. «Este criminal se ha ido de este mundo sin haber conocido una sentencia condenatoria por todos sus actos horrorosos y criminales durante su dictadura», dijo el abogado Hugo Gutiérrez, uno de los primeros en presentar en 1998 una querella contra Pinochet. «Creo que faltó por parte del Estado chileno un mayor compromiso para establecer las responsabilidades penales de este sujeto», dijo Gutiérrez. «La defensa (de Pinochet) ahora va a tener al final una buena causa de sobreseimiento, que es por muerte», ironizó el letrado. «En este país la gente siente que ha muerto la peor escoria que ha dado esta patria», dijo por su parte la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro. Además, lamentó que Pinochet haya muerto sin condenas, lo que atribuyó «a los poderes del Estado, que debieron cumplir su papel y no fueron capaces de condenarlo». Pero también se mostró «sorprendida y profundamente emocionada con el nivel de conciencia que tiene el pueblo de Chile (...) Acabo de ver a un joven con un tremendo letrero que dice Murió el Tirano», manifestó. Pizarro destacó, asimismo, que Pinochet murió justo el Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora la Declaración Universal suscrita en la ONU en 1945. El abogado Eduardo Contreras, que junto con Gutiérrez presentó en enero de 1998 la primera querella contra el dictador en el caso Caravana de la Muerte, comentó que «Pinochet genera sentimientos encontrados entre sus detractores ya que, por una parte, hubieran deseado que viviera más para enfrentar las condenas por sus crímenes y, por otra, sienten que hay un deber cumplido», manifestó. El abogado aclaró que con su muerte sólo se extingue su responsabilidad, no la de los coautores, cómplices y encubridores de sus crímenes. Isabel Allende, hija del presidente chileno Salvador Allende, derrocado por Pinochet en 1973, dijo que le duele que, más allá del desprestigio de haber sido procesado o imputado, finalmente nunca concluyera ningún juicio contra él. En la misma línea se pronunció la secretaria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Beba Evel Petrini, quien lamentó que «la muerte fue la salvaguarda» del dictador chileno Augusto Pinochet porque «lo salvó de haber pagado el horror que sembró». Según la dirigente de la entidad integrada por madres de desaparecidos durante la última dictadura argentina (1976-1983), «la justicia es tan lenta que cuando llega, ya es tarde. En Argentina debieron pasar 30 años para que se empezase a juzgar a los dictadores», sostuvo Petrini. Por su parte, Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, sostuvo que «Pinochet es otro genocida que muere y no se lo puede juzgar, pero en el caso de él, la humanidad ya lo ha juzgado». Es de la misma opinión el escritor uruguayo Mario Benedetti, quien dijo que «no pudo concluir el juicio, pero ya lo juzgó la historia y lo condenó». En el Estado español, donde se comenzó el proceso contra Pinochet, diversas acusaciones particulares y populares en el caso también lamentaron que la muerte haya dejado impunes sus «crímenes» y no haya permitido a sus «víctimas» obtener la reparación por la que tantos años han estado luchando. El abogado Manuel Ollé, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, se dolió de que Pinochet «se haya muerto sin que cada víctima haya tenido la satisfacción de haberle visto sometido a un auténtico proceso judicial». También hizo un llamamiento a todos los tribunales del mundo para que extraigan la «lección» de este caso y para que «todos aquellos que cometieron crímenes tan aberrantes sean sometidos con agilidad y sin demoras a la justicia». La misma demanda hizo la organización Amnistía Internacional (AI), que indicó que la muerte de Pinochet supone una «llamada de atención» a los gobiernos, pues es necesaria una Justicia rápida para impedir que los culpables de las violaciones de los derechos humanos eviten ser procesados.
«Pese a su muerte, Pinochet será juzgado simbólicamente»
PARIS Los abogados de los cuatro desaparecidos franceses durante la dictadura de Pinochet, Sophie Thonon y William Bourdon, expresaron su decepción por el hecho de que el dictador escape a la justicia, cuya lentitud denunciaron. Sin embargo, Thonon afirmó que, pese a su fallecimiento, Pinochet será juzgado «simbólicamente», ya que el juicio que se celebrará en el Estado francés será «contra la dictadura chilena, de la que él fue su artífice». Bourdon estimó que la muerte de Pinochet disminuirá «el valor simbólico» de su juicio en el Estado francés, donde una quincena de miembros están procesados por el secuestro, torturas y actos de barbarie, aunque reconoció que el «valor histórico será importante». Varios jueces se han sucedido desde octubre de 1998 en la instrucción de este sumario. La Fiscalía de París redactó su requisitoria hace un año y pidió que todos los procesados fuesen juzgados por el Tribunal de lo Criminal de París. Aún falta que la actual juez de instrucción, Sophie Clément, siga la petición del Ministerio Público. El Gobierno británico, por su parte, elogió el «destacable» progreso reflejado en la política chilena durante los últimos 15 años, «como una democracia estable próspera, y abierta». La ex primer ministra británica Margaret Thatcher, una de las más firmes defensoras del dictador, sin embargo, expresó su «profunda tristeza». Thatcher fue una de las voces que pidió la liberación de Pinochet durante el periodo que permaneció retenido en Londres.
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