Las distintas administracionesde Euskal Herria están otorgandomás presencia a la política lingüística, con medidas destinadasal fomento del euskara, en los últimos meses. Sin embargo, las medidas sólo parecen constituir un intento de frenar la presión social en favor de una oficialidad real, y no han provocado entusiasmo en los grupos euskaltzales.

A modo de ejemplo, en los últimos meses el Gobierno de Lakua ha puesto en marcha el servicio Elebide, destinado a recoger las quejas de conculcación de derechos lingüísticos, muchas veces incumplidos desde la misma institución, y ha llevado a cabo una costosa campañapropagandística basada en el virus Ukan. Mientras, el Gobierno navarro ha dado marcha atrásen algunas de sus medidas más polémicas, atendiendo la demandade los padres de Patxi Larraintzar, legalizando varias ikastolas y permitiendo la señalización bilingüe en la «zona mixta». El Gobierno francés, por su parte, se ha comprometido a financiar varias medidas a través de la Ofici- naPública del Euskara.

Estas medidas han avivado el debate entre los grupos euskaltzales, que reclaman frente a ellas pasos adelante efectivos en materia de normalización lingüística. Junto a ello, se percibe el riesgo de que las administraciones pretendan sustituir la labor que han llevado a cabo, generalmente en solitario, organismos impulsados por la iniciativa popular.

De este modo, Elebide, que se presentaba el pasado mes de octubre, anuncia que pondrá en marcha un teléfono para que los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa puedan quejarse de las conculcaciones de derechos lingüísticos cometidas por Lakua. Es decir que, salvando las distancias, este servicio pretende cumplir una de las funciones que Behatokia está desempeñando desde 2001.

El propio viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, reconocía, en el acto de presentación de Elebide, que la Administración de Lakua no es ajena a la conculcación de estos derechos.

Pese a las aparentemente buenas intenciones de Lakua, no se han dado pasos para evitar las conculcaciones de derechos lingüísticos de los euskaldunes en un servicio del que se han recibido numerosas quejas durante los últimos años en Behatokia: Osakidetza.

El pasado fin de semana se ha llevado a cabo la primera prueba de las oposiciones a Osakidetza. Decenas de miles de personas se han desplazado hasta Barakaldo para optar a una plaza en la Sanidad pública. Pero únicamente en el 20% de las 4.000 plazas ofertadas el euskara es un requisito, tal y como denunciaron Kontseilua y Behatokia.

De este modo, con esta oposición no sólo no se soluciona ­o se palia­ la falta de profesionales sanitarios que puedan atender en euskara a los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sino que este problema se alargará en el tiempo.

«En ocasiones, la ley no se cumple. Muchasveces, a la Administración le cuesta cumplir la ley. Hoy por hoy, todavía tiene dificultad». Estas palabras de Baztarrika no invitan precisamente aloptimismo. Por si había alguna duda, conviene aclarar que Baztarrika se refiere al uso del euskara en la Administración. Otras leyes, en cambio,sí se cumplen.

En paralelo, Lakua se acaba de gastar 600.000 euros en una campaña a favor del euskara, que unía esta lengua con el concepto de «convivencia». En la misma han participado personalidades de distintos ámbitos que mostraban su adhesión «al bilingüismo» y el propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, participó en un acto en el Kursaal de Donostia. Más allá del marketing, este tipo de campañas no se pueden considerar como un paso adelante en la normalización del euskara, según se denunció desde el público en el mismo Kursaal.

Por lo que se refiere al Gobierno navarro, UPN y CDNhan dado algunos pequeños pasos con medidas muy concretas a favor de colectivos deeuskaldunes muy específicos, que sin embargo, no suponen un cambio de tendencia en su política general contra la normalización del euskara.

ESCASEZ PRESUPUESTARIA

Lasmedidas que hatomado el Gobierno de Sanz se refieren a cuestiones que han resultado polémicas en la sociedad navarra y parecen responder a la necesidad de desactivar conflictos que puedan impulsar movilizaciones cuando apenas quedan seis meses para las elecciones.

Del mismo modo que el Gobierno navarro accedió a las peticiones de las viudas, que llevaban años pidiendo una subida de sus pensiones, UPN y CDN han decidido sacar de la ilegalidad a las ikastolasde la «zona no vascófona» y anuncian otro tanto para los estudios de Secundaria de la ikastola de Bera.

Sin embargo, el Ejecutivo deja claro que no contempla cambiar la actual Ley del Vascuence, que impide que los euskal- dunes puedan estudiar en euskara en la enseñanza pública si viven en Tafalla, Zangoza o Tutera. Tampoco pueden tener asistencia médica en su lengua ni dirigirse a la Administración en euskara.

Lo que sí ha conseguido Sanz es que el debate político no se centre en la conculcación de derechos lingüísticos que supone la Ley del Vascuence, sino en la posibilidad de que cuatro municipios de Iruñerria pasen de la «zona no vascófona» a la «zona mixta».

De este modo, los parlamentarios han debatido sobre si la encuesta encargada por el Gobierno navarro, que mostraba que la amplia mayoría de los vecinos de estas localidades querían integrarse en la «zona mixta» ­que permite, con límites, acceder a la enseñanza pública en euskara­ era suficiente o no para proceder a la modificación.

Con el argumento de solucionar los problemas de algunos euskaldunes, que ciertamente ven conculcados su derecho a recibir enseñanza en euskara, se eludía el debate de fondo, el relativo a que es precisamente la normativa vigente en Nafarroa la que está en el origen de la conculcación de los derechos.

El Gobierno navarro también ha decidido que en la «zona mixta» pueda haber rotulación bilingüe, algo que rechazó categóricamente al inaugurar la autovía Iruñea-Logroño.

Sin embargo, que la rotulación sea bilingüe o no queda a criterio del Gobierno. Así, pese a que los vecinos de Barañain ­y el propio Ayuntamiento­ reclamaron que la señalización del nuevo centro de salud estuviera también en euskara, el Departamento de Salud que dirige María Kutz se negó en redondo. En cambio, sí rotuló en euskara y en castellano el centro de salud del Segundo Ensanche de Iruñea.

El marco vigente también supone un freno para la normalización del euskara en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. El director de la Oficina Pública del Euskara, Max Brisson (UMP), lo dejó bien claro el pasado mes de octubre. Estaba a favor de financiar iniciativas concretas a favor del euskara, pero, a renglón seguido, dejaba claro que «el Plan de Política Lingüística deberá desarrollarse dentro del marco legal existente».

Es decir, que el euskara seguirá sin tener el reconocimiento legal y el francés seguirá siendo la única lengua oficial de la República.

De este modo, la labor de la Oficina Pública del Euskara se limita a financiar algunas actividades para fomentar esta lengua ­con un presupuesto que en 2006 fue el mismo que el del año anterior, 1.733.000 euros­, pero sin que estosfondos respondan a una política lingüística integral.

EHE alerta sobre el peligro de que este reparto de fondos pueda ahogar el trabajo que durante años han llevado a cabo en solitario los colectivos euskaltzales. «Quieren silenciar las reivindicaciones con unas migajas», señala. -