D esde el año 2002 Nafarroa cuenta con la ley foral 16/2002, «una de las normativas europeas más favorables al ingreso de personas con minusvalías en su función pública», según el propio Gobierno de Nafarroa. Esta ley reserva un 5% de la oferta pública de empleo a personas con minusvalías. La medida se empezó a aplicar en 2003, pero lo cierto es que «en estos momentos, vemos cada año que el 5% de los funcionarios navarros no son discapacitados», afirma la Asociación Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra. Por este motivo, para que realmente este porcentaje de las ofertas públicas de empleo se destinen exclusivamente a personas con discapacidades, el pasado día 13 de diciembre fue constituida la Comisión Mixta, órgano colegiado de carácter asesor adscrito a la dirección general de Función Pública.
Según el Ejecutivo, la comisión «persigue lograr la efectiva cobertura del mayor número de vacantes posibles de entre las reservadas a personas con discapacidad».
La Comisión Mixta la integran representantes de la dirección general de Función Pública, de los departamentos de Bienestar Social y de Educación, del Servicio Navarro de Salud, personas propuestas por las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas y de diferentes entidades representativas de personas con discapacidad.
Una de ellas es el CORMIN, Comité de Entidades Representantes de Minusválidos de Navarra, para cuyo presidente, José María Casado, la constitución de la Comisión era «importante y necesaria. Nos da esperanza e ilusión, pero hay que seguir avanzando». «Este sólo es el primer paso, ahora hay que seguir trabajando, para que no pase lo que hasta ahora, que la normativa vigente no se cumplía», explica Casado.
Los pasos concretos los darán a partir de enero: «diseñaremos los puestos, los lugares en los que trabajarán las personas con discapacidad, y cómo se van a hacer las pruebas de acceso, también trataremos el tema de la contratación temporal, la habilitación de cursos de formaciónŠ», señala.
El principal problema al que se tienen que enfrentar las
personas con alguna minusvalía radica en que las pruebas de acceso a las ofertas
públicas de empleo son «las mismas que para cualquier otra persona», explican
desde la Asociación Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra. «Se les
exige los mismo a todos, y en el caso, por ejemplo, de disminuidos intelectuales
es imposible que logren el mismo resultado que el resto», apunta Casado.
Adaptar las pruebas
Desde la Asociación Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra también éste es el punto más conflictivo: «Hay que adaptar estas pruebas a las características de estas personas. Este tipo de actuaciones son necesarias en el ámbito público para que también lo hagan en el privado, ya que aunque en las empresas privadas con más de 50 trabajadores deberían reservarse el 2% de los puestos a discapacitados, no se cumple». Según datos facilitados por el Gobierno navarro, desde 1990 un total de 55 personas discapacitadas han ingresado como empleados públicos. En las dos últimas ofertas públicas de empleo, las de 2003 y 2005, dotadas con 968 y 1.149 plazas respectivamente, se reservaron 48 y 62 plazas para el turno de personas con discapacidad.
En este momento están en proceso o pendientes de convocatoria las plazas contenidas en la OPE de 2005, en las que de las 62 plazas de reserva para aspirantes con minusvalías, 46 en el ámbito de Administración Núcleo y 16 en Osasunbidea, se ofertarán 15 plazas de reserva más en Administración Núcleo correspondiente a la OPE de 2003 y que no fueron ofertadas en su día por razones de «falta de oportunidad». En los próximos meses, por tanto, se ofrecerán 87 plazas de funcionario a personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. -
