SAN SALVADOR
El ministro de Defensa salvadoreño, el general Otto Romero, declaró ayer que la muerte de seis jesuitas por militares en 1989 fue un «error político y estratégico» que afectó al Ejército al negociar el final del conflicto armado. Añadió que y «le marcó cómo iba a terminar la guerra». Añadió que «seguramente si eso no hubiera ocurrido las cosas hubieran sido totalmente distintas de como son en este país». El 16 de noviembre de 1989 mataron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el vasco Ignacio Ellacuría, y a los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, y Joaquín López y López, además de a la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Por esa matanza fueron condenados a 30 años de prisión en 1990 el coronel Guillermo Benavides, que era director de la Escuela Militar, y otros dos oficiales. Los condenados quedaron en libertad en 1993 tras la aprobación de una ley de amnistía en el Parlamento.
El múltiple crimen coincidió con una ofensiva lanzada por la guerrilla del FMLN en San Salvador y alrededores, y el Ejército responsabilizó a ésta en un primer momento. La magnitud de la ofensiva rebelde y la muerte de los jesuitas llevaron a la ONU a ofrecerse para mediar entre el Gobierno y el FMLN y lograr una solución negociada a la guerra, que llegó el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz.
Los Acuerdos de Paz limitaron constitucionalmente el papel del Ejército a la defensa de la soberanía nacional
Romero manifestó que en la negociación de la paz la Fuerza Armada «pagó un precio muy alto» y agregó que «esperamos que no se vuelvan a cometer, no el hecho concreto de la muerte de los jesuitas, sino más bien el hecho de tener una guerra entre hermanos».