BILBO
El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de CCOO contra el Real Decreto de acceso a la red postal pública por parte de los operadores privados. El sindicato solicitó el 8 de enero la suspensión cautelar del decreto por considerar que no se garantizará el servicio público universal y se perderán unos 20.000 empleos, algo más de mil en la CAV.
El secretario general del sector postal de CCOO, Regino Martín, calificó la medida como «decretazo» porque, según dijo, «no lleva ningún tipo de consenso sindical ni social». A su entender, se trata de un decreto que «sólo» cuenta con el apoyo de los operadores privados, y que se enmarca en la III Directiva postal de la comisión Europea, «que pretende abrir el mercado completamente en 2009».
Lamentó que el Gobierno español se haya posicionado a favor de la «plena liberalización en Europa», mientras que «todo el movimiento sindical europeo» se ha posicionado «radicalmente en contra» de la citada directiva y liberalización del sector postal. «Entendemos que la directiva europea no garantiza el servicio universal postal en el conjunto de la Unión, no garantiza los dos millones de empleos que existen en toda Europa», manifestó.
Martín anunció que las movilizaciones iniciadas el 11 de diciembre en toda Europa se mantendrán a lo largo de 2007 para pedir que se garantice el servicio público y universal y el empleo, y que se retrase la fecha de 2009. Acusó al Gobierno de aprobar el citado decreto «sin saber qué va a pasar con la directiva europea» y acusó al Ministerio de Fomento de mantener una postura "mucho más liberalizadora que otros gobiernos».
Además, censuró que haya actuado «a hurtadillas», ya que no ha contado con el consenso sindical ni de los usuarios.
