GASTEIZ
El desacuerdo de la Diputación alavesa con el reparto del dinero público había hecho que tanto el PNVcomo el PSE de Araba solicitaran la prórroga de la actual Ley y que se retrasase su renovación hasta después de las próximas elecciones locales. La misma petición había realizado el diputado general alavés, Ramón Rabanera, pero el Ejecutivo de Lakua y las otras dos diputaciones forzaron la renovación de la ley, aunque no consiguieron que la Diputación alavesa votara a su favor.
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, explicó las novedades de este proyecto, entre las que destacó la reducción del coeficiente vertical, es decir, de la parte que recibe el Gobierno de Lakua de la recaudación.
Este coeficiente bajará del 70,44 al 70,04%. La reducción no fue suficiente para la Diputación alavesa, que reclama más recursos para las administraciones forales. Según Zenarruzabeitia este cambio aumentará la participación de las entidades locales de los recursos de las diputaciones de un 53% al 54,70%.
Por otro lado, se ajustará la recaudación por el IVA. Hasta ahora la concentración de depósitos de hidrocarburos en Bizkaia había desequilibrado el reparto en favor de este territorio. El CVF decidió ayer que la recaudación se repartirá según los coeficientes horizontales de cada diputación. 50,44% para Bizkaia, 32,83% para Gipuzkoa y 16,73% para Araba. Este cambio venció las reticencias de la Diputación alavesa, que afirmó que, sin él, se habrían recortado 20 millones de euros en sus cuentas.
Una tercera novedad será el cambio en el denominado Fondo de Solidaridad, mecanismo que compensa posibles desviaciones de recaudación. Pasará a denominarse Fondo General de Ajuste, y su importe ascenderá del 0,75% al 1% de los recursos a distribuir entre las instituciones, lo que supondrá un total de 662 millones, 165 más que con la actual Ley.
Por otro lado, el Consejo decidió crear tres fondos interinstitucionales. El primero consistirá en la renovación del plan de apoyo a la inversión, que financiará proyectos de infraestructuras de carretera, ferrocarril, tranvía y obra hidráulica. Su dotación será de 700 millones de euros. El segundo será un fondo para desarrollar infraestructuras sanitarias y de servicios sociales, con un importe global de 400 millones. En tercer lugar, se creará un fondo para desarrollar actividades de innovación, con una cantidad total de 200 millones.
Zenarruzabeitia realizó una valoración muy positiva del acuerdo a pesar de la abstención de Araba. Subrayó «la solidaridad interterritorial» y afirmó que aumenta la financiación municipal. Sin embargo, lo que ganarán los ayuntamientos cubrirá la compensación que recibían por dejar de cobrar el Impuesto de Actividades Económicas, que desaparecerá con la nueva normativa.
